En Andalucía, ser enfermo renal no significa solo convivir con una enfermedad dura: significa enfrentarse a un gobierno que ha decidido mirar hacia otro lado. Bajo la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, la hemodiálisis se ha convertido en un calvario marcado por esperas interminables, rutas imposibles y una carencia estructural de recursos. Lo que debería ser una prioridad absoluta de salud pública se ha transformado en el ejemplo más claro de un modelo que desmantela lo público para alimentar la privatización.
Las consecuencias están a la vista: rutas de transporte sanitario que duran media jornada, pacientes que aguardan hasta seis meses para ver a un nefrólogo, unidades funcionando al 120% de su capacidad y recortes sistemáticos en servicios esenciales como los taxis sanitarios. Es imposible no ver el patrón: se deja caer la sanidad pública mientras crecen los fondos dirigidos a clínicas privadas. Andalucía se está convirtiendo en un territorio donde enfermar es un castigo adicional y donde la pobreza amenaza con convertirse en una condena.
María, sevillana de 68 años con enfermedad renal crónica en estadio 4, lo resume sin matices: “Llevo cuatro meses esperando para que me vea el nefrólogo”. Su caso, lejos de ser una excepción, es la norma. Según la Federación Nacional ALCER, la espera media para una primera consulta nefrológica en Andalucía supera los 90 días, muy por encima de los 45 que se consideran clínicamente aceptables. En algunas provincias, la demora real alcanza los seis meses. Cada uno de esos meses implica algo muy concreto: pérdida irreversible de función renal, diagnósticos tardíos y complicaciones evitables.
La Sociedad Andaluza de Nefrología lo advierte con contundencia: “Cada mes de retraso en el diagnóstico significa un porcentaje de función renal que no recuperaremos. Estamos jugando con fuego, y los pacientes pagan las consecuencias”. Pero en la Consejería de Salud el fuego parece no quemar: se priorizan campañas de imagen mientras la nefrología acumula una inversión un 12% inferior a la media nacional.
La situación se vuelve crítica cuando hablamos del acceso a diálisis. Según el Informe de Tiempos de Espera para Tratamientos Renales Sustitutivos (2024), en provincias como Huelva y Jaén los pacientes pueden esperar hasta diez semanas para comenzar un tratamiento que literalmente marca la diferencia entre vivir o morir. Diez semanas que se traducen en complicaciones cardiovasculares, deterioro del estado nutricional, impacto psicológico severo y progresión acelerada de la enfermedad.
La saturación del personal sanitario completa este cuadro desolador. SATSE denuncia turnos que comienzan a las seis de la mañana y terminan pasada la medianoche. Máquinas que no descansan. Profesionales exhaustos. Una enfermera atiende a cinco o seis pacientes simultáneamente cuando lo recomendable son tres o cuatro. “No podemos dar la atención que querríamos”, admiten. No pueden, porque trabajan con un 8% menos de personal que en 2018 y en unidades saturadas al 120%. Pretender un servicio digno en estas condiciones es una ficción.
En zonas rurales, la enfermedad renal se convierte además en una condena económica. Antonio, de 35 años, vecino de la sierra de Huelva, recorre 120 kilómetros tres veces por semana para recibir su diálisis. “He tenido que dejar mi trabajo en el campo. Mi mujer me acompaña cada vez, así que ella tampoco puede trabajar. Vivimos de lo que nos ayuda la familia”. Su caso se repite en cada provincia: vidas enteras reorganizadas alrededor de una enfermedad y de un sistema que parece empeñado en no ayudar.
A esta carga económica y emocional se suma el casi total abandono del apoyo psicológico. Solo el 30% de las unidades cuentan con un psicólogo especializado, dejando a los pacientes solos frente a un proceso que implica duelo renal, dependencia de máquinas y un desgaste familiar enorme. La resiliencia emocional no puede ser el único recurso cuando la vida depende de ello.
Y en medio de este panorama, llega una decisión que ha desbordado a los pacientes: la Junta elimina los taxis sanitarios para enfermos renales. Lo que antes garantizaba desplazamientos directos y rápidos se sustituye por ambulancias colectivas que recogen hasta ocho personas, recorren pueblos enteros y multiplican los trayectos. Tres veces por semana. Todo el año. Después de sesiones que dejan a los pacientes mareados, con la tensión por los suelos y exhaustos, el viaje de vuelta se convierte en un suplicio.
Francisco, de 72 años, se ha visto obligado a alquilar una habitación en Sevilla para estar cerca de su centro de diálisis: “No veo a mi familia desde hace meses”. Rosa, de Écija, falta a una sesión cada dos semanas. “Sé que me estoy matando, pero no tengo alternativa”. Carmen, de Lebrija, lo dice sin rodeos: “Con la eliminación del taxi, mi hija tuvo que pedir reducción de jornada para llevarme. Hemos perdido 400 euros al mes. ¿Cómo vamos a vivir?”.
Para la Junta esto es “optimización de recursos”. Para los pacientes, es abandono terapéutico. Sin transporte adecuado, simplemente no pueden acudir al tratamiento. Y las consecuencias ya se notan: un aumento del 30% en las faltas a sesiones en zonas rurales, más hospitalizaciones evitables, más complicaciones, más sufrimiento.
La ironía es que la medida ni siquiera ahorra dinero. Un estudio de la Universidad de Sevilla revela que suprimir los taxis sanitarios incrementa el gasto por el aumento de hospitalizaciones, las complicaciones clínicas y la pérdida de productividad de familiares cuidadores. No hay ahorro: hay sufrimiento. Y, cómo no, hay negocio para las empresas concesionarias del transporte sanitario privado.
Miles de enfermos renales soportan ambulancias que tardan cinco horas en recorridos que en coche particular serían 90 minutos. Rutas circulares planteadas para ahorrar gasolina, no para respetar cuerpos debilitados. María, de 58 años, con diabetes y neuropatía, lo explica así: “Cada bache es un martirio. Llego a diálisis con los nervios destrozados y el azúcar por las nubes. Es como si el viaje fuera parte del castigo por estar enferma”.
Uno de cada siete adultos en Andalucía padece enfermedad renal crónica. Más de 14.000 personas necesitan diálisis o trasplante para seguir viviendo. Y aun así, el Gobierno de Moreno Bonilla considera que esta prioridad vital no merece más inversión, ni medios, ni respeto.
Las asociaciones llevan años reclamando 50 nuevas máquinas, 120 enfermeras especializadas adicionales, modernización de equipos con más de ocho años de uso y un transporte digno. Todo ignorado. Todo pospuesto.
Los enfermos renales no piden privilegios: piden dignidad. Piden que se valore su tiempo, su salud y su vida. Piden lo mínimo: que la Junta deje de vender como progreso lo que es un retroceso sin precedentes. Andalucía merece un sistema sanitario que cuide, no que castigue. Señor Moreno Bonilla, entérese: la hemodiálisis no es un trámite administrativo. Es una cuestión de vida o muerte. En sentido literal.
