La aprobación el pasado 25 de noviembre de la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería del Ayuntamiento de Madrid confirma, como venía advirtiendo desde septiembre la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que el Gobierno municipal no ha escuchado las demandas esenciales del movimiento vecinal y ha optado por consolidar un modelo que subordina el interés general al de una parte, y no mayoritaria, del sector hostelero.
Las alegaciones presentadas por la FRAVM eran claras y se basaban en recuperar el equilibrio en el espacio público, garantizar el derecho al descanso, acabar con la ocupación abusiva de calles y plazas, impedir la expansión de terrazas en zonas saturadas, poner freno al ruido nocturno y reforzar la disciplina municipal frente a los incumplimientos reiterados. Pero estos elementos, los que realmente marcan la diferencia entre una convivencia equilibrada y un espacio público privatizado, han sido descartados o diluidos en el texto final.
El Ayuntamiento ha elegido mirar hacia otro lado. A pesar de disponer de un diagnóstico ampliamente compartido (barrios saturados, aceras bloqueadas, ruido constante, falta de control efectivo…), la nueva ordenanza mantiene privilegios a quienes ya disfrutan de enormes ventajas. Y lo hace sacrificando los derechos de miles de vecinos que llevan años soportando las consecuencias negativas de un modelo depredador, escasamente productivo y que hace aguas constantemente como demuestra el cierre de más de 300 restaurantes este 2025, según previsiones de especialistas en el sector.
Esta decisión política no es casual. Forma parte de una línea de gobierno donde el espacio público se concibe como un ámbito sujeto a explotación económica antes que como un bien común. El Ayuntamiento ha ignorado las demandas esenciales de quienes viven en los barrios y ha preferido contentar a quienes hacen del espacio público un recurso comercial permanente. Se ha perdido una oportunidad de construir una ciudad más equilibrada, más habitable y más justa.
La FRAVM había propuesto criterios razonables y ampliamente respaldados por la ciudadanía y entendidos por buena parte del empresariado más consciente y comprometido con sus entornos: limitar terrazas en zonas tensionadas, retirar veladores en calles demasiado estrechas, garantizar itinerarios peatonales accesibles, reforzar las sanciones para quienes incumplen y asegurar que el descanso vecinal sea un derecho efectivo, no una declaración retórica. Nada de eso aparece con fuerza en el proyecto aprobado.
Es preocupante que un Ayuntamiento que habla de “ciudad para vivir” actúe como si el bienestar de quienes habitan los barrios fuera secundario. Una norma que regula el uso cotidiano del espacio público debería equilibrar intereses, no inclinar la balanza hacia quienes ya cuentan con capacidad económica, influencia y presencia privilegiada en el debate público.
Madrid necesitaba una ordenanza valiente, capaz de reconocer que el espacio público no es un negocio, sino un derecho urbano fundamental. Lo que ha aprobado el Ayuntamiento, en cambio, es una norma que perpetúa los problemas actuales y, previsiblemente, agravará la tensión en los barrios más afectados.
La ciudad merece algo distinto: políticas que pongan primero a la gente y no a los lobbies; instituciones que escuchen a quienes representan el interés común; y un modelo urbano que entienda que sin descanso, sin espacio, sin convivencia y sin igualdad de acceso, Madrid deja de ser una ciudad habitable para convertirse en un gran parque temático de consumo.
Diego Cruz Torrijos
