Sánchez hace frente al retroceso que PP y Vox quieren a costa del derecho a abortar de las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso clave en la defensa de los derechos de las mujeres al proponer que el aborto quede blindado en la Constitución. Su mensaje ha sido claro: “Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás”. Frente a esta iniciativa, el Partido Popular se ha enredado en una peligrosa ambigüedad, votando junto a Vox mociones basadas en desinformación y teorías pseudocientíficas, como la del supuesto “síndrome postaborto”.

La propuesta de Sánchez representa un compromiso real con la autonomía de las mujeres. Quiere impedir que, como ocurrió en Estados Unidos con la derogación de Roe vs. Wade, los derechos conquistados puedan revertirse por cambios de mayoría parlamentaria. Lo que hoy garantiza una ley, mañana puede eliminarlo un gobierno diferente. Blindar el aborto en la Constitución es garantizar que el derecho a decidir no quede en manos del vaivén político.

España se uniría así a Francia, que en 2024 fue pionera en constitucionalizar este derecho tras ver cómo la ultraderecha internacional avanzaba en su cruzada contra los derechos sexuales y reproductivos. Es una medida que responde al contexto global, pero también a la situación política nacional: el ascenso de Vox y su influencia sobre el PP.

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado con mayoría absoluta por el PP, aprobó esta semana una moción de Vox que obliga a ofrecer a las mujeres información sobre un supuesto “síndrome postaborto”. La propuesta no se basa en evidencia científica y ha sido rechazada por organismos internacionales como la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría. Es una estrategia ideológica cuyo único objetivo es culpabilizar a las mujeres y sembrar dudas.

El PP primero votó a favor. Luego intentó matizar. Almeida declaró que la información no sería obligatoria y que el contenido dependería de los técnicos. Pero el texto aprobado decía lo contrario: que se informará de manera “verbal y escrita” sobre esas consecuencias, incluyendo patologías que no están reconocidas por la comunidad médica.

Este vaivén deja clara la debilidad del PP: intenta no enfrentarse a Vox, pero tampoco quiere quedar como un partido abiertamente reaccionario ante la mayoría social. El resultado es un partido que, como ha señalado Diana Morant, “cada vez se parece más a la ultraderecha” y corre el riesgo de sufrir el “sorpasso”, porque “la gente siempre se queda con el original”.

La propuesta del Gobierno tiene dos grandes objetivos: por un lado, elevar el derecho al aborto al nivel constitucional, como parte del núcleo de derechos fundamentales, en consonancia con la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional. Por otro, reformar el Real Decreto 825/2010 para impedir que en los centros públicos se proporcione “información engañosa o contraria a la ciencia”.

Es una doble línea de protección: jurídica y sanitaria. Porque si algo ha demostrado la ofensiva del PP y Vox es que no les importa desinformar con tal de erosionar derechos. Como ha dicho la ministra Morant, no se va a permitir la “coacción” ni la “amenaza” a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Esta es una decisión personal, libre y protegida por ley.

Mientras el Gobierno lanza una propuesta clara y valiente, el PP intenta jugar a la indefinición. Juan Bravo ha acusado a Sánchez de usar el aborto como “cortina de humo”, sin entrar al fondo del debate. Es la misma estrategia de siempre: convertir un asunto de derechos humanos en una cuestión partidista para no mojarse.

El PP afirma que el aborto ya está regulado por ley, pero rechaza blindarlo en la Constitución. ¿Por qué? Porque necesita mantener abiertas todas las puertas. Porque si gobierna con Vox, debe estar dispuesto a retroceder. Y porque sigue viendo los derechos sociales como un terreno que puede negociar, no como conquistas irrenunciables.

Esa ambigüedad se vio con claridad en el episodio de Madrid. Primero aprueban la moción de Vox. Luego intentan desmarcarse. Después respaldan la medida a nivel nacional con el argumento de que “la información nunca es un problema”. Pero esa no es información: es desinformación. Y cuando se trata de salud pública y derechos fundamentales, los matices importan.

El llamado “síndrome postaborto” no figura en ningún manual clínico relevante: ni en el DSM-5 ni en la CIE-11. Las principales asociaciones profesionales coinciden: no existe evidencia sólida de que el aborto cause más problemas psicológicos que un embarazo no deseado. Los verdaderos riesgos para la salud mental aparecen cuando se niega el derecho a decidir.

Por eso el Gobierno quiere reformar el decreto que regula la información previa a la interrupción del embarazo. Las mujeres tienen derecho a una atención basada en la ciencia, no en la ideología. Y también tienen derecho a no ser juzgadas, presionadas ni manipuladas cuando toman una decisión difícil y personal.

La mayoría de la sociedad española respalda el aborto legal y seguro. Incluso entre votantes del PP hay consenso en que este derecho debe garantizarse. La política debe estar a la altura. Y el blindaje constitucional es la mejor herramienta para consolidar un derecho que sigue siendo frágil frente a los vaivenes del poder.

El Congreso será el escenario de esta batalla. Hará falta una mayoría cualificada para aprobar la reforma. Y allí se verá claramente si el Partido Popular está del lado de las mujeres… o al lado de Vox.

Pedro Sánchez lo ha dicho sin rodeos: “El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres”. Es una frase que encierra toda la tensión del momento político. El Gobierno está dispuesto a liderar este cambio. El PP debe decidir si quiere ser un partido de Estado o seguir atrapado en su dependencia de Vox.

El blindaje del aborto en la Constitución es más que una reforma jurídica. Es una declaración de principios. Es la forma en que un país dice: los derechos de las mujeres no se tocan. No se negocian. No se supeditan a alianzas ni a encuestas. Se protegen. Se garantizan. Y se consolidan para siempre. Porque los derechos sociales no son privilegios. Son cimientos de una democracia justa. Y como ha dicho Sánchez, con este Gobierno, “ni un paso atrás”.