El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado esta semana un paso decisivo para dignificar a quienes sostienen los servicios públicos de este país. El Consejo de Ministros ha aprobado una subida salarial del 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028, un acuerdo firmado con UGT y CSIF y pendiente solo de la incorporación de CCOO. Y no, no es un gesto simbólico ni una foto más: es una apuesta estratégica por reforzar lo público en un momento en el que otros vuelven a hablar de recortes, tijeras y austeridad.
La subida está diseñada para que los empleados públicos recuperen poder adquisitivo y no vuelvan a perderlo como ocurrió durante los años del Partido Popular. El plan arranca con un aumento retroactivo del 2,5% correspondiente a 2025, que se cobrará este mismo mes de golpe, con efecto desde el 1 de enero. A partir de ahí, el calendario es simple: en 2026 habrá un aumento fijo del 1,5%, con la posibilidad de sumar un 0,5% más si la inflación supera esa cifra. En 2027 el incremento será del 4,5%, y en 2028 del 2%. Si finalmente se activa ese 0,5% adicional por el IPC, se pagará en el primer trimestre de 2027 también con carácter retroactivo. El objetivo es claro y fácil de entender: blindar el bolsillo de los empleados públicos frente a la subida de precios y evitar que vuelvan a ser quienes paguen las crisis, como ya pasó con el PP.
Este acuerdo no es simplemente una actualización salarial. Es una declaración de principios. Pedro Sánchez está diciendo algo muy claro: España funciona gracias a sus empleados públicos, y el Estado tiene la obligación de protegerlos, formarlos y reconocer su trabajo. Eso es construir país, no recortar servicios ni debilitar lo que nos permite vivir en un país con derechos.
Más de 3,5 millones de personas se beneficiarán de esta medida. Sanitarios, profesores, administrativos, policías, bomberos, jueces, personal de servicios sociales… Todos ellos forman la estructura invisible que hace posible que las cosas funcionen. Y por primera vez en mucho tiempo, un Gobierno les devuelve algo que habían perdido: respeto traducido en hechos.
Sánchez lo resumió en una frase: “Ganan los trabajadores, ganan los servidores públicos y gana la ciudadanía”. Y tenía razón. Cuando una enfermera, un profesor o un funcionario trabaja con estabilidad y buenas condiciones, el servicio mejora automáticamente. De su trabajo depende la calidad del Estado del bienestar que usamos cada día.
Y aquí la comparación con el Partido Popular es inevitable. Entre 2012 y 2014, el PP congeló los salarios de los empleados públicos durante tres años. Es decir, los condenó a perder poder adquisitivo mientras se disparaba la inflación. No habló con los sindicatos, no negoció, no ofreció alternativas. Simplemente aplicó la tijera. Y esa tijera dejó heridas profundas. A ello se sumó la famosa tasa de reposición cero, que impidió contratar nuevos profesionales. Las plantillas envejecieron, miles de vacantes quedaron sin cubrir y los servicios esenciales comenzaron a saturarse. La sanidad perdió personal, la educación quedó precarizada, la justicia se atascó y la atención a la dependencia retrocedió. Ese fue el modelo del PP: recortar primero, justificar después y que paguen siempre los mismos.
El Gobierno de Sánchez ha seguido el camino opuesto. Ha impulsado las mayores ofertas públicas de empleo de la última década, ha estabilizado a cientos de miles de interinos, ha recuperado derechos laborales que el PP eliminó y ha reactivado la promoción interna. Con este acuerdo salarial, ese giro queda consolidado: España deja atrás el modelo de austeridad que debilitó lo público y avanza hacia un Estado más moderno y más fuerte.
Además, esta subida no llega sola. Va acompañada de un plan para modernizar de verdad la administración: digitalización, nuevas tecnologías, automatización de procesos, y más agilidad en los trámites. Esto se traduce en algo muy concreto para los ciudadanos: trámites más rápidos, menos colas, menos papeles absurdos, menos esperas eternas y servicios más accesibles. Es decir, mejoras visibles y cotidianas.
Todo esto tiene una lectura política evidente. Modernizar lo público no es desmontarlo, como suele plantear la derecha cuando habla de “ajustes” o “contención”. Modernizar es invertir, planificar y reforzar. Es entender que los profesionales de lo público son el activo más importante del país, no un gasto que recortar. Ese es el mensaje que lanza este acuerdo.
Feijóo, en cambio, mantiene el discurso ambiguo de siempre. Habla de “responsabilidad fiscal”, pero nunca explica de dónde recortaría. Y no hace falta mucha imaginación: el PP solo conoce un camino cuando gobierna. Ya lo aplicó una vez y no han mostrado intención alguna de hacer algo distinto: recortar salarios, reducir servicios públicos, congelar plantillas y debilitar lo que sostiene a la mayoría social. Es un guion que siempre se repite.
Los datos confirman esta diferencia de modelo. Con el PP, el empleo público apenas creció un 0,8% entre 2011 y 2018. Con Sánchez, ha crecido más del 8% y se han estabilizado más de 300.000 plazas temporales. Esa es la diferencia entre creer en lo público o simplemente tolerarlo mientras se erosiona.
Porque hablar de empleados públicos no es hablar de “burócratas”. Es hablar de profesores, médicos, jueces, policías, personal de dependencia, servicios sociales, administración local. Es hablar de derechos reales, del día a día de millones de personas. Es hablar de un país que funciona o un país que se degrada. Y es ahí donde se ve con claridad qué proyecto político piensa en la ciudadanía y cuál se limita a repetir consignas vacías.
Este acuerdo marca una diferencia profunda. Dice que España quiere un Estado fuerte, moderno y eficaz. Un Estado que no abandona a sus profesionales, que planifica, que invierte y que construye. Un Estado que entiende que los derechos no se garantizan solos: se garantizan con servicios públicos sólidos y trabajadores bien tratados.
Mientras el PP sigue sin modelo, sin propuesta y sin más mensaje que “echar a Sánchez”, el Gobierno continúa aprobando medidas que mejoran la vida real de la gente. La obsesión no construye nada; la política que planifica y dialoga, sí.
En un mundo lleno de incertidumbre, este acuerdo ofrece lo que más falta hace: estabilidad, cohesión y futuro. Dignifica el empleo público, fortalece el Estado del bienestar y demuestra algo fundamental: los recortes nunca fueron inevitables. Fueron una elección. La elección del PP.
Hoy el país elige lo contrario. Elige reforzar lo público, reconocer a quienes lo sostienen y modernizar el Estado para que funcione mejor para todos. Ese es el verdadero proyecto de país. Y hoy, con este acuerdo, queda más claro que nunca.
