Señor Moreno Bonilla, ¿hay derecho a llevar ocho meses esperando una biopsia tras detectar un tumor de páncreas? Ocho meses sin diagnóstico, sin tratamiento y sin saber si se tiene cáncer. Ocho meses levantándose cada mañana con una única certeza: que el tiempo pasa y la respuesta no llega. La pregunta no es retórica ni exagerada. Tiene nombre, apellidos y un lugar concreto: Mayte Arjona, vecina de Antequera (Málaga), atrapada desde julio en una espera que no debería existir en un sistema sanitario público que se precie. Mayte lucha no solo por ella, sino por todas las personas que se encuentran en la misma situación, esperando respuestas que la sanidad debería garantizar sin demora.
Ocho meses no son un retraso administrativo ni una disfunción puntual del sistema. Son ocho meses de angustia sostenida, de miedo constante y de deterioro físico y emocional. Ocho meses en los que una posible enfermedad grave avanza mientras la administración calla, demora y normaliza la espera. Ocho meses que retratan, con más precisión que cualquier discurso oficial, el estado real de la sanidad pública andaluza bajo el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
A comienzos de julio de 2025, a Mayte Arjona le detectaron un tumor en el páncreas. El siguiente paso era inmediato y esencial: una biopsia para confirmar el diagnóstico, identificar el tipo de tumor y poder iniciar tratamiento. La prueba llegó a programarse, pero se suspendió por una desaturación de oxígeno y se pospuso para realizarla en quirófano. “Diez días”, le dijeron. Diez días que se han convertido en más de ocho meses de espera.
Ni agosto, ni septiembre, ni octubre. Ni noviembre, ni diciembre, ni enero. Ni siquiera hoy. A día de hoy, Mayte sigue esperando. “No sé si tengo o no tengo cáncer”, explica. “No sé cuál es mi situación”. En octubre, según le trasladaron en el propio hospital, había al menos otras tres personas en la misma situación: a la espera de una biopsia que no llega porque “no hay quirófano”, “no hay anestesista” o “no hay personal suficiente”.
Este caso no es una excepción. Es un síntoma. Y lo verdaderamente alarmante es que ni siquiera sabemos cuántos casos como el de Mayte existen en Andalucía, porque la Junta lleva desde 2019 sin publicar la lista de espera diagnóstica, incumpliendo la ley de manera sistemática. Los andaluces saben cuántos esperan una operación o una consulta, pero no cuántos esperan una prueba clave para saber si padecen una enfermedad grave.
El PSOE de Andalucía ha denunciado en repetidas ocasiones que esa lista de espera diagnóstica oculta podría sumar cerca de un millón de pacientes más. Un millón que se añadiría al más de un millón de andaluces que ya esperan atención en alguna especialidad del Servicio Andaluz de Salud. Un agujero negro de datos donde se esconden diagnósticos tardíos, enfermedades que avanzan y vidas que quedan en suspenso.
Los retrasos sanitarios no son números ni estadísticas abstractas. Son diagnósticos que llegan tarde, tratamientos que se retrasan y familias enteras atrapadas en una incertidumbre insoportable. En la Andalucía de Moreno Bonilla, la espera se ha normalizado, el colapso se ha vuelto paisaje y la resignación parece haberse instalado como respuesta institucional. Pero una comunidad de 8,5 millones de habitantes no puede permitirse un presidente que actúe como si no viera —o no quisiera ver— lo que ocurre a diario en sus hospitales.
Porque esto no va de anécdotas ni de errores puntuales. Va de un deterioro estructural, profundo y sostenido en el tiempo. Va de falta de planificación, de plantillas insuficientes, de recursos que no llegan y de una política sanitaria más preocupada por maquillar cifras que por garantizar una atención digna. Todo lo que está ocurriendo en Málaga, Jerez, Sevilla, Córdoba o Almería responde a un mismo patrón.
Según publicó El País, el Hospital Regional de Málaga tenía congeladas al menos 5.400 biopsias desde agosto. 5.400 pruebas pendientes en uno de los hospitales de referencia de Andalucía. Para muchos pacientes, esa demora no es un inconveniente: es la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde. Entre tratar un tumor o descubrirlo cuando ya ha avanzado demasiado.
La presión de los propios profesionales obligó a la dirección a contratar personal para intentar aliviar la situación. Algunas biopsias acumulaban retrasos de hasta dos meses. Y, aun así, desde la Junta se seguía hablando de “normalidad” o de “picos de demanda”, como si la vida de los pacientes fuera una variable secundaria.
Lo que ocurre en Málaga no es una excepción. En el Hospital Universitario de Jerez, CCOO denunció más de 5.000 TAC pendientes por falta de técnicos en radiodiagnóstico. Pruebas esenciales para detectar tumores, hemorragias o patologías graves. La plantilla, exhausta, sostiene el sistema a base de horas extra y sobreesfuerzo, mientras la administración presume de eficiencia sin reforzar recursos.
La Cadena SER relató el caso de una mujer que esperó quince meses para una colonoscopia en el Hospital Virgen del Rocío. Cuando por fin fue atendida, el diagnóstico ya era grave. El daño estaba hecho. Y la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué habría pasado si la prueba hubiera llegado a tiempo?
FACUA denunció en Córdoba el caso de una paciente que desarrolló metástasis en varios órganos tras meses de retrasos y trabas burocráticas que impidieron un diagnóstico temprano. Un caso extremo, sí, pero no aislado. Un ejemplo brutal de lo que ocurre cuando la espera deja de ser un problema administrativo y se convierte en una sentencia vital.
En Almería, UGT Servicios Públicos ha alertado de carencias graves: falta de personal, equipos insuficientes y listas de espera desbordadas. Profesionales trabajando con medios mínimos y una presión asistencial que ya roza lo inasumible. La respuesta institucional, una vez más, ha sido minimizar el problema.
Todo esto tiene un denominador común: un modelo de gestión que debilita lo público, externaliza servicios, cronifica la falta de personal y empuja a quien puede permitírselo hacia la sanidad privada. No es una deriva accidental. Es una elección política. Y tiene un responsable claro: el presidente de la Junta de Andalucía.
No se puede hacer negocio con la vida de la gente. La salud no puede depender del saldo de una cuenta corriente. Y no es aceptable que una mujer pase ocho meses sin saber si tiene cáncer mientras el Gobierno andaluz insiste en vender el relato de “la mejor sanidad de España”.
Andalucía no necesita más propaganda ni más excusas. Necesita una sanidad pública que diagnostique a tiempo, que cuide a sus profesionales y que ponga la vida en el centro. Porque cada día de espera injustificada es un día que no vuelve. Y porque hay esperas que, sencillamente, no deberían existir nunca.
