Las multas de Consumo por juego ilegal baten récords, pero falta transparencia

En 2020, el Ministerio de Consumo impuso multas por importe de 55.839.370 euros a los operadores de juego a través de 240 resoluciones sancionadoras por saltarse la legislación. Once de ellas incluyeron la inhabilitación a las empresas por un periodo de dos años.

Durante ese año, se realizaron 92 requerimientos a principales los operadores de telecomunicaciones para que adoptasen las medidas correspondientes a fin de interrumpir el acceso en España a las páginas web de las entidades sancionadas que pese a ello continuaban desarrollando actividades ilegales de juego.

El montante total de las sanciones durante el primer año en que las competencias de juego estuvieron en manos del nuevo Ministerio de Consumo batió todos los récords a nivel histórico y aumentó en un 72,4% con respecto al ejercicio anterior. Todavía no hay datos de 2021, año en que entraron en vigor las restricciones más importantes la publicidad del juego impulsadas por el ministro Alberto Garzón.

Y es que desde el pasado 31 de agosto, está prohibido el patrocinio deportivo y las marcas de operadores de juego no pueden exhibirse en equipaciones ni formar parte del nombre de estadios, equipos o competiciones. Además, la emisión de publicidad de juego ha sido objeto de importantes restricciones, quedando prohibida en radio y televisión fuera de la franja horaria de una a cinco de la madrugada. Tampoco puede utilizarse en campañas publicitarias la imagen de personajes famosos, reales o ficticios.

Hasta la anterior legislatura, la regulación y control del juego estaba en manos del Ministerio de Hacienda. Durante el último año en que Hacienda desempeñó esas competencias, 2019, las multas representaron un 32.394.600 euros por un total de 146 resoluciones sancionadoras. En ese periodo, el incremento porcentual fue espectacular: un 656,2% con respecto a los 4.284.000 euros por las 15 multas impuestas en 2018. El motivo de este aumento fueron las sanciones por la vulneración de la prohibición que tienen los participantes en competiciones deportivas de apostar en las mismas.

Eso sí, aunque la Dirección General de Ordenación de Juego hace pública cada año en su memoria de actividades el número de resoluciones sancionadoras y la cuantía total de las multas, en esta legislatura sigue sin haber transparencia sobre los nombres de las empresas multadas y las irregularidades cometidas por estas.

Se trata de un elemento clave para que los consumidores conozcan si han sido víctimas de actividades ilegales por parte de determinados operadores de juego, ante las que podrían exigir la devolución de cantidades que hayan perdido al utilizar sus servicios. Y más allá de eso, resulta fundamental que trascienda públicamente qué firmas se saltan la legislación y de qué manera, algo que sin duda contribuiría a minimizar estas irregularidades y a potenciar que los propios ciudadanos denuncien las prácticas ilícitas que detecten en el sector.

Garzón no debería demorar la puesta en marcha de un protocolo por el cuál, al igual que ocurre con otros organismos estatales como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cada vez que se dicte la apertura de un expediente sancionador y su posterior resolución, el documento se haga público en la página web de la institución, identificando a la empresa en cuestión.