Las SLAPP, principal tarea pendiente de España contra la persecución judicial

La utilización de los tribunales, por parte de empresas, personalidades poderosas y organizaciones instrumentales, para perseguir a periodistas, personalidades públicas, ONGs y asociaciones populares es un habitual en España. El desgaste al que someten los poderosos a aquellos que levantan la voz contra sus prácticas, en connivencia con jueces partidistas, ha generado imágenes vergonzantes en los tribunales españoles. Un proceder para nada novedoso y que Europa ya instó a sus países miembros a abordar, a través de una directiva conocida como la Ley Daphne, que el Gobierno debe trasponer antes del 7 de mayo.

Las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuit Against Public Participation), son acciones judiciales abusiva que despliegan empresas, formaciones políticas o sus organizaciones instrumentales para castigar a periodistas, activistas, sindicalistas o ciudadanos que denuncian asuntos de interés público. La principal intención es el desgaste económico, psicológico, social y laboral a través de un proceso judicial interminable que termine por hacer desistir a aquel que se atreve a levantar la voz contra el poder y sus procederes mafiosos.

“Esta estrategia implica el uso de demandas estratégicas contra la participación pública para imponer una narrativa histórica oficial y restringir el debate sobre la memoria histórica”, expone la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE). “Son una forma de acoso, generalmente a través de procedimientos judiciales, con las que las grandes corporaciones y los poderes públicos tratan de acallar a periodistas, medios de comunicación, denunciantes de irregularidades y defensoras de los derechos humanos, así como a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas, investigadores y académicos para disuadirles de ejercer su derecho de opinión”, ahonda Greenpeace, víctima en más de una ocasión.

La Directiva 2024/1069, aprobada el 11 de abril de 2024, fue impulsada para combatir estas actuaciones. Proteger a la sociedad civil de las demandas infundadas, para blindar su actuación; garantizar la transparencia informativa y otorgar garantías judiciales y económicas a los perseguidos, buscando desincentivar estos tipos de demandas; proteger a activos más allá de los medios de comunicación, más aislados; y certificar el derecho a la libertad de expresión son algunos de los aspectos que busca garantizar esta normativa. España, incomprensiblemente, todavía no la ha traspuesto y deberá hacerlo antes del 7 de mayo si quiere evitar sanciones.

Nuestro país no es el único que, pese a ser totalmente consciente de este tipo de prácticas y de quienes las protagonizan, no ha actuado. Portugal, Italia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia o Luxemburgo tampoco lo han hecho. Dos años perdidos y durante los cuales esta persecución ha continuado impune, con la inestimable ayuda de jueces, gustosos y beneficiarios de ser partícipes. España no tiene más opción que trasponer la Directiva y, cuanto más tarde, más tiempo continuarán en riesgos aquellos que no agachen la cabeza.  

Víctimas también de los jueces

Las demandas, en la mayoría de ocasiones, ni siquiera deberían tener recorrido por su carácter infundado, pero eso sería fingir que existen jueces que son partícipes activos de estas estrategias. Es más, en España es cada vez más normal el uso de esta estrategia y la aceptación de querellas delirantes que suponen una persecución. Sindicatos de vivienda, que enfrentan a fondos especuladores internacionales; denunciantes de la brutalidad policial y de las torturas que, todavía a día de hoy, se producen en cárceles y comisarías; o los activistas ecologistas, que plantan cara multinacionales, son algunas de las víctimas más habituales.

También los periodistas son fruto de esta práctica. O los cómicos críticos, especialmente perseguidos en España, junto a raperos o perfiles izquierdistas críticos con el sistema y sus instituciones. Detrás de las actuaciones se encuentran actores poderosos que, según CASE, “están diversificando estratégicamente sus demandas legales más allá de la difamación tradicional para explotar las complejidades procesales y eludir las defensas de interés público establecidas para la libertad de expresión”.

El último informe sobre estas prácticas, relativo a 2025 y realizado por la Fundación Daphne Caruna Galizia -principal impulsora de la normativa contra la SLAPP-, apuntan a que “los litigantes más frecuentes son quienes ocupan posiciones de poder, es decir, empresas y políticos”. Si bien no siempre lo hacen en su nombre, físico o jurídico, sino que utilizan brazos jurídico instrumentales, vinculados a partidos e intereses. Su financiación les delata y sus nombres, en España, son de sobra conocidos. Y poco disimulados (Hazte Oír, Abogados Cristianos, etc.).