La “moderación” de Juanma Moreno se resquebraja. El adelanto electoral en Andalucía apunta a una maniobra calculada para desviar la atención de los ciudadanos sobre los graves problemas con la justicia que cercan al entorno del presidente. La transparencia en San Telmo parece haber dejado paso a una estrategia de muros y silencios.
Andalucía asiste a un escenario desconcertante donde las fechas no son casualidad y las omisiones pesan más que las palabras. Con la gestión de la sanidad y la vivienda bajo un suspenso rotundo de la mayoría de la población -según revelan los últimos sondeos-, la pregunta es inevitable: ¿Por qué el presidente corre hacia las urnas mientras echa el cerrojo a los datos del 112 en el trágico accidente de Adamuz? ¿Qué es lo que no nos quiere contar?
El calendario de la sospecha: ¿Votar antes de que hable la justicia? Lo decía Gabriel Rufián con esa lucidez ácida que a veces le caracteriza: dos noticias juntas se entienden mejor. En la política andaluza, el calendario se ha convertido en la herramienta de marketing más poderosa del PP, pero también en su mayor delator. Si unimos los puntos, la imagen que resulta no es la de un presidente preocupado por la estabilidad de su tierra, sino la de un estratega tratando de evitar que el fango de presuntas tramas de corrupción manche su campaña electoral.
Hagamos memoria reciente, porque la cronología de los hechos es reveladora. El pasado 23 de febrero, Moreno Bonilla aseguraba con solemnidad ante los medios: “Las elecciones serán en junio salvo que ocurra algo anormal”. Sin embargo, apenas un mes después, el 23 de marzo, la “anormalidad” se hizo realidad con un adelanto repentino al 17 de mayo. ¿Qué cambió en esos 30 días para que la urgencia democrática se disparara?
La respuesta no parece estar en la economía ni en la necesidad de nuevos presupuestos; la respuesta asoma en los pasillos de la justicia. Tal y como han adelantado varios medios como El País, el calendario judicial no miente: los 32 imputados en el “Caso Mascarillas” de la Diputación de Almería empezarán a declarar ante el juez a partir del 28 de mayo y el expresidente de la institución está citado el 26 de junio, 15 días después de que se constituya el Parlamento andaluz.
La coincidencia temporal es de una frialdad técnica que asusta: se ha convocado a los andaluces para que voten exactamente once días antes de que comience el desfile judicial. Todo apunta a que se quería que los ciudadanos acudieran a las urnas bajo el influjo del confeti de campaña y no bajo el impacto de los titulares sobre banquillos, presuntas malversaciones y comisiones ilegales en plena pandemia. Es, presuntamente, una maniobra de distracción masiva a la ciudadanía: pedir el voto antes de que la verdad judicial sea un clamor imposible de silenciar en los medios de comunicación.
Pero este patrón de opacidad tiene un capítulo aún más doloroso, uno que toca directamente la fibra ética de cualquier gobierno: el accidente de Adamuz. ¿Recuerdan aquellas imágenes de Moreno Bonilla, con los ojos empañados tras la tragedia? Fue un despliegue de empatía humana que recorrió todas las pantallas. Sin embargo, hoy, esa supuesta humanidad choca frontalmente con la realidad de los hechos: la resistencia numantina de su Gobierno a entregar las grabaciones y el expediente del 112 sobre lo que ocurrió aquel día.
Es una contradicción que clama al cielo. Según informaciones publicadas por Cordópolis, la Junta de Andalucía se está negando sistemáticamente a entregar las grabaciones incluso ante las peticiones reiteradas de la comisión que investiga el caso. Como bien señala la portavoz socialista Ángeles Férriz: “¿Qué hay en esas grabaciones que Moreno Bonilla teme tanto? ¿Qué escucharíamos si esos audios salieran a la luz?”.
Todos los andaluces queremos saber la verdad de lo que pasó en Adamuz, pero parece que el Gobierno del PP prefiere que nos quedemos con la versión del decorado. El bloqueo del expediente del 112 no es solo una falta de transparencia; es una falta de respeto a la memoria de las víctimas. La transparencia no se demuestra con declaraciones de duelo; se demuestra entregando los datos. ¿Por qué es tan "raro" ese expediente como para preferir el desgaste político de la ocultación antes que la luz de la publicación?
Este clima de sospecha coincide con un divorcio social sin precedentes. Mientras San Telmo se obsesiona con el control de daños, la calle ha dictado sentencia. Según el reciente barómetro publicado por ABC, más de la mitad de los andaluces -un contundente 55%- suspenden la gestión de Moreno Bonilla en sanidad y vivienda.
En sanidad, el diagnóstico es demoledor. Moreno Bonilla no solo suspende; su gestión está dañando el sistema público de forma estructural. Andalucía ostenta hoy el triste récord de tener las listas de espera más elevadas del país, con una media de 160 días para una intervención. Como denuncian plataformas en defensa de “Lo Público”, la atención primaria ha sido machacada, con menos médicos por habitante que la media nacional, mientras se desvían fondos a conciertos privados. Es un modelo donde el código postal importa más que el código genético.
En vivienda, la situación es de emergencia. Los precios de los alquileres se han disparado, devorando los salarios y expulsando a los jóvenes de sus barrios. Ante esto, Moreno Bonilla ha optado por la inacción: se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda estatal que permitiría limitar los precios en zonas tensionadas. Prefiere proteger los intereses de los grandes tenedores que el derecho de las familias a un hogar asumible. El responsable de que no se pongan límites a este abuso tiene nombre y apellidos en San Telmo.
¿Qué tiene que ver todo esto? Todo. Es el retrato de un presidente que ha pasado de la “sonrisa amable” al cálculo frío para intentar proteger su relato. El adelanto electoral parece una confesión de que hay algo que no debe saberse antes de pasar por las urnas. El bloqueo de Adamuz sugiere que hay una verdad “peligrosa”. Y el colapso social es la factura de un modelo que solo beneficia a unos pocos.
La situación es insostenible. Andalucía no puede permitirse más años de opacidad y degradación de lo público. Por eso, la cita del 17 de mayo es crucial. No basta con la indignación; es necesaria una movilización masiva para recuperar la dignidad de nuestras instituciones
Andalucía necesita una alternativa solvente y valiente. Y esa alternativa pasa por el PSOE andaluz liderado por María Jesús Montero. Es el momento de recuperar una Junta que no se esconda, que no le niegue la información a las familias de las víctimas y que entienda que la sanidad y la vivienda son derechos sagrados. El 17 de mayo, la papeleta del PSOE es el único antídoto contra la opacidad. Porque después de tanta “anormalidad”, Andalucía necesita luz, verdad y justicia social.
