Invertir en la universidad pública no es un gasto. Es una inversión en el futuro. Es apostar por el talento, por la innovación y por la cohesión social. Es garantizar que el hijo de una familia trabajadora tenga las mismas oportunidades que el de una familia acomodada. Por eso, el debate sobre la financiación universitaria no es técnico, es político. Y eso es precisamente lo que está en juego hoy en Madrid bajo el Gobierno de Ayuso: un modelo que impulsa las universidades privadas mientras mantiene infrafinanciadas a las públicas.
En realidad, buena parte de los 14.800 millones anunciados por Ayuso para la universidad pública madrileña hasta 2031 no son financiación nueva. Se trata, en gran medida, de la suma acumulada de transferencias ya previstas para pagar nóminas y gastos corrientes. El anuncio del Gobierno de Ayuso presenta estas cifras como un gran refuerzo, pero la financiación nominativa pasará de 1.166 millones a 1.646 millones en 2031, con un incremento progresivo que solo alcanza su máximo en el último año del plan. No es un refuerzo inmediato ni un rescate. Es, en la práctica, un parche.
Por eso, lo que Ayuso ha presentado como un “acuerdo histórico” no resuelve el problema estructural de financiación. Lo envuelve en cifras llamativas, lo maquilla políticamente y lo aplaza en el tiempo. La estrategia del Ejecutivo regional encaja con un modelo en el que la universidad pública se mantiene en contención mientras las universidades privadas ganan peso.
En porcentaje del PIB, Madrid seguirá moviéndose en torno al 0,45%-0,5%, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como objetivo para 2030 y por debajo de la media nacional, situada alrededor del 0,7%. Pese a la capacidad económica de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso sitúa a la región entre las que menos porcentaje de su riqueza destinan a la universidad pública.
Es decir, no es que no haya recursos. Es que la universidad pública no es una prioridad para Ayuso. Para alcanzar el 1% del PIB en 2030 harían falta en torno a 2.700 millones adicionales respecto al presupuesto actual. Lo que plantea el Gobierno regional del PP es solo una fracción de esa cifra, muy lejos de lo necesario para revertir una década de deterioro. Mientras tanto, el crecimiento de las universidades privadas continúa.
Mientras tanto, estudiar en una universidad privada en Madrid puede costar entre 8.000 y 20.000 euros al año, dependiendo del grado. En titulaciones como Medicina, el precio puede superar con facilidad los 20.000 euros anuales, sin contar alojamiento, transporte o materiales. ¿Cuántas familias pueden asumir ese coste? Muy pocas.
Si se asfixia la universidad pública, si se limitan plazas y se deteriora la calidad por falta de inversión, la alternativa real para miles de jóvenes no será la privada. Será abandonar los estudios, renunciar a una carrera universitaria porque su familia no puede pagarla. Ese riesgo es consecuencia directa del modelo impulsado por el Ejecutivo regional.
Ese es el corazón del problema. La universidad pública es el gran ascensor social. Si se debilita, la igualdad de oportunidades se rompe. Y cuando se rompe, el acceso a los estudios superiores deja de depender del esfuerzo y el mérito y pasa a depender del dinero.
Además, estudiar en la universidad pública madrileña tampoco es barato. Las tasas universitarias en Madrid se sitúan entre las más altas del sistema público español. El precio medio de un crédito en primera matrícula ronda los 20-23 euros, lo que sitúa el coste de un curso completo cerca de los 1.200-1.400 euros. Un escenario que el Gobierno de Ayuso no ha corregido con una política de financiación suficiente.
A esto se suman segundas y terceras matrículas mucho más caras, además de gastos de transporte, materiales o vivienda. Para muchas familias trabajadoras, especialmente aquellas con varios hijos estudiando, estas cifras suponen una carga considerable. Cuando la financiación pública es insuficiente y las tasas se mantienen en niveles elevados, el acceso a la universidad pública deja de ser plenamente igualitario.
Es decir, mientras la Comunidad de Madrid reduce su esfuerzo en proporción al PIB, las familias han tenido que asumir un mayor peso del sistema. La universidad pública se sostiene cada vez más sobre el esfuerzo de las familias y cada vez menos sobre la inversión pública.
La precariedad del personal docente e investigador sigue intacta. Miles de profesores asociados y ayudantes doctores encadenan contratos temporales y salarios bajos. Sin un incremento sustancial de la financiación estructural, la estabilización será limitada. No se puede pedir excelencia académica con plantillas al límite, una situación que persiste bajo la gestión del Gobierno de Ayuso.
Las infraestructuras tampoco se recuperan con anuncios. En la Universidad Complutense de Madrid se acumulan denuncias por el deterioro de edificios y falta de mantenimiento. En la Universidad Politécnica de Madrid hay laboratorios que necesitan inversiones profundas para competir en investigación. El nuevo plan prioriza el funcionamiento básico, no la transformación. Es decir, el plan impulsado por Ayuso no aborda los déficits estructurales del sistema universitario público.
A esta falta de ambición se suma el retroceso en la política científica. El nuevo Plan Regional de Investigación, Innovación y Tecnología (PRICIT) 2026-2029 contará con 752 millones de euros, 246 millones menos de lo previsto inicialmente. Un recorte que afecta a programas clave de captación de talento, infraestructuras científicas o transferencia de conocimiento.
El malestar en la comunidad universitaria es evidente. Rectores, profesores y estudiantes han denunciado que el plan del Gobierno regional no resuelve la infrafinanciación estructural y que los anuncios combinan propaganda con un refuerzo real muy limitado. Las críticas también han señalado el tono del Ejecutivo madrileño, que llegó a ironizar sobre las protestas universitarias, un gesto de desprecio hacia quienes sostienen el sistema público.
Para muchos docentes e investigadores, el problema no es solo presupuestario, sino de modelo. Denuncian que la política universitaria de Ayuso consolida un sistema en el que la universidad pública se mantiene en contención mientras el sector privado continúa expandiéndose con rapidez.
Madrid es ya la comunidad donde más ha crecido el peso de la universidad privada. Cerca de uno de cada tres estudiantes presenciales está matriculado en centros privados. En los últimos años, la oferta de plazas en la pública ha disminuido alrededor de un 8%. El trasvase es evidente. Y se produce bajo las políticas educativas de Ayuso.
Estamos ante una clara estrategia política. Se limita el crecimiento de la pública, se mantiene en niveles de contención presupuestaria y se facilita la expansión privada. Una estrategia que define la política universitaria del Gobierno de Ayuso.
