En 2023, María Guardiola fue tajante: no podía gobernar con quienes negaban la violencia machista. Aquella frase no fue un matiz ni una declaración ambigua. Fue una línea roja. Un límite político y moral que pretendía situar al PP extremeño en el espacio de la defensa de la igualdad. En diciembre de 2025 insistía en ese mismo planteamiento. Sin embargo, esta semana ha dado un giro que no admite interpretaciones suaves: ahora sostiene que el feminismo que ella defiende es el mismo que defiende Abascal.
No ha cambiado Vox. No ha variado su discurso sobre violencia de género, igualdad o políticas de diversidad. Lo que ha cambiado es la necesidad de poder del PP. Y ese cambio no es solo personal ni coyuntural: es político, estructural y profundamente revelador.
El viraje de Guardiola no es una simple contradicción individual. Es la confirmación visible de una estrategia más amplia dentro del PP. No es una excepción extremeña; es el síntoma de un proyecto que ha asumido que los derechos de las mujeres son negociables si el precio es gobernar. Y esa decisión tiene alcance nacional y una dirección clara: la línea marcada por Feijóo.
Han pasado de hablar de “tufo machista” a compartir marco ideológico con quienes cuestionan el consenso institucional en torno a la violencia de género. De levantar un veto ético a normalizar un discurso que hace apenas dos años se consideraba incompatible con la defensa de la igualdad.
Cuando una dirigente autonómica afirma que el feminismo que defiende es el mismo que defiende Abascal, está haciendo algo más que justificar un pacto parlamentario. Está legitimando una narrativa. Está validando un marco que durante años ha cuestionado las leyes específicas contra la violencia machista y ha intentado sustituirlas por conceptos genéricos que diluyen la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuál era la posición sincera? ¿La de 2023? ¿La de diciembre? ¿O la de ahora? Porque si los principios cambian en función de la aritmética parlamentaria, dejan de ser principios para convertirse en herramientas tácticas.
El PSOE extremeño ha exigido explicaciones y ha acusado a Guardiola de blanquear el discurso ultra para mantenerse en el poder. Más allá del cruce partidista, la cuestión de fondo es democrática: ¿puede alguien defender la igualdad real mientras asume el marco ideológico de quienes cuestionan sus fundamentos?
Reducir el análisis a Extremadura sería un error. Esta estrategia comenzó cuando Feijóo asumió la presidencia del PP. Su primera gran decisión de calado territorial fue normalizar la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. Aquello no fue un accidente ni una anomalía local. Fue una declaración de intenciones.
Desde entonces, el proceso ha sido gradual pero constante. Se dejó de hablar de “extrema derecha” para adoptar términos más neutros. Se empezó a describir a Vox como “socio necesario”. Se suavizó el lenguaje. Se asumieron marcos culturales que antes se combatían. El debate público se trasladó progresivamente al terreno que marcaba Vox y se les denominó públicamente como “hermanos”.
El episodio de Castilla y León fue revelador. Desde la vicepresidencia autonómica, Vox anunció medidas relacionadas con el aborto que incluían ofrecer la escucha del latido fetal o ecografías 4D antes de interrumpir un embarazo. Aquellas propuestas generaron alarma social, movilización y una profunda inquietud en sectores amplios de la ciudadanía. No solo por el contenido de las medidas, sino por lo que simbolizaban: la capacidad de influir en la agenda pública desde posiciones que cuestionan consensos básicos sobre derechos reproductivos.
El patrón es reconocible: primero se pacta; después se normaliza; más tarde se integra el discurso. Lo que empieza como una necesidad aritmética acaba transformándose en una convergencia conceptual.
Guardiola representa el siguiente paso en esa evolución: la interiorización del marco. Ya no se trata únicamente de gobernar con Vox porque “no hay otra alternativa”. Se trata de afirmar que el feminismo propio es compatible con el de quien niega la especificidad de la violencia de género. Se trata de borrar la frontera conceptual.
Durante años, Feijóo aparentó ser el rostro moderado de la derecha española. Esa imagen contrasta con una trayectoria al frente del PP marcada por la normalización sistemática de Vox como aliado estructural. No como excepción incómoda, sino como parte estable del proyecto político.
El caso de Guardiola lo deja al descubierto con nitidez. Porque su giro no parece improvisado ni fruto de una declaración aislada. Es coherente con una estrategia que asume que el coste electoral de pactar con Vox es menor que el coste de no gobernar. Y en esa ecuación, los principios quedan subordinados a la aritmética.
El problema no es solo interno. Es el mensaje que se envía a la sociedad. Cuando las líneas rojas desaparecen, cuando lo que ayer era inaceptable hoy se presenta como compatible, la credibilidad institucional se erosiona. La ciudadanía percibe que los compromisos pueden ser reversibles si cambian las circunstancias.
Las mujeres extremeñas —y, por extensión, las mujeres españolas— tienen derecho a saber cuál es el compromiso real de sus representantes con la igualdad. No el compromiso táctico, no el condicionado por un acuerdo presupuestario o por una votación ajustada. El compromiso real.
Porque cuando los derechos se convierten en moneda de cambio, dejan de ser derechos universales para convertirse en concesiones temporales. Y la igualdad no puede depender del equilibrio de fuerzas en un parlamento.
Este no es un debate retórico. Es un debate sobre el modelo de país. Sobre si la igualdad entre hombres y mujeres es un principio irrenunciable o una variable negociable. Sobre si el consenso construido durante décadas en torno a la lucha contra la violencia machista es un suelo común o un terreno movedizo.
El giro de Guardiola no es anecdótico. Es revelador. Confirma una forma de hacer política en la que el poder justifica casi cualquier cesión. Y confirma que la frontera entre el PP y Vox es cada vez más difusa.
De vetar a Vox a asumir su marco ideológico hay más que una frase. Hay una transformación política de alcance nacional. Y esa transformación no habla únicamente de Extremadura. Habla del rumbo que el Partido Popular ha decidido tomar bajo el liderazgo de Feijóo.
La cuestión ya no es si pactan. La cuestión es qué están dispuestos a asumir para hacerlo. Y esa respuesta, cada vez más, inquieta a quienes creen que la igualdad no debería depender del resultado de una votación, sino ser el punto de partida innegociable de cualquier proyecto democrático.
