El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo LLarena, ha procesado a los líderes del independentismo a partir de un relato discutible de lo sucedido en Cataluña en los último años.

Con este, ya son tres las versiones de la república catalana. Hay para todos los gustos. Para muchos, nunca existió, para otros fue un fantasma efímero; para los creyentes, un estado mental creado a partir de una escenificación política de la desobediencia y para el juez, la prueba de un delito de rebelión.

Acabe como acabe el proceso, la drástica decisión judicial de encarcelar preventivamente a los principales líderes del movimiento que no han salido de España, deja huérfano al soberanismo secesionista y le empuja a una renovación.

En primera instancia, el impacto político y emocional del procesamiento y los encarcelamientos viene a sumarse al desánimo creado por el fiasco de la investidura de Jordi Turull, pensada más como un desafío al estado que como una apuesta seria para la gobernación de Cataluña. El ridículo protagonizado por los dirigentes de JxC al forzar una investidura exprés sin el apoyo de la CUP, que además aprovechó para anunciar su ruptura con la estrategia de los dos grupos independentistas del Parlament, es de los que no se olvidan fácilmente.

ERC no quería la celebración del pleno, aunque los republicanos cedieron como vienen cediendo en los últimos meses por el temor a aparecer como tibios frente al ímpetu republicano de la facción de fieles de Puigdemont. El pleno no consiguió sus objetivos por la intransigencia de la CUP, pero como mínimo puso en marcha el reloj electoral y además demostró a quienes todavía dudaban de ello que no se puede gobernar bajo amenaza judicial porque cómo se vio ni siquiera se puede hacer un debate de investidura aceptable en estas condiciones.

En circunstancias normales, las decisiones del juez Llarena revitalizarían las maltrechas relaciones entre unos y otros, aunque fuera momentáneamente, y tal vez los animara a cerrar la investidura de un candidato posible sin más demora. Sin embargo, el golpe judicial a la dirección del movimiento es de tal magnitud que en si mismo puede impedir este tipo de reacción clásica, pensada para un rearme provisional de la moral alicaída de las bases desde la declaración frustrada de independencia. El vacío creado por los procesamientos puede tener, de entrada, un efecto paralizante. 

La lista de los 13 de Llerena, los acusados de rebelión encarcelados o huidos, incluye a los máximos dirigentes de ERC, a los líderes de referencia de las entidades cívicas, a los pesos pesados de la mayoría parlamentaria y al futuro presidente de la República instalada en Bruselas e impulsor de Junts per la República, la asociación política que agrupará a más de la mitad de los diputados de JxC. A quien menos afecta es al PDeCAT, de todas maneras, el partido de Marta Pascal sigue rehén de los acuerdos con Puigdemont que le privan de una presencia autónoma en el Parlament.

La parálisis provocada por el juez será sin duda transitoria, porque si bien descabeza a los partidos que administran la mayor parte de los dos millones largos de votos independentistas lo que no conseguirá es hacer desparecer a estos votantes, que más pronto que tarde, identificaran a sus nuevos líderes. La regeneración del liderazgo era una aspiración alimentada por ciertos sectores del soberanismo decepcionados por el desenlace de los hechos de octubre, del que hacen responsables directos a muchos de los dirigentes encausados.

Las críticas hacia ellos han sido moduladas en consideración a su situación procesal y personal; aunque ahora, enfrentados al vacío y la desorientación, al peor momento de su corta historia, el independentismo no tendrá más remedio que acelerar la renovación de personas al mismo tiempo que la reflexión sobre estrategias. La primera decisión: hacer la mudanza desde un gobierno formado por nuevos actores, con voluntad de ganar tiempo en busca de una ruta mínimamente transitable para las aspiraciones constitucionales, o forzar la repetición de elecciones a mediados de julio como el último acto de desobediencia de la vieja política y luego ya se verá qué hacer.