Normalmente, una debe evitar pisar más charcos de los necesarios. Pero otra, no queda más remedio que mojarse las botas. Y creo que esta es una de esas ocasiones.
Saltaba en estos días la noticia de algo de lo que, o mucho me equivoco, o se seguirá hablando durante mucho tiempo. La presunta comisión de un delito por parte de quien mantiene una relación sentimental con la más famosa presidenta de una Comunidad Autónoma y la no tan presunta admisión de esos hechos en busca de un acuerdo con la fiscalía en busca de una posible conformidad, probablemente lo más limpia y silente que fuera posible.
Pero no es fácil en estos tiempos que corren que nada quede en silencio, por más que su protagonista lo pretenda, si ese protagonista tiene relevancia pública, como es el caso.
Así que, como dice el refrán, cuando menos se espera, salta la liebre. Y la liebre saltó en forma de publicación en un periódico de esos correos. ¿De dónde salió la información? Pues ni se sabe ni se sabrá a ciencia cierta porque es de sobra conocido el derecho del informador a no revelar sus fuentes. Faltaría más.
A partir de ahí, comienzan los juegos del hambre. Insinuaciones, y mucho más que eso, de que ha sido la fiscalía quien ha “filtrado”. Y nótese el entrecomillado porque, tratándose de una fuente oficial, es difícil emplear el término “filtración”. Y la fiscalía tiene el deber de informar a la opinión pública según nuestro propio Estatuto Orgánico y las circulares e Instrucciones que lo desarrollan.
Precisamente la transcripción literal de ese precepto me ha valido un aluvión de respuestas en una red social. Muchas de ellas insistían en que el propio artículo establece los límites en el secreto de sumario y los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo. Y ahí está el quid de la cuestión.
Me alucina la cantidad de gente con supuestos conocimientos jurídicos que esgrime un secreto de sumario inexistente. Porque aquí no hay secreto de sumario, simple y llanamente, porque no se ha decretado, que está perfectamente regulado en la ley y no es el caso. Por eso no se puede mantener lo de que todos los sumarios son secretos, porque ni es un sumario ni está declarado tal. Lo que sí tiene, como toda causa judicial, es la obligación de reserva, sobre todo para no frustrar los fines de la instrucción.
Pero hete tú aquí que la reserva se quebró cuando de algún modo llegó la noticia a la prensa. Y entonces la fiscalía no hace otra cosa que, en cumplimiento de su obligación, informar a la opinión pública de lo que ha pasado. Sin revelar nada, porque todo había sido revelado ya.
Como fiscal, sé muy bien que el comodín del fiscal y las órdenes del gobierno está siempre ahí, pero no siempre puede usarse. Recordemos que los comodines solo se usan cuando no hay un naipe que encaje. Y aquí lo había. Aunque haya a quien no le guste y prefiera sacar otro.
SUSANA GISBERT. Fiscal y escritora (@gisb_sus)
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