En física, una lupa es un instrumento de precisión, pero en manos equivocadas y bajo el sol inclemente de la política actual, se convierte en un arma de ignición. La nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) se presenta ante la opinión pública con el pretexto de "poner el foco" en la excelencia y la empleabilidad, pero la realidad tras el cristal es abrasadora.

No busca mejorar la visión de nuestras facultades, sino concentrar una presión asfixiante sobre los pilares de la universidad pública, que la hará arder.

La ya famosa LUPA (Ley Universitaria Para Andalucía) pone el "zoom" en varias cuestiones como la autonomía universitaria, la adhesión de las privadas en nuestra comunidad y las condiciones de la comunidad universitaria. Me centraré en estos dos últimos factores para analizar como el Partido Popular, ya bien asentado en nuestra tierra, decide con esta norma poner las siguientes piedras en el camino del desmantelamiento de nuestras universidades, centros de prestigio a nivel nacional e internacional.

Comencemos tratando el impacto silencioso del fenómeno privado, teniendo en sus inicios solo a la famosa Loyola. Con ella, ya era notoria la mercantilización de la educación, rompiendo el carácter intelectual de la universidad, pasando a definirse como una transacción entre dinero y familias, de las que surge un hijo/a con título y contactos. El "beneficio" se queda en la Fundación para crecer, investigar y mantener el área de influencia de la Iglesia Católica en la educación superior.

En la continuidad de la legislatura de Moreno Bonilla, su plan privatizador mejora por años, teniendo ya en la actualidad cinco universidades privadas que tienen apellidos ocultos pero bastante sonados como la Asociación Católica de Propagandistas, el Fondo KKR o a Javier Imbroda, quien fuera Consejero de Educación de la Junta. Estos centros entran a decidir gracias a la nueva legislación, y siendo perspicaces podemos ver cómo empatarán con las públicas, estando la universidad de Málaga intervenida por la Junta, la de Jaén a vísperas de serlo, y la Internacional de Andalucía controlada por igual. La combustión surge cuando imaginamos reuniones en las que una decisión vincule a la financiación o a las materias a impartir, las privadas y las controladas por Bonilla tienen objetivos rentabilizadores palpables, y a pesar de que empaten, el voto de calidad mandará. Quien paga, decide.

Gracias a esta ley, el 1% del PIB andaluz no irá a la universidad pública, y sin la bonificación de matrícula al 99% pareciera que la estrategia es echar al 100% de la clase trabajadora de la universidad.

En la misma línea, recoge la LUPA la posibilidad de becar al estudiantado de la privada, aumentando así las inyecciones de dinero público que ya reciben estas; mientras, la bonificación del 99% que mencionaba deja de estar blindada. Esta gratuidad de la matrícula fue impulsada por Juventudes Socialistas hace bastantes años, y solo en el curso pasado, 110.004 estudiantes andaluces de grado y máster se beneficiaron. Con esta actual LUPA, pareciera que el contribuyente andaluz financiará a aquellos que reniegan de lo público, pero se lucran de ello.

Estas becas o cuantías para la privada no se recogen sin embargo para financiar la obligatoriedad de un nivel B2 de idioma extranjero para obtener títulos de grado, contando con una insuficiencia de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, lo que obligará al estudiantado a buscar y pagar una formación privada adicional en idiomas. De nuestro presidente autonómico ya conocemos la trama de los cribados en la sanidad pública, añadiremos otra al final de su legislatura: el cribado de graduados en la universidad, delimitado por los ahorros que posean para pagar una titulación de idioma.

Estas son solo algunas de las consecuencias que tendrá la aplicación de esta ley en el estudiantado.

Mientras nos concentramos en apuntes y exámenes, hay despachos donde se decide que nuestra educación es un gasto prescindible y no una inversión social. La infrafinanciación no es un error de cálculo, es una estrategia para redirigir la lupa hacia donde queme. Una universidad pública asfixiada económicamente es la excusa perfecta para que las garras de la privatización se presenten como la única solución eficiente, y si ante todo esto la comunidad universitaria parece impasible, el modelo de sociedad por el que tanto tiempo luchó el pueblo andaluz se desvanece.

No se trata solo de protestar por una beca o por la calefacción de una facultad; se trata de defender la idea de que el futuro de Andalucía no existe sin la Universidad Pública. La universidad pública andaluza necesita hoy algo más que promesas: necesita recursos, compromiso político y una comunidad universitaria dispuesta a poner la lupa sobre cada decisión que afecte a su futuro.