Te suben el alquiler porque pueden. Y pueden porque quienes gobiernan han decidido no impedirlo. No es una fatalidad, no es una ley natural del mercado ni una desgracia inevitable. Es una decisión política consciente tomada por los gobiernos del Partido Popular con nombres y apellidos. Los ejemplos más claros son el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y el de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.
Ambos tienen las competencias en vivienda, ambos disponen de herramientas legales para actuar y ambos han decidido no usarlas. Mientras tú no llegas a fin de mes, ajustas el presupuesto, renuncias a ahorrar o retrasas decisiones vitales, el PP protege a los grandes propietarios, a los fondos de inversión y a quienes hacen negocio con una necesidad básica: tu casa.
En 2023 se aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia española. Por primera vez, el Estado dotó a las comunidades autónomas de mecanismos reales para actuar allí donde el alquiler se había vuelto insoportable: limitar subidas abusivas, declarar zonas tensionadas, controlar a los grandes tenedores y dar estabilidad a los contratos. La ley existe, está en vigor y funciona donde se aplica. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido boicotearla en todos los territorios donde gobierna.
Si vives en Cataluña, Euskadi, Navarra o A Coruña tienes que saber que esa ley se está aplicando y que se está congelando el precio del alquiler. Aquí existen unos gobernantes responsables y valientes que han decidido usar todas las herramientas a su alcance para solucionar este problema que es uno de los que seguramente más te preocupa.
La aplicación de límites a las subidas, junto con una mayor seguridad jurídica para los inquilinos, ha permitido frenar incrementos descontrolados y ofrecer más estabilidad a quienes viven de alquiler. Queda claro que regular no hunde el mercado, como argumenta la derecha, sino que reduce la incertidumbre y evita abusos. La conclusión es sencilla: cuando los gobiernos actúan, el problema se contiene; cuando no lo hacen, los precios se disparan.
Sin embargo, ni en Madrid ni Andalucía ni en ninguna otra comunidad gobernada por el PP han querido aplicar los topes al alquiler. No porque no puedan, sino porque no quieren. Prefieren un modelo donde el propietario impone y el inquilino se adapta, donde si no puedes pagar te marchas y si te marchas otro pagará más. Cada subida que aparece en tu contrato no es una casualidad: es la consecuencia directa de gobiernos del PP que renuncian a protegerte.
En la Comunidad de Madrid, alquilar se ha convertido en una forma de precariedad estructural. Familias que viven con miedo a la renovación del contrato, jóvenes que encadenan habitaciones durante años, personas mayores obligadas a abandonar el barrio donde han vivido toda su vida. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha permitido que desaparezca vivienda pública. Miles de viviendas de protección oficial, construidas con dinero público, han salido del régimen de protección y han pasado al mercado privado. Viviendas pensadas para garantizar un derecho han acabado alimentando la especulación.
Madrid tiene uno de los parques públicos de vivienda más bajos de Europa. No por falta de recursos, sino por una política deliberada del PP: desproteger lo público, privatizar lo común y dejar que el mercado decida quién se queda y quién se va. A esto se suma la permisividad con los pisos turísticos ilegales. Cada piso turístico sin control es una vivienda menos para vivir y cada vivienda menos empuja los alquileres aún más arriba. Ayuso lo sabe y, aun así, mira hacia otro lado.
En Andalucía, el patrón es prácticamente idéntico. El auge del alquiler turístico ha expulsado a vecinos de barrios enteros, especialmente en zonas costeras y ciudades con fuerte presión turística. Vivir cerca del trabajo se ha convertido en un privilegio reservado a quien puede pagar precios cada vez más altos. Juan Manuel Moreno Bonilla ha tenido la posibilidad de intervenir, de regular y de proteger el alquiler residencial, y ha decidido no hacerlo.
Ha preferido priorizar el negocio turístico antes que el derecho a la vivienda. El resultado es socialmente devastador: jóvenes obligados a marcharse de su tierra, trabajadores desplazados decenas de kilómetros, municipios convertidos en escaparates mientras sus vecinos no encuentran casa. Moreno Bonilla no es un espectador pasivo de este proceso: es responsable directo de no haber actuado.
El caso de Alicante, en la Comunidad Valenciana, muestra hasta dónde puede llegar el modelo de la derecha cuando se abandona el control público de la vivienda. Mientras decenas de miles de personas esperaban una vivienda protegida, salieron a la luz casos de cargos del PP y personas vinculadas a su entorno que accedieron a VPO sin cumplir los requisitos sociales exigidos.
No se trata de errores administrativos menores ni de casos aislados, sino de viviendas públicas adjudicadas a quienes no las necesitaban, mientras familias con ingresos bajos seguían esperando durante años. Viviendas pagadas con dinero de todos que acabaron siendo un privilegio para unos pocos. Este escándalo no es una excepción, sino la consecuencia lógica de un sistema sin control ni transparencia, donde la vivienda pública no se blinda y queda expuesta al abuso cuando gobierna el PP.
Madrid, Andalucía, Alicante: cambian los territorios, pero el patrón es el mismo. Menos regulación, menos vivienda pública, menos control y más negocio privado. España tiene uno de los parques de vivienda social más bajos de Europa y, lejos de corregir ese déficit histórico, el PP lo ha profundizado allí donde gobierna. Viviendas protegidas temporales, fácilmente privatizables y mal gestionadas, mientras miles de familias esperan una solución que nunca llega. El mensaje que reciben es claro y cruel: si no puedes pagar, no importas.
Todo esto supone, además, un incumplimiento evidente del artículo 47 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a una vivienda digna y a impedir la especulación. No es una consigna ideológica ni un debate académico. Es ley. Ayuso y Moreno Bonilla incumplen ese mandato cuando se niegan a regular el alquiler, cuando permiten que desaparezca la vivienda pública y cuando toleran que la VPO acabe en manos indebidas. Las consecuencias no son teóricas: son más desigualdad, más precariedad y menos futuro para la mayoría social.
Si tu alquiler sube cada año, si no puedes acceder a una vivienda pública, si te expulsan de tu barrio y si ves cómo la vivienda protegida acaba en manos de quienes no la necesitan, la pregunta es inevitable: ¿por qué sigues votando al PP si dejan que se dispare tu alquiler? Votar al PP es votar a Ayuso y a Moreno Bonilla, y votarles es aceptar un modelo donde la vivienda es un negocio y tú eres prescindible.
La vivienda no es un lujo. Es estabilidad, salud mental, arraigo y futuro. Cuando un gobierno decide no protegerla, decide a quién cuida y a quién abandona. El PP ya ha elegido. Pero los ciudadanos también eligen. Cada voto decide si tu casa es un derecho o una mercancía, y esa decisión se paga todos los meses, cuando llega el recibo del alquiler.
