Moreno Bonilla apaga el botón rojo: el abandono de los mayores y el caos de la teleasistencia en Andalucía

Hay decisiones políticas que se miden en presupuestos. Otras, en titulares. Y algunas, en minutos. Minutos eternos, angustiosos, decisivos. En Andalucía, hoy, una persona mayor puede pulsar el botón rojo de la teleasistencia - el que debería garantizar ayuda inmediata - y quedarse esperando quince, veinte o más minutos sin que nadie responda. Ese tiempo, cuando hay una caída, un infarto o una crisis respiratoria, no es una anécdota: es la frontera entre vivir y morir.

Mientras esto sucede, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, insiste en que el sistema “funciona con normalidad”. Lo repite desde los atriles, rodeado de cifras y mensajes triunfalistas. Pero la realidad, denunciada por trabajadores y sindicatos en este primer trimestre de 2026, es mucho más cruda: colapsos reiterados, centralitas saturadas y un servicio esencial que ha dejado de cumplir su función básica. El anuncio de parches presupuestarios no oculta que el botón rojo ya no da seguridad; genera miedo.

El diario Público y medios como El Libre han alertado recientemente de un nuevo y sostenido colapso del servicio andaluz de teleasistencia. Ya no es solo el eco de las Navidades; en pleno marzo de 2026, el sindicato CGT ha vuelto a denunciar caídas diarias del sistema informático PNC8, dejando a los teleasistentes a ciegas mientras las llamadas se acumulan. Un colapso grave que afecta a un servicio público que atiende a más de 340.000 personas, muchas de ellas solas y con más de 80 años.

No hablamos de llamadas triviales. La teleasistencia es un servicio de emergencia social y sanitaria. Es la prestación estrella de la dependencia en Andalucía, con cifras récord de usuarios que la propaganda de la Junta de Moreno Bonilla vende como éxito, pero que la gestión diaria convierte en trampa. Para miles de andaluces, la voz al otro lado del teléfono es la única garantía de seguridad diaria. O lo era.

A las puertas de la primavera, la situación ha llegado al límite. Sindicatos como UGT han denunciado un "grave deterioro" que coincide con conflictos laborales y servicios mínimos que apenas cubren el expediente. Cuando la espera supera los veinte minutos porque el software se bloquea o no hay manos suficientes para descolgar, muchos usuarios optan por llamar directamente al 061 o al 112. Es decir, el servicio que debía prevenir y filtrar emergencias se ha convertido en un obstáculo más.

Nada de esto es nuevo. Quienes llevamos tiempo denunciando el desmantelamiento silencioso de los servicios públicos andaluces advertimos que la teleasistencia estaba al borde del abismo. La reciente caída de la infraestructura digital de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) a finales de marzo es solo la punta del iceberg de una administración que se desconecta de sus ciudadanos más vulnerables.

El problema es estructural. En la última década, el número de personas usuarias casi se ha duplicado. Al mismo tiempo, se han multiplicado las prestaciones: sensores de gas, teleasistencia móvil con GPS... Todo ello sin un refuerzo proporcional de personal. La Junta presume de contratar 140 nuevos efectivos en la ASSDA, pero es un movimiento reactivo y tardío que no compensa años de recortes y una carga de trabajo inasumible.

A esta sobrecarga se suma el fracaso de una supuesta “modernización tecnológica”. El programa informático con el que se gestionan las llamadas lleva años fallando de forma recurrente. Según los trabajadores, el sistema se bloquea en picos de demanda, obliga a reiniciar equipos y deja a los usuarios esperando en silencio. Es la "Andalucía tecnológica" de Moreno Bonilla: mucha inteligencia artificial en los discursos y un software que se cae a diario en la realidad de nuestros mayores.

Lo más grave es que hablamos del único servicio de teleasistencia completamente público que queda en España. Andalucía lo mantuvo durante años como un referente de política social eficaz: rapidez, cercanía y humanidad. Hoy, bajo el Gobierno del PP, ese modelo se desmorona mientras organizaciones como FACUA alertan de una "privatización encubierta": la ineficacia pública empuja a quienes pueden permitírselo a buscar empresas privadas.

El deterioro no es solo técnico. Es también humano. Antes, la teleasistencia no se limitaba a responder emergencias: había llamadas de seguimiento, una relación constante. Hoy, ese acompañamiento ha desaparecido bajo la presión de las métricas y los fallos de red. El servicio se ha deshumanizado. Incluso los plazos de dependencia, que la Junta maquilla con medias estadísticas, esconden una realidad de 488 días de espera, dieciséis meses, que muchas veces terminan cuando el solicitante ya ha fallecido.

Moreno Bonilla ha convertido la propaganda en su principal política social. Habla de récords y de eficiencia. Pero un servicio que deja a personas mayores esperando veinte minutos con el botón rojo en la mano no es eficiente: es peligroso. Aquí no se trata de gestionar expedientes, sino de responder cuando alguien no puede levantarse del suelo o no puede respirar.

Andalucía es una comunidad envejecida. Más de un millón de personas supera los 65 años y cientos de miles viven solas. La teleasistencia no es un lujo: es una pieza clave para que puedan seguir viviendo en su casa con dignidad. Cuando falla, falla todo el sistema de cuidados.

La responsabilidad es política. No vale esconderse tras notas de prensa sobre "inversiones récord" si los trabajadores alertan de riesgos y los medios documentan esperas inaceptables. Si el sistema informático se cae y los sindicatos tienen que ir a la huelga para pedir medios dignos, el problema es de quien se sienta en San Telmo.

Invertir en teleasistencia no es gastar más: es salvar vidas. Significa reforzar plantillas de verdad, blindar los sistemas digitales contra caídas vergonzosas y recuperar el componente humano. Significa poner la vida por delante del titular.

Hoy, cada llamada sin respuesta y cada minuto de espera frente al botón rojo tienen un responsable. Y mientras Moreno Bonilla siga mirando hacia otro lado, ese silencio al otro lado del teléfono seguirá pesando sobre su gestión. En política social, negar el colapso no lo evita: solo lo hace más cruel.