Feijóo, a mí no me puedes engañar. Tampoco Rajoy. Ni Ayuso. Porque yo estaba allí. Representaba a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Popular gobernaba España y desde mi escaño registré cientos de preguntas parlamentarias sobre el estado real de nuestras infraestructuras ferroviarias. No hablaba de oídas ni construía relatos interesados tras una desgracia. Preguntaba con datos, exigía respuestas y las obtenía. Respuestas oficiales, firmadas por el propio Gobierno del PP, que hoy desmontan pieza a pieza la feroz y cínica ofensiva política que la derecha ha desatado tras el reciente accidente ferroviario de Adamuz.
Lo que estamos viendo estos días no es preocupación por la seguridad ferroviaria ni respeto a las víctimas. Es oportunismo político en estado puro. Un intento de reescribir el pasado, de borrar años de recortes, abandono y dejadez, y de convertir en arma arrojadiza una tragedia que exige rigor, prudencia y memoria. Porque memoria es precisamente lo que parece faltar a los que hoy gritan más alto.
Durante los años de M. Rajoy, el sistema ferroviario no avanzó: retrocedió. Y no lo digo yo ahora; lo dijeron entonces las respuestas parlamentarias de su propio Gobierno. El AVE, durante décadas símbolo de puntualidad y fiabilidad, empezó a perder su condición de “reloj de España”. Entre 2012 y 2017, los trenes de alta velocidad con retrasos superiores a 29 minutos se triplicaron: de 170 en 2012 a 750 en 2017. Comparando solo las mismas líneas, para evitar excusas, el aumento fue igual de contundente: de 170 a 441. No es una opinión: es un dato oficial del Gobierno del PP.
Mientras tanto, uno de cada cinco convoyes incumplía horarios en líneas clave como la Madrid-Sevilla, donde se llegaron a acumular hasta 17 restricciones de alta velocidad por mantenimiento inadecuado. El deterioro de las vías y el envejecimiento del material rodante no eran una hipótesis: eran una realidad reconocida por el propio Ministerio de Fomento.
La red crecía sobre el papel, pero se vaciaba por dentro. Tras un aumento inicial de servicios entre 2012 y 2014, el número de circulaciones se estancó y cayó hasta quedarse en 62.314, pese a que la red alcanzaba los 3.100 kilómetros tras invertir más de 50.000 millones de euros en décadas anteriores. Los nuevos corredores apenas sumaron 3.022 servicios, mientras los ya existentes perdían más de 3.200. ¿La razón? Falta de trenes.
Durante casi cinco años, Renfe no realizó grandes pedidos de material rodante para Cercanías ni Media Distancia. Cero euros en renovación de flota. Los trenes envejecían, faltaban repuestos, aumentaban las averías y los convoyes pasaban más tiempo en talleres que en las vías. El Gobierno no reaccionó hasta 2016, con una compra tardía e insuficiente de 30 trenes de alta velocidad por 1.262 millones de euros. Esa sequía inversora no fue una casualidad: fue una decisión política.
A esa parálisis se sumó un recorte severo en el mantenimiento. La inversión en conservación de la red convencional se redujo en torno a un 30%. Menos brigadas, más externalizaciones y más incidencias.
Ni siquiera los detalles más básicos escaparon a esa lógica de recorte. Hubo preguntas parlamentarias hasta sobre la limpieza de los baños del AVE, con contratos tan ajustados que los aseos fuera de servicio y la falta de higiene se convirtieron en algo habitual. Lo pequeño reflejaba lo grande: abandono, dejadez y una peligrosa normalización del deterioro.
El impacto fue especialmente duro en Andalucía. Mientras otras comunidades recibían inversiones muy superiores, los corredores ferroviarios andaluces apenas recibieron 1,5 millones de euros desde 2011. Se perdieron proyectos estratégicos como el Anillo Ferroviario de Antequera, con 400 millones de euros previstos y fondos europeos que se esfumaron por incapacidad de gestión.
Todo ello tuvo consecuencias claras en la puntualidad. Entre 2012 y 2017, con un aumento del 29% en el número de trayectos, los trenes con retrasos superiores a 25 minutos se multiplicaron por cuatro. En la línea Madrid-Málaga, los retrasos graves aumentaron un 353%. Solo en Andalucía, las indemnizaciones por retrasos superaron los 10 millones de euros durante el mandato del PP.
En 2012, la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres fue la que más circulaciones tuvo y también la que más retrasos acumuló. Cinco años después, con menos servicios programados, las incidencias seguían creciendo. Y en 2017, la línea Barcelona-París, con apenas 1.730 circulaciones, fue la que más problemas registró. El problema no era la demanda: era la gestión.
Todo esto quedó reflejado en cientos de respuestas parlamentarias. Por eso resulta tan irresponsable banalizar hoy aquel periodo o disfrazarlo de “austeridad”. No fue austeridad: fue abandono. Y en materia ferroviaria, el abandono tiene consecuencias.
Y ahora, tras el accidente de Adamuz, quienes protagonizaron ese periodo negro del ferrocarril pretenden dar lecciones. Feijóo señala y Ayuso amplifica el ruido. Ninguno menciona los recortes, la falta de mantenimiento ni la sequía de trenes nuevos. Ninguno recuerda que el peor accidente ferroviario de nuestra historia reciente, el de Angrois, ocurrió bajo un Gobierno del Partido Popular. Fue el 24 de julio de 2013 y dejó 80 víctimas mortales. Un hecho que debería bastar para rebajar el tono y huir de la mentira.
Frente a ese pasado, conviene hablar del presente con datos. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, la política ferroviaria dio un giro de 180 grados. La inversión total en infraestructuras pasó de 1.700 millones de euros anuales en la última etapa de Rajoy a más de 5.400 millones ejecutados en 2024. Se triplicó el esfuerzo inversor para recuperar años perdidos.
El mantenimiento dejó de ser la partida sacrificada. El gasto en conservación de la red ha aumentado un 52% en la última década, pasando de unos 737 millones en 2016 a más de 1.120 millones de euros en 2025. La inversión por kilómetro de vía se ha incrementado un 58%, de 45.000 a más de 71.000 euros, con un objetivo claro: fiabilidad es seguridad.
Y, sobre todo, se acabó la sequía de trenes. Frente a los “cero euros” de Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado más de 3.500 millones de euros para adquirir 345 nuevos trenes de Cercanías y Media Distancia. Una renovación histórica de la flota, largamente demandada, que empieza a revertir años de abandono.
Nada de esto borra el dolor de un accidente ni evita la necesidad de investigar, mejorar y reforzar la seguridad. Pero sí desmonta la mentira. Sí deja en evidencia el cinismo de quienes recortaron y ahora señalan. Y sí obliga a decir basta.
Basta de bulos. Basta de demagogia. Basta de utilizar las tragedias como arma política. A mí no me podéis engañar, porque yo estaba allí. Pregunté, insistí y obtuve respuestas. Y esas respuestas que ahora actúan como fuentes disolventes de las mentiras y los bulos del PP. Y esas respuestas, hoy más que nunca, deberían servir para algo tan básico como decir la verdad y respetar la memoria, la seguridad y la inteligencia de la ciudadanía.
