Decía Concepción Arenal que “la sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano”. Según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país contamos con un 54,1% de mujeres graduadas en Educación superior, frente a un 45,1% de hombres, pero las mujeres, en el computo general, son las que tienen trabajos más precarios, peor contratación y peores sueldos.

España tiene una población actual de 46.443.582 personas, el 50,6%, o sea 23.501.696 somos mujeres, por tanto, constatamos que somos más de la mitad de esta sociedad, no somos un colectivo y nos corresponde por una cuestión básica de Derechos Humanos participar de todo y en todo, a nivel económico, social y político, pero nos damos de bruces contra la realidad. De 1220 Consejos de administración formamos parte 357 Consejeras y en la Alta Dirección estamos representadas con un 19,6%. O en los Colegios Profesionales, somos el 21,9% en sus Presidencias, dándose el caso incluso que en aquellos sectores feminizados, como el de la salud, la mayoría de los espacios de decisión están ocupados por hombres.

Queda claro, que en una sociedad como la nuestra, en cuya estructura está grabada a fuego la resistencia a dejarnos pasar, había que hacer algo más. La primera vez que apareció la palabra paridad con la intención de transformar y remover obstáculos, luchar contra la discriminación y activar políticas activas, fue en la Declaración de Atenas en 1992 para posteriormente ser refrendada por la Declaración y Plataforma de acción de la IV Conferencia de la Mujer de la ONU, en Beijing, en 1995.

La paridad no es una cuota, es una medida aseguradora para una representación equilibrada, en todos los espacios públicos y privados, suponiendo que la representatividad no sea inferior al 40% ni superior al 60%. Y primero hay que predicar con la ejemplaridad, contando con un Consejo de Ministras y Ministros donde la presencia de ministras es superior, tras muchos años.

Desde el principio básico que sin igualdad entre hombres y mujeres la democracia no es plena, primero, se ha aprobado a nivel europeo una serie de directivas, que remuevan todos los obstáculos para alcanzar la justicia social tan anhelada por todas nosotras, desde la convicción de que sumar todo el talento supondrá un valor añadido para toda la sociedad. En nuestro país, la base nos la encontramos en la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. A través de ella impulsamos la Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, para que exista paridad en las listas electorales, en lo público, en los Consejos de Administración, Colegios Profesionales, tribunales, jurados y órganos colegiados.

No pedimos, exigimos lo que nos corresponde por derecho, somos la mitad de esta sociedad y queremos nuestra mitad, porque contando con todos los talentos las decisiones finales serán más justas.

 

Fuensanta Lima

Diputada del PSOE