Andalucía está a la cola de España en educación. El último informe PISA deja una fotografía demoledora del sistema educativo andaluz: 442 puntos en Matemáticas, 441 en Comprensión Lectora y 462 en Ciencias. Para entender qué significan esas cifras basta compararlas con la media española: 457 puntos en Matemáticas, 451 en Lectura y 477 en Ciencias. Andalucía queda, por tanto, 15 puntos por debajo en Matemáticas, 10 en Lectura y 15 en Ciencias. No estamos simplemente ante una comunidad que se encuentra por debajo de la media nacional. Estamos ante una de las peores posiciones educativas de España.
Y aquí conviene desmontar tajantemente uno de los argumentos recurrentes del Partido Popular: la educación en Andalucía es competencia de la comunidad autónoma, dentro del marco básico establecido por el Estado. Ya está bien de intentar trasladar a Madrid una responsabilidad que corresponde fundamentalmente al Gobierno andaluz. Si los alumnos andaluces aparecen entre los últimos puestos de España en Matemáticas, Lectura y Ciencias, quien tiene que dar explicaciones es Moreno Bonilla. Él lleva siete años al frente de la Junta y él es quien dirige la política educativa andaluza. Menos excusas y más explicaciones.
Y hay un dato todavía más preocupante: el deterioro se produce después de años de gobierno de Moreno Bonilla. En Matemáticas, Andalucía obtenía 467 puntos en PISA 2018. Ahora alcanza apenas 442. Son 25 puntos menos. También ha empeorado en Lectura y en Ciencias. Es verdad que PISA refleja un descenso generalizado de los resultados educativos en España y en buena parte de los países de la OCDE, pero eso no puede convertirse en una coartada para ocultar la evolución negativa de Andalucía. Si la educación andaluza se encuentra entre las peores de España, la pregunta que Moreno Bonilla debería responder es sencilla: ¿qué está fallando en su política educativa?
Y mientras Andalucía se hunde en los últimos puestos de España en educación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a la comunidad más recursos que nunca para reforzar los servicios públicos, fundamentalmente sanidad y educación. Sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla ha optado por una política educativa en la que destaca el fuerte incremento de los fondos destinados a la enseñanza concertada: casi 300 millones de euros más entre 2019 y 2023, hasta superar los 1.143 millones, y más de 1.100 millones para este curso. Es decir, mientras llegan recursos récord a Andalucía para sostener y mejorar los servicios públicos, Moreno Bonilla decide dónde poner las prioridades de su política educativa.
Y esa prioridad política no parece que vaya a cambiar. Entre las 150 medidas pactadas por Moreno Bonilla con Vox vuelve a aparecer la apuesta por seguir ampliando la educación concertada. La dirección está clara: más concertación y más financiación pública para esa red educativa. Lo que no aparece con la misma claridad es una voluntad política de transformar sustancialmente la educación pública, de resolver sus carencias y de garantizar que los centros públicos dispongan de los recursos necesarios.
Y todo esto ocurre precisamente cuando comienza un nuevo curso escolar, cuando miles de familias andaluzas vuelven a llevar a sus hijos a colegios e institutos y cuando los profesores regresan a unas aulas que conocen de sobra sus carencias. Es en ese momento cuando la política educativa deja de ser una cifra en un informe y se convierte en la realidad cotidiana de alumnos, familias y docentes: profesores que faltan, problemas de organización, centros con deficiencias y alumnos con necesidades específicas que no siempre reciben los apoyos que necesitan. Es ahí donde también se mide la gestión de Moreno Bonilla.
La mala gestión se ha hecho evidente incluso antes de que las clases comenzaran. La Junta tuvo que anular una adjudicación de destinos a más de 1.100 interinos después de detectar errores, cuando muchos ya habían organizado a contrarreloj su traslado, firmado alquileres o pagado reservas de alojamiento para incorporarse a sus nuevos destinos. El cambio ha provocado gastos innecesarios y una profunda frustración e indignación entre los afectados. Al margen de las explicaciones técnicas que pueda ofrecer la Consejería, el episodio revela un problema de gestión que corresponde al Gobierno de Moreno Bonilla: garantizar que los profesores estén correctamente asignados y que los centros puedan comenzar el curso con normalidad no debería ser una carrera de obstáculos.
Porque el problema no está únicamente en una estadística internacional. Está en las aulas. Desde 2019 se han perdido, según denuncias sindicales, alrededor de 2.700 aulas públicas en Andalucía, mientras este curso se habrían eliminado otras 410. La explicación de la caída de la natalidad puede justificar una parte de los ajustes, pero no responde a una cuestión política fundamental: por qué se reducen unidades en la red pública mientras se sigue ampliando la concertación. Es Moreno Bonilla quien debe explicar qué modelo educativo está construyendo.
Tampoco han desaparecido los problemas de infraestructuras. En Málaga, 16 centros educativos públicos comienzan el curso afectados por informes técnicos desfavorables relacionados con grietas y problemas estructurales. En varios casos se señalan fisuras, corrosión, deterioro de cubiertas, desprendimientos o posibles problemas de cimentación. Aquí la responsabilidad no corresponde únicamente a la Junta, también al Ayuntamiento de Málaga, pero Moreno Bonilla no puede mirar hacia otro lado cuando hablamos de centros públicos dependientes de la Administración educativa andaluza.
Y la situación es especialmente delicada cuando hablamos de inclusión. Familias y profesionales denuncian la falta de especialistas de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Personal Técnico de Integración Social para atender a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Hay centros donde un único profesional debe atender a numerosos alumnos o incluso compartir su jornada entre varios colegios. ¿Cómo puede hablarse de una educación de calidad cuando quienes más apoyo necesitan no reciben los recursos suficientes? También aquí la planificación y los recursos educativos dependen del Gobierno de Moreno Bonilla.
Las familias se encuentran cada inicio de curso con problemas que deberían estar resueltos: falta de personal, aulas, climatización insuficiente, dificultades para atender al alumnado con necesidades especiales y centros que siguen esperando inversiones. No son problemas abstractos ni cifras de un informe. Son niños, adolescentes, docentes y familias que sufren las consecuencias de decisiones políticas. Y detrás de esas decisiones está un Gobierno andaluz que lleva siete años gestionando la educación.
Si después de años de aumento de recursos Andalucía continúa instalada en los últimos puestos de España en PISA, Moreno Bonilla debería explicar qué resultados está obteniendo su modelo y por qué una parte cada vez mayor del dinero público se dirige a la enseñanza concertada mientras la red pública sigue acumulando carencias.
La educación pública no necesita propaganda. Necesita aulas, profesores, especialistas, climatización, edificios dignos y recursos para atender a todos los alumnos, especialmente a quienes más lo necesitan. Andalucía no puede conformarse con estar por debajo de la media. Está a la cola de España y, después de siete años de gobierno de Moreno Bonilla, esa realidad exige responsabilidades políticas.
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