Y ayer la Unión Europea cumplió 60 años en un momento en que el euro, la moneda común, su gran hazaña, recibe fuertes presiones en las batallas de Grecia y Portugal poniendo las barbas hispanas a remojar.

En la idílica estación de esquí suiza donde cada año se reúne la aristocracia del dinero y los gurus económicos, mayormente conservadores, el presidente se convenció de que la crisis iba en serio y que España podía ser desahuciada por los mercados y poner al euro en dificultades.

Su conversión fue radical como la de Pablo en su camino de Damasco y le movió a promover de forma drástica y un tanto improvisada un severo programa de recortes presupuestarios que reducirían el déficit y la deuda. Un año después ha sacado de nuevo la tijera a trabajar.

Las principales medidas aprobadas en mayo de 2010 por el parlamento con el mínimo apoyo parlamentario, por un solo voto de diferencia en una sesión de infarto, fueron el recorte de la masa salarial de los funcionarios en un 5 por ciento, la congelación de las pensiones, salvo las menores y la subida del IVA.

La primera de ellas fue bien acogida por la ciudadanía, con la obvia excepción de los funcionarios. La segunda no fue demasiado dolorosa. La segunda, el recorte de las pensiones, fue un error mayúsculo.

La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y los mercados pedían al Gobierno recortes pero no prescribían los capítulos que debían ser recortados. Faltaría más.

La política económica se forma  sobre prioridades en la actuación que en tiempo de crisis se ciñe al mal menor. Zapatero podía haber elegido otras partidas y no se entienden bien las razones por las que eligió una que afecta de forma extrema a la sensibilidad de la gente.

La única explicación que se me ocurre es que justamente lo que pretendía era transmitir a dichos organismos y mercados el dramatismo del sacrificio efectuado.

Obviamente, el Partido Popular, que votó en contra de las medidas de forma irresponsable ha sacado partido de este error aunque no superó el error propio de oponerse a las medidas de emergencia.

Un partido que aún no ha mostrado su alternativa económica se ufanaba de más sensibilidad social que el Gobierno. Había pasado al PSOE por la izquierda.

Ha transcurrido un año y podemos concluir que el Gobierno ha conseguido su objetivo de reducción del déficit por la vía del tijeretazo pero no por el aumento de ingresos salidos del crecimiento económico.

Ahora el Gobierno, obsesionado por cumplir el objetivo de reducir el déficit al 6 por ciento este año, dará al parecer otro paso de tuerca reduciendo el gasto público en 2.000 millones de euros adicionales.

El nuevo recorte trataría de compensar que el crecimiento sea menor de lo previsto por el Gobierno lo que situaría la reducción del déficit en dos décimas por encima del objetivo. Creo que es peor el remedio que la enfermedad.

Según los datos hechos públicos recientemente, en el primer trimestre del año el PIB ha crecido un raquítico 0.2 por ciento lo que da la razón a las previsiones del Banco de España y de otros organismos que prevén un crecimiento del 0.8 a lo largo del año casi la mitad del 1.3 previsto por el Gobierno.

Hay que reconocer que conseguirlo no es fácil. Las exportaciones han crecido fuertemente y el turismo, nuestra exportación interior, marchan bien pero no son suficientes para que el PIB crezca lo necesario para generar empleo.

La demanda interna sigue sin arrancar en parte por la imposibilidad de hacerlo al reducirse las rentas familiares y  por otra por el miedo de muchas familias a perder el empleo, a la duda de que lo peor haya pasado.

Además de los recortes de gasto público el Gobierno ha puesto en marcha unas reformas destinadas a mejorar la productividad española y a facilitar el empleo.

Ha concluido de forma razonable y con aceptación sindical la reforma paulatina de las pensiones.

La reforma más controvertida ha sido la laboral que hasta ahora no ha mostrado eficacia alguna para crear empleo y que es dudoso que la tenga en el futuro.

La que ha abierto mejores expectativas es la de la negociación colectiva que el Gobierno ha dejado a lo que salga de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos.

Las impresiones de los interlocutores sociales a este respecto son positivas pero habrá que esperar hasta después de las elecciones del 22 de mayo.

Habrá que esperar también a esta fecha para abordar las medidas para que las Comunidades Autónomas recorten también sus déficit.

José García Abad es periodista y analista político