De "el PP siempre colabora con la justicia" para luego criticar las decisiones judiciales que les afectan directamente, al intento de limitar y frenar al Parlamento a la hora de investigar su supuesta financiación ilegal. Esta es la actitud del Partido Popular, su forma de hacer.
Y es que, parece que los populares se han propuesto conseguir que el Congreso de los Diputados no pueda investigar en comisión su supuesta Caja B o, al menos, limitarlo, poner barreras para que sólo puedan rebuscar en las parcelas que a ellos les interesa.
Por ello, el viernes, a última hora, el PP registró un escrito de "pronunciamiento previo" para que en la comisión sólo se pueda investigar la financiación del PP de esta última legislatura. En otras palabras, evitar que se pueda bucear en años anteriores donde supuestamente se produjeron los actos de financiación irregular.
"El ámbito temporal debe quedar fijado en el ámbito de la presente legislatura pues al ser la comisión un instrumento de control parlamentario no procede el ejercicio de investigación y control por el actual parlamento de legislaturas pasadas …". Si se acepta esta exigencia, sólo se podría estudiar la financiación desde mediados de julio de 2016, cuando empezó la legislatura actual. Alegan que el Parlamento no tiene competencias para investigar lo que pudo ocurrir en otras legislaturas.
Así consta en el escrito firmado por el portavoz del PP, Rafael Hernando, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Piden a los abogados del Congreso que hagan un informe en el que se hable de la temporalidad, el objeto y los ámbitos sobre los que puede investigar la comisión y cuáles no.
También pretenden que no se pueda llamar a comparecer a nadie que no ocupe en estos momentos un cargo político, orgánico o institucional. Así eludirían que se sienten en esta comisión figuras tan destacadas como la de José María Aznar, teniendo en cuenta que varios grupos parlamentarios han propuesto que comparezca el expresidente del Gobierno. Sin olvidar que se ha llamado a los ex secretarios generales del partido y, sobre todo, a los ex tesoreros Rosendo Naseiro, Ángel Sanchis Perales y Luis Bárcenas.
El portavoz del grupo socialista en la comisión, Artemi Rallo, lo tiene claro: “El PSOE no tiene ninguna duda y no vamos a permitirle ni acompañar al PP en este intento de boicoteo evidente del arranque de esta comisión de investigación”, ha dicho en declaraciones a ELPLURAL.COM.
Es más, ha sugerido al Partido Popular que “busquen mejores abogados que los que les han redactado el escrito presentado”. “Es un documento que evidencia una incoherencia jurídica escandalosa que va en contra de todos los antecedentes parlamentarios de las anteriores comisiones”.
En su opinión, “pretender que se restrinja la investigación a la legislatura actual argumentando que no se puede pedir responsabilidad política a las personas que ya no ostentan cargos es desconocer cada una de las comisiones de investigación que se han llevado a cabo en el Parlamento”. De ser así, no se podrían haber creado las del 11-M, del caso Roldán, Filesa, Naseiro…
El PP estudia acudir a los tribunales
Tras presentar este escrito el viernes, este lunes Rajoy ha presidido el Comité de Dirección de Partido. Aunque alegaba que no tenía tiempo para acudir de forma presencial al juzgado para declarar como testigo en el macrojuicio de la trama Gürtel.
Al terminar, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha ido un paso más allá para asegurar que están estudiando todas las opciones, incluso acudir a los tribunales si es necesario. Todo para que la comisión en el Congreso sobre su presunta financiación ilegal no se convierta en una "causa general" contra el PP. Acudir a la Justicia es "una posibilidad que está ahí" porque no están dispuestos a que se produzcan "comisiones inquisitoriales".
Según ha explicado, antes del año 2015 la financiación ilegal de un partido no aparecía tipificada en el Código Penal y, por ello, sólo se puede investigar la del PP a partir de este año.
Además, advierten que si finalmente no se aprueba el plan de trabajo y el objetivo concreto de la comisión antes del miércoles, esta puede declararse nula. Un tribunal de lo contencioso administrativo suspendió la abierta en el Ayuntamiento de Madrid sobre las políticas del PP por la ausencia de concreción.
Y ya de paso, como la oposición llama a declarar en la comisión a Rajoy, Maillo ha adelantado que estudian citar a declarar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por el caso de los ERE, o a representantes de Podemos por su supuesta financiación que llegaría desde Venezuela e Irán.
Para el socialista Rallo, “desde el primer día el PP ha intentado dinamitar el arranque y la existencia de la comisión”. “Si pretende recurrirla tendrá que justificar ante el Tribunal Constitucional qué derecho fundamental se ha violado de sus diputados que, además, votaron a favor de la creación de la comisión”.
