Pedro Sánchez no ha ocultado nunca su predilección por la suspensión de la autonomía como antídoto a la tentación del independentismo catalán de repetir la jugada de 2017. Estos días, ante las demostraciones de horror del PP, Vox y Ciudadanos por la supuesta indefensión en la que quedaría el Estado por la derogación del delito de sedición y la más que probable reforma del de malversación, el presidente del gobierno ha insistido en presentar este artículo como la kriptonita constitucional suficiente, insistiendo que no dudaría en aplicarlo. Asombrosamente, ERC si quiera ha pestañeado ante esta amenaza.

El PSOE apoyó al PP cuando Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución el mismo día 27 de octubre en el que el Parlament se hacía un lio con la declaración unilateral de independencia. El gobierno popular aplicó el 155 tarde, regalándole a los socialistas un argumento que vienen utilizando habitualmente: con ustedes, señores del PP, los independentistas proclamaron la independencia, cosa que no ha sucedido con el actual gobierno. Casi nadie duda a estas alturas, que la suspensión de la autonomía por parte del Senado debió aprobarse en septiembre, en cuanto la cámara catalana aprobó la ley del referéndum y la de la desconexión con España. De haber sucedido así, todo lo que vino después (juicios, cárcel) podría haberse evitado, o al menos suavizado.

La judicialización incrementó el crédito político del independentismo, mientras que la suspensión de la autonomía dejó de manifiesto la incapacidad del soberanismo para oponerse a la intervención de la Generalitat por parte del gobierno central. El cese del gobierno de Carles Puigdemont no convirtió a la administración autonómica en un Vietnam, como podía imaginarse de la audacia verbal, simplemente la puso a funcionar al ralentí, sin más oposición por parte de los dirigentes independentistas y los activistas que siguieron en sus cargos que alguna cacerolada para salir en TV3.

La suspensión de la autonomía, además de frenar en seco cualquier elucubración sobre la vigencia de lo votado por el Parlament, supuso un duro revés emocional para Cataluña. Durante décadas, las fuerzas políticas y sociales habían reclamado casi de forma unitaria el retorno de las instituciones históricas y, de repente, éstas fueron intervenidas sin mayor oposición, ni tan solo por parte de quienes pretendieron proclamar un estado propio unas horas antes. Ciertamente, el 155 propició la reedición de la victoria electoral del conjunto del independentismo a pesar del éxito de Ciudadanos, pero para el Estado la cuestión no es quién gobierna democráticamente la Generalitat, sino su utilización como ariete para la sedición o su participación más o menos leal en la política institucional. Y ahí estamos, en el segundo escenario.

PP y PSOE no han ocultado su comodidad en recibir el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas y independentistas que han gobernado la Generalitat. Podría ser pues, que la estrategia del presidente Sánchez sea la correcta; una vez identificado el antídoto constitucional eficaz para que la unidad de España quede salvaguardada, proceder a la desinflamación de las consecuencias penales y económicas de la intentona soberanista para recuperar la normalidad. De ser esto cierto, ¿por qué ERC no se concentran en derogar el artículo 155?

En primer se lugar, se entiende que será por la extrema dificultad parlamentaria de esta maniobra y por las incógnitas de abrir una reforma constitucional con las mayorías cualificadas requeridas. Pero, en segundo lugar, se abre paso una interpretación de los auténticos intereses prioritarios de ERC, que Junts suele denunciar frecuentemente y que Pedro Sánchez habría captado con precisión casi desde el primer minuto. Los republicanos estarían ahora mismo concentrados en paliar los graves efectos causados por la judicialización en los patrimonios y en las carreras políticas de sus dirigentes. De ahí su interés en derogar la sedición y retocar la malversación. La eventual suspensión de la autonomía les hace ganar elecciones, aunque frene en seco cualquier aventura soberanista. Será que en la agenda de ERC no figura ninguna reedición del desastre de octubre de 2017 para los próximos quinquenios.