A Moreno Bonilla le ha salido muy rentable quedarse en San Telmo. El presidente andaluz cobra ahora 92.208,84 euros brutos al año, frente a los 66.230,16 euros que percibía Susana Díaz al final de su etapa al frente de la Junta. Son 25.978,68 euros más, un incremento del 39,22%. Y, mientras se subía el sueldo, también incrementaba la estructura de la Junta: los puestos de libre designación pasaron de 2.436 en 2019 a 2.875 a finales de 2024, 439 más, un 18,02% de incremento.
Y todavía hay más. Moreno Bonilla prometió reducir altos cargos y adelgazar la Administración. No lo ha hecho. Hoy, la nueva estructura de su Gobierno alcanza 314 altos cargos, frente a los 267 que figuraban en 2019: 47 más. Mientras Andalucía soporta graves problemas en sanidad pública, dependencia, educación o prevención de incendios, el aparato de la Junta no deja de crecer. Y ahora, para seguir en el sillón, Moreno Bonilla no ha tenido ningún problema en darle a la ultraderecha todo lo que ha pedido y más.
Hay una palabra que resume bastante bien la trayectoria política de Moreno Bonilla: poder.
Cuando llegó a San Telmo en 2019 necesitó a Vox para convertirse en presidente. Aquel acuerdo convirtió a Andalucía en la primera comunidad autónoma gobernada por el PP con el apoyo de la extrema derecha. Moreno quiso después construir una imagen de moderación, reivindicó una supuesta “vía andaluza” y procuró que aquella alianza quedara en un segundo plano. Pero el tiempo termina colocando a cada cual en su sitio.
En 2026, después de las elecciones autonómicas, Moreno ha vuelto a necesitar a Vox para ser investido. Y esta vez la diferencia es sustancial: Vox no se ha limitado a apoyar desde fuera. Ha entrado en el Gobierno andaluz. El acuerdo alcanzado entre PP y Vox dio a la formación de Abascal una vicepresidencia con competencias en Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
Es decir, aquello que durante años podía presentarse como una relación parlamentaria ahora tiene nombre, despacho y competencias. Moreno Bonilla necesitaba los votos de Vox y los obtuvo aceptando todas sus demandas, incluido un fuerte incremento de cargos en las áreas que dirige la ultraderecha.
El propio Partido Popular defendía en su programa electoral de 2018 una reducción de, al menos, un 25% de los altos cargos y asimilados. Sin embargo, la cifra que hoy encontramos en la estructura del Gobierno andaluz es superior a la que había cuando Moreno llegó a San Telmo. De 267 se ha pasado a 314. Son 47 más.
No es una cuestión de interpretación política: son cifras.
Como también lo son las de los puestos de libre designación.
La respuesta oficial del Gobierno andaluz al Parlamento establece que en 2019 había 2.436 puestos de libre designación. En 2020 fueron 2.442; en 2021, 2.581; en 2022, 2.649; en 2023, 2.709; y en 2024 alcanzaron los 2.875. La propia respuesta explica que este sistema está reservado, entre otros casos, para puestos de especial responsabilidad, colaboración y disponibilidad y para aquellos que requieren confianza personal.
Conviene hacer aquí una precisión para no hacer demagogia con las cifras. Un puesto de libre designación no es sinónimo de cargo político ni de asesor. Son puestos de funcionarios y tienen un régimen jurídico propio. Pero precisamente por eso resulta relevante conocer que una fórmula destinada a determinados puestos de responsabilidad ha aumentado en 439 plazas desde 2019.
No son 439 asesores nuevos. Son 439 puestos más de libre designación. Y esa diferencia importa si se quiere contar la realidad y no fabricar un titular.
El problema es que mientras la maquinaria política y administrativa crece, la Andalucía real continúa esperando.
La sanidad pública es probablemente el ejemplo más evidente. Las terribles listas de espera, las dificultades en atención primaria, el colapso de los hospitales o la falta de sanitarios ha provocado un creciente malestar social y movilizaciones de profesionales y ciudadanos. Y la crisis de los cribados de cáncer de mama ha dejado una herida especialmente difícil de cerrar.
En educación, la situación tampoco se resuelve con anuncios. La Junta sigue sin cumplir sus compromisos en la climatización de centros educativos. Se han cerrado miles de aulas, hay centros educativos que se caen a pedazos mientras las inversiones siguen sin llegar y los barracones se han incrementado.
Y después está la dependencia, donde las listas de espera son intolerables. Cuando una ayuda tarda meses en llegar, el problema no es una cifra en una hoja de cálculo: es una familia que necesita atención.
Lo mismo sucede con la prevención de incendios.
Hace unos días, CCOO ha denunciado que el dispositivo INFOCA afronta el periodo de alto riesgo con más de 250 bomberos forestales pendientes de contratación, alrededor de un 10% de los efectivos que el sindicato considera necesarios. También ha alertado del cierre de torres de vigilancia y de problemas con vehículos y equipos.
Y aquí aparece la contradicción que debería explicar Moreno.
Porque el dinero público no es infinito.
Cuando se trata de mejorar los servicios públicos, cada Gobierno tiene que establecer prioridades. Moreno Bonilla tiene ahora un sueldo presidencial de 92.208,84 euros. No hay nada ilegal en que se suba el sueldo. Tampoco hay nada ilegal en ocupar un puesto de libre designación. Ni en aumentar el número de altos cargos si existe una justificación administrativa.
La discusión es política. Y es muy concreta, ¿cómo puede justificarse que haya dinero y voluntad para aumentar sueldos, altos cargos y puestos de confianza mientras faltan recursos para mejorar hospitales, contratar profesionales sanitarios, mantener colegios en condiciones, atender a las personas dependientes o reforzar la prevención de incendios?
Porque no se trata solo de cuánto cuesta un cargo. Se trata de qué prioridades marca un gobierno cuando decide dónde poner el dinero y dónde no.
Y la discusión es, sobre todo, qué está dispuesto a hacer Moreno Bonilla para conservar el poder.
Porque el presidente andaluz ha demostrado que sí está dispuesto a negociar con Vox. Incluso a incorporarlo al Gobierno. También ha permitido que la estructura de altos cargos alcance una cifra superior a la que recibió en 2019.
Más sueldo. Más altos cargos. Más puestos de libre designación. Y Vox dentro del Gobierno. Esta es la gestión real de Moreno Bonilla.
Porque gobernar no consiste en conservar el sillón. Gobernar consiste en algo muy distinto; consiste en trabajar para mejorar la vida de la gente.
Y mientras Moreno Bonilla ha demostrado una enorme capacidad para encontrar acuerdos cuando necesita votos para seguir en San Telmo, miles de andaluces siguen esperando una cita médica, una intervención, una valoración de dependencia, unas mejores condiciones en su colegio o más medios para proteger sus montes.
Quizá esa sea la pregunta que debería responder el presidente del PP de la Junta de Andalucía.
Si para mantenerse en el poder siempre encuentra una solución, ¿por qué no busca también esas soluciones para los problemas reales que afectan a los andaluces y las andaluzas?
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