Europa está girando hacia un modelo laboral más duro, más largo y más inseguro. En varios países gobernados por la derecha y la ultraderecha ya se están aprobando reformas que retrasan la jubilación, amplían jornadas, debilitan la negociación colectiva y endurecen las ayudas sociales. El mensaje se repite con distintos acentos: “competitividad”, “austeridad”, “modernización”. El resultado es siempre el mismo: trabajar más, cobrar menos y asumir más riesgos individuales.
No es un debate teórico ni un alarmismo ideológico. Está ocurriendo ahora. Y el modelo que se está consolidando en Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos o en los sectores conservadores que presionan en Alemania es el mismo que defienden, con matices, los aliados políticos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Europa. La pregunta ya no es qué está pasando allí. La pregunta es qué pasaría aquí si gobernaran.
El primer gran frente ha sido el sistema público de pensiones. Francia abrió la puerta con la reforma impulsada por Emmanuel Macron, que elevó la edad de jubilación y endureció los años necesarios de cotización para acceder a la pensión completa. Millones de personas salieron a la calle porque entendieron lo que significaba: trabajar más años, en muchos casos en peores condiciones físicas, para mantener derechos que antes estaban garantizados.
Pero la tendencia no se ha detenido. En Países Bajos ya se ha consolidado un modelo que desplaza el riesgo del Estado al trabajador. Las pensiones dependen más de los mercados financieros y la edad de jubilación se ajusta automáticamente a la esperanza de vida. Si los mercados caen, el pensionista pierde. Si la esperanza de vida aumenta, se trabaja más tiempo. El principio de solidaridad colectiva se diluye y se sustituye por una lógica individualizada.
En Grecia, el Gobierno conservador ha legalizado la semana laboral de seis días en determinados sectores y ha ampliado la posibilidad de jornadas de hasta 13 horas diarias bajo ciertos supuestos. El argumento es conocido: atraer inversión y aumentar productividad. El efecto real es una presión creciente sobre el trabajador, que ve cómo el tiempo de descanso y conciliación pierde peso frente a las exigencias empresariales.
Hungría ya marcó el camino con la conocida como “ley esclava”, que permite exigir hasta 400 horas extra anuales y aplazar su pago durante años. Es un modelo que reduce la capacidad de negociación del empleado y fortalece la posición empresarial. Más disponibilidad, menos poder colectivo.
Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, eliminó la Renta de Ciudadanía y la sustituyó por ayudas más restrictivas y condicionadas. El discurso que acompaña estas decisiones es siempre moralizante: quien recibe apoyo debe demostrar constantemente que lo merece. Se instala la idea de que la pobreza es una sospecha permanente y no una realidad estructural.
En Alemania, además, sectores de la derecha económica y política presionan para incentivar más horas de trabajo y retrasar salidas del mercado laboral, bajo el argumento de que el país necesita “trabajar más” para sostener su competitividad industrial. El debate se centra en ampliar la vida laboral y flexibilizar aún más el tiempo de trabajo en un contexto de desaceleración económica.
El patrón es reconocible. Más años de vida laboral. Más horas disponibles. Más incertidumbre sobre la pensión futura. Menos red de seguridad.
Estas políticas no afectan por igual a todos. Golpean especialmente a quienes empezaron a trabajar jóvenes, a quienes desempeñan trabajos físicos, a quienes encadenan contratos temporales o carreras laborales irregulares. En definitiva, a la mayoría social. La derecha europea asume que no todos llegarán en las mismas condiciones a la jubilación. Pero considera que ese coste es asumible en nombre del ajuste fiscal.
¿Y España? El PP ha insistido en que quiere “revisar” la reforma laboral. También ha mostrado incomodidad con la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC. Vox va más allá: cuestiona el papel de los convenios colectivos, critica las subidas del salario mínimo y defiende un modelo con menor intervención pública y mayor peso de soluciones privadas.
No hace falta imaginar demasiado. Basta observar sus alianzas europeas. El PP comparte grupo y estrategia con fuerzas que han impulsado retrasos en la edad de jubilación y reformas flexibilizadoras. Vox mantiene vínculos políticos con partidos que defienden abiertamente modelos de reducción de derechos laborales y recorte del gasto social.
Si ese manual se aplicara en España, el escenario sería reconocible: presión para ampliar la vida laboral, cuestionamiento del blindaje de las pensiones frente a la inflación, más margen para la empresa en la organización del tiempo de trabajo y endurecimiento del acceso a ayudas sociales.
Frente a ello, en España se ha abierto un camino distinto en los últimos años: revalorización de pensiones conforme al IPC, refuerzo de la negociación colectiva, subida del salario mínimo y debate sobre la reducción de la jornada laboral. Dos modelos contrapuestos.
Uno apuesta por repartir mejor la riqueza y proteger al trabajador en un contexto de incertidumbre económica global. El otro plantea que la competitividad exige sacrificios laborales y contención social.
No se trata de negar los desafíos demográficos o económicos que afronta Europa. El envejecimiento de la población es real. La transición tecnológica también. Pero la cuestión es cómo se responde. ¿Repartiendo el esfuerzo de forma equilibrada o concentrándolo en quienes viven de su salario?
La experiencia reciente en varios países europeos demuestra que las reformas laborales regresivas no son hipotéticas. Se aprueban. Se aplican. Y transforman de forma estructural el modelo social.
España no está aislada de esa corriente. El debate sobre pensiones, jornada laboral y gasto social será central en los próximos años. Y las decisiones que se tomen marcarán el tipo de sociedad que seremos.
La derecha europea está redefiniendo el contrato social que nació tras la Segunda Guerra Mundial: menos garantías colectivas, más responsabilidad individual. La pregunta es si España seguirá ese camino o consolidará un modelo que refuerce derechos en lugar de debilitarlos.
No hablamos solo de números presupuestarios. Hablamos de cuánto tiempo trabajamos, en qué condiciones nos jubilamos y qué red de seguridad existe cuando las cosas van mal. La motosierra ya está funcionando en varios países europeos. La cuestión es si queremos que cruce los Pirineos.
