Sin duda alguna, las dos noticias de la semana han sido la marcha de Tamara del concurso de TVE "Master Chef" y, sí ya sé que la tendría que haber colocado primera, el anuncio de Pedro Sánchez de que se toma cinco días para decidir si deja o no el Gobierno. Tamara se ha sentido excesivamente presionada y ha preferido priorizar su bienestar psíquico y el estar con su familia, al incierto resultado de un concurso en manos de un jurado formado a imagen y semejanza del poder judicial español. Aunque sólo está compuesto por tres miembros, se ha conseguido de forma casi milagrosa, que estén representados en casi idéntica proporción las tres almas que forman el cuerpo judicial de nuestro país. Una de sus componentes es heredera directa del franquismo, nieta de un psiquiatra que dedicó su vida a hacerle la pelota al Generalísimo y a demostrar que los individuos de izquierdas eran infrahumanos con graves taras mentales. El segundo de sus miembros, el más joven, representa el ala neoconservadora. Confeso seguidor de Isabel Díaz Ayuso y empresario de éxito al que le llueven las críticas por el trato al que somete a sus trabajadores. Y el tercero, el más veterano, no llegaría a ser miembro de Jueces para la Democracia, pero sería el único que posiblemente se sentaría a escuchar lo que tengan que decir.
El trato que le dieron a Tamara cuando anunció su marcha, especialmente el ala más conservadora del jurado, fue denigrante. En un país que es líder mundial en el consumo de antidepresivos y donde el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes, tratar con tremenda falta de empatía a una persona que manifiesta que no puede soportar la presión de un puñetero y simple concurso televisivo sobre cocina, debería ser motivo más que sobrado para anular la emisión inmediata del programa en cualquier televisión, pero con mucho más motivo en una televisión pública.
Uno no acaba de saber muy bien si la televisión y las redes sociales copian a la sociedad que las ha parido, o si es la sociedad la que imita a los medios de comunicación, pero sea lo que sea, la realidad es que nos está quedando un país invivible. Pedro Sánchez no es Tamara y un gobierno no es un concurso de televisión, pero las similitudes entre uno y otro caso vienen a demostrar lo mucho que se parece la televisión a la realidad o viceversa.
Una democracia no es posible sin unos medios de comunicación medianamente libres y sin una justicia imparcial. Ambos asuntos tendrían solución si hubiera voluntad de acuerdo, pero es precisamente esto último, la falta de esa voluntad, lo que nos ha llevado a este punto de difícil retorno. Las fuerzas de uno y otro lado están tremendamente desequilibradas y sin presión quienes tienen ventaja, y la tienen desde hace muchas generaciones, difícilmente renunciarán a sus privilegios.
Sería de idiotas negar que los periodistas tenemos, quizá mucho más que en cualquier otra profesión, ideología. Yo diría que no sólo es inevitable, sino que es necesaria. Pero la frontera que existe entre la defensa de unas ideas y mentir para defenderlas, es lo que separa a un periodista de un vocero. Y en este país hay cada vez más voceros y menos periodistas. La solución no es sencilla pero es factible. Sólo hay que copiar los estatutos de otras profesiones como las de médico o abogado. Debe ser imprescindible estar colegiado, como ocurre en las profesiones señaladas, para poder ejercer el periodismo (ya ni tan siquiera pido haber estudiado la carrera) y ningún medio debería poder contratar a un periodista no colegiado. Y, como también sucede en la medicina o en el derecho, a todo periodista que incumpla el código deontológico de la profesión se le debe retirar el carnet de colegiado y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer la profesión. Y mentir a sabiendas o no comprobar las fuentes de información, sin duda, deben ser el principal motivo de expulsión del colegio.
El caso de los jueces es más complicado y requiere de más tiempo, pero tampoco es imposible. Estudiar para juez es caro y su formación requiere mucho tiempo. Si queremos que la carrera judicial sea representativa de la sociedad a la que pertenece, es decir, se democratice, es necesario que los gobiernos creen las herramientas necesarias para que la clase social no sea el elemento más determinante en su consecución. Puede ser mediante el aumento de las becas o siguiendo otros modelos educativos y de formación como en los países del norte de Europa, pero es imprescindible que se tomen medidas sin esperar una legislatura más.
El problema de la mala calidad democrática, de la desinformación y del acoso a determinados sectores de la sociedad no es exclusivo de nuestro país. La persecución al presidente del Gobierno y su familia es el último de una larga lista de casos similares que se han ido sucediendo estos últimos años en todo el planeta y que se iniciaron con la llegada del trumpismo. Antes que a Sánchez en nuestro país se acosó a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias. Mónica Oltra dejó el gobierno valenciano porque la relacionaron con la acusación de abuso a una menor de su exmarido, y la justicia, tarde, siempre tarde, la acaba de exonerar de toda culpa o sospecha. En Brasil, Lula Da Silva pasó varios años en prisión antes de que se demostrara que el juicio no había tenido la mínima garantía de imparcialidad. En Portugal dimitió el primer ministro Antonio Costa y unos meses después la justicia portuguesa ha concluido que las acusaciones eran falsas. Jacinda Arden, ex primera ministra neozelandesa, dimitió después de reconocer que se veía incapaz de soportar el acoso mediático que padecían ella y su entorno. Algo parecido le ocurrió a la exprimera ministra finlandesa Sanna Marin. Incluso Macron, que pese a ser de un partido de centro para la extrema derecha de Francia es un peligroso izquierdista, ha tenido que soportar falsas informaciones sobre su vida privada, entre las que se incluye el bulo de que su mujer es transexual (¿les suena algo parecido en nuesto país?)
No sé que decidirá Pedro Sánchez el lunes, pero continúe o no, éste debe ser un punto de inflexión y el Gobierno, presidido por él o por quien lo sustituya, debe tomar con urgencia medidas que impidan que nuestra democracia siga por este derrotero de degradación. Si el PP tiene una mínima visión de futuro y no ha tomado ya la decisión de diluirse en la extrema derecha, debería apoyarlo en estas medidas, empezando por renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aunque a Feijóo ahora le parezca que puede obtener provecho de la situación yo le recomendaría que se tomara un café con Pablo Casado y hablaran.
