Pedro Sánchez vuelve a demostrar que la política sirve cuando se pone al servicio de la mayoría social. Con la aprobación del abono único estatal de transportes, el presidente del Gobierno sitúa la movilidad en el centro de la agenda social y convierte un derecho básico en una realidad accesible. Una medida que no solo alivia el bolsillo de millones de personas, sino que abre oportunidades, especialmente para jóvenes y estudiantes, uno de los colectivos más castigados por la precariedad. A partir del 19 de enero, se podrá viajar por toda España con una tarifa plana mensual.
Frente a una derecha instalada en el bloqueo permanente y el descrédito institucional, el Gobierno de coalición progresista apuesta por políticas útiles, comprensibles y medibles. El nuevo abono único permitirá viajar por toda España por 60 euros al mes, y por solo 30 euros en el caso de los menores de 26 años. Una tarifa plana que beneficia directamente a la clase media y trabajadora y que tendrá un impacto inmediato en la vida cotidiana de hasta dos millones de personas.
La movilidad no es un lujo. Es una necesidad diaria para estudiar, trabajar, formarse, cuidar o mantener vínculos familiares. Para miles de jóvenes, el coste del transporte supone una barrera real para acceder a la universidad, a la formación profesional o a un primer empleo. Reducir ese coste es, por tanto, una política de igualdad de oportunidades, como ya han entendido otros gobiernos europeos.
No es casualidad que la movilidad esté reconocida como un derecho fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a circular libremente, y la Constitución Española lo recoge en términos muy similares. La reciente Ley de Movilidad Sostenible va más allá y obliga a las administraciones públicas a garantizar un sistema de transportes asequible, eficiente, socialmente inclusivo y respetuoso con el medioambiente.
Ese marco normativo se concreta ahora con una decisión política clara del Gobierno de Pedro Sánchez. El abono único estatal permitirá utilizar trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses de titularidad estatal en todo el país con un único título mensual. Un sistema sencillo, comprensible y pensado para facilitar la vida de la gente, en línea con experiencias ya consolidadas en Alemania, Austria o Suiza.
La medida fue anunciada por el presidente del Gobierno en su balance de fin de año y desarrollada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente. No es una promesa vacía, sino una política diseñada, financiada y con fecha de entrada en vigor. Una forma de gobernar que contrasta con la retórica hueca de la oposición.
Según explicó Pedro Sánchez, el abono único puede suponer un ahorro de hasta el 60% en el coste del transporte público para usuarios habituales. En el caso de los jóvenes, ese ahorro es especialmente relevante. Para estudiantes que se desplazan a diario entre municipios, para quienes trabajan lejos de casa o para quienes combinan estudios y empleo, el transporte deja de ser una carga asfixiante.
El impacto económico de esta medida es directo. El transporte es un gasto fijo que no se puede recortar. Aliviarlo significa liberar recursos para otros aspectos básicos de la vida. A final de mes, muchas familias y muchos jóvenes tendrán más dinero disponible gracias a esta tarifa plana, como ya ocurre con el Deutschlandticket en Alemania o el Klimaticket en Austria, que han demostrado un aumento masivo del uso del transporte público.
Pero el abono único no solo tiene un efecto individual. También refuerza la cohesión social y territorial. Facilita el acceso a la cultura, al ocio y a los servicios públicos, cuya oferta se concentra en las grandes ciudades. Para los jóvenes que viven en zonas rurales o en municipios pequeños, esta medida supone estar más cerca de oportunidades que antes quedaban lejos.
Además, el abono único puede contribuir a fijar población y combatir la despoblación. Cuando moverse es caro y complicado, la gente joven se ve obligada a marcharse. Cuando el transporte es accesible, se amplían las opciones de quedarse, de estudiar fuera y vivir dentro, de construir un proyecto de vida sin abandonar el territorio. Es una lógica que ya ha dado resultados positivos en países como Suiza, donde el abono nacional ha fortalecido la vertebración territorial.
La medida también encaja plenamente en el compromiso del Gobierno con una transición ecológica justa. Fomentar el uso del transporte público reduce emisiones y mejora la calidad del aire. Pero esa transición solo es viable si es socialmente justa y no penaliza a quienes menos tienen. El abono único avanza precisamente en esa dirección, siguiendo el camino marcado por varios socios europeos.
Conviene subrayar que el abono único no elimina los descuentos ya existentes. Los abonos de Cercanías y otras bonificaciones se mantienen y se prorrogan durante 2026. Es una ampliación de derechos, no un recorte encubierto. Algo que debería ser obvio, pero que conviene recordar frente a la desinformación interesada.
Pedro Sánchez ha hecho además un llamamiento a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se sumen a esta política con medidas similares en sus ámbitos de competencia. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el PP de Feijóo, que tanto hablan de libertad, aún no han dado respuesta. Un silencio que dice mucho.
Porque mientras el Gobierno central apuesta por reforzar lo público y aliviar a la mayoría social, el PP sigue aplicando allí donde gobierna un modelo de recortes y privatizaciones que debilita el transporte público y encarece la vida. La comparación es clara y la ciudadanía puede comprobarla cada día.
El abono único de transportes se suma así a otras medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a la juventud y a las familias trabajadoras: becas, subida del salario mínimo, políticas de vivienda y ayudas a la movilidad sostenible. Políticas que tienen un hilo conductor claro: no dejar a nadie atrás.
En definitiva, el abono único es una muestra más de que el Gobierno de coalición progresista sigue avanzando con paso firme. Una política que conecta territorios, reduce desigualdades y amplía oportunidades, especialmente para quienes más lo necesitan. Con Pedro Sánchez, la movilidad se convierte en un derecho efectivo. Y eso, hoy, es hacer política en serio.
