Han pasado tres meses desde que, a mediados de octubre, estallara públicamente la crisis del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Y, a día de hoy, todavía no sabemos qué pasó ni qué medidas se están adoptando. No es una afirmación de la oposición ni una denuncia interesada: lo sostiene el Defensor del Pueblo Andaluz. Tres meses de silencio por parte de la Junta que preside Juanma Moreno Bonilla, tres meses sin información suficiente, sin datos completos y sin respuestas claras en un asunto de extrema gravedad.
Ese silencio no es neutro ni inocente. Mientras Moreno Bonilla no explica, la crisis continúa y se agrava. Treinta nuevos casos en Málaga, denunciados recientemente por la asociación AMAMA, elevan ya a 338 las mujeres que han desarrollado cáncer de mama tras no haber sido avisadas a tiempo por el sistema público de detección precoz. Detrás de cada cifra hay una historia de miedo, tratamientos más agresivos, incertidumbre y una pregunta que se repite con angustia: ¿y si me hubieran llamado cuando tocaba?
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mostrado públicamente su malestar por la actitud de la Junta de Andalucía. La documentación que el Gobierno andaluz ha remitido a su oficina es, en sus propias palabras, “material claramente insuficiente”. Con esa información, el Defensor no puede avanzar en la investigación ni proponer medidas para corregir un fallo que considera grave y profundamente preocupante. Maeztu ha sido claro: a día de hoy sigue sin saber qué ocurrió exactamente ni qué medidas concretas se están adoptando, y continúa sin recibir respuesta a cuestiones clave planteadas desde el Defensor del Pueblo.
La Junta se limita a remitir a una auditoría en curso y a promesas de información futura. Pero no responde a lo esencial: por qué no se avisó a mujeres con mamografías sospechosas, cuántos profesionales hay realmente en los servicios de radiodiagnóstico, cuál es la carga asistencial real o si se van a reforzar las plantillas. Moreno Bonilla parece confiar en que el paso del tiempo diluya el escándalo. Pero en sanidad, y especialmente en cáncer, el tiempo no borra los errores: los agrava.
A pesar de este contexto, el presidente de la Junta afirmó en su mensaje de Nochevieja que en Andalucía “nunca se ha apostado tanto por la sanidad”. Decir eso en el mismo año en que ha salido a la luz el mayor escándalo del programa de cribado de cáncer de mama resulta, políticamente, una indecencia difícil de justificar. Es una frase que chirría a quienes saben que su diagnóstico llegó tarde y que quizá podría haber sido distinto si el sistema hubiera funcionado.
Ese contraste entre propaganda y realidad se hizo aún más evidente en el Parlamento andaluz. Moreno Bonilla impidió que se debatiera la crisis de los cribados, rechazó la comparecencia solicitada para dar explicaciones y se negó a la creación de una comisión de investigación que analizara qué falló, quién tomó las decisiones y cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir. Transparencia, ninguna. Rendición de cuentas, la mínima imprescindible.
Sin embargo, en ese mismo Parlamento sí hubo espacio para que el PP cantara villancicos, con el consejero de Salud tocando un cajón flamenco. Mientras se vetaba hablar del cáncer de mama, el máximo responsable político de la sanidad pública participaba en una escena festiva dentro de la Cámara. La imagen no es anecdótica ni trivial: retrata con crudeza las prioridades del Gobierno de Moreno Bonilla.
¿Se puede ser más cínico? Mientras cientos de mujeres esperaban respuestas, el partido del Gobierno cantaba. Mientras las asociaciones denunciaban nuevos casos, el consejero de Salud marcaba el ritmo. Mientras el Defensor del Pueblo reclamaba datos y claridad, el presidente mandaba callar. No se trata solo de una falta de sensibilidad: es una decisión política consciente de silenciar el problema.
AMAMA, la asociación que destapó el escándalo insiste en algo elemental: el diagnóstico precoz salva vidas. No avisar a tiempo no es un error administrativo menor, sino una cadena de decisiones que puede tener consecuencias irreversibles. En Málaga, además de los nuevos casos detectados, se ha denunciado al menos un fallecimiento. Y aun así, la Junta sigue sin revisar las reclamaciones patrimoniales presentadas ante el SAS ni ofrecer una respuesta clara a las afectadas.
La preocupación entre las mujeres no desaparece. Al contrario, se extiende. Muchas dudan hoy del sistema que debía protegerlas. Se preguntan si su prueba fue revisada, si su cita se perdió, si su caso quedó atrapado en un protocolo que no funcionó. Esa inquietud constante, ese miedo silencioso, es también una forma de daño. Y ese daño no aparece en los balances triunfalistas ni en los discursos oficiales.
El cerco ya no es solo social o político en Andalucía. El caso ha llegado al Parlamento Europeo, donde se han exigido explicaciones sobre los fallos del cribado y sobre el uso de fondos europeos destinados a mamógrafos que podrían estar infrautilizados. Si se confirma que hay equipos comprados con dinero público que no están prestando servicio efectivo mientras las mujeres no son citadas, la responsabilidad política será evidente.
Por otra parte, Amama ha denunciado esta misma semana que la Junta de Andalucía está engañando a las víctimas con el acto único de los cribados de cáncer de mama. Ángela Claverol, su presidenta, explica que el problema de los fallos en la detección precoz ha estado en otro grupo de mujeres, las que tenían imagen clasificada como BI-Rad 3. Y ese grupo de mujeres queda fuera del acto único.
Y, sin embargo, Moreno Bonilla sigue sin comparecer. Sigue sin responder al Defensor del Pueblo. Sigue negándose a una comisión de investigación. Confía en que el silencio desgaste menos que la verdad. Pero gobernar también es dar explicaciones cuando algo falla, y en este caso el silencio no es neutral: protege al poder y desampara a las pacientes.
Han pasado tres meses desde que estalló el escándalo. Tres meses sin respuestas claras. Tres meses de mujeres esperando información, justicia y respeto. En sanidad pública, mirar hacia otro lado nunca es una opción legítima. La pregunta ya no es si Moreno Bonilla va a hablar. La pregunta es: ¿hasta cuándo va a seguir escondiéndose?
