Tras aceptar que su investidura no iba a ser posible, Carles Puigdemont ha definido perfectamente en las últimas horas el sentido de la república catalana que él ha decidido personificar: un estado mental para muchos catalanes. Algo así como una esperanza sin fundamento real de momento que exige, a su parecer, la construcción de una entelequia organizativa en Bruselas para evitar que todo se desmorone, comenzando por su figura. A partir de ahora, se va a dedicar a dirigir un consejo de la república en el exilio y a presentar batalla judicial contra el Estado español, donde sea.
En la mente de los catalanes que no viven en la república predomina la urgencia de disponer de un presidente de la Generalitat que recupere el control de las instituciones catalanas. En este vasto universo de la realidad están instalados todos los grupos del Parlament a excepción de la CUP y JxC, y aún en este caso es difícil asegurar que la mitad de los diputados no se hayan pasado ya de bando, como ha hecho su partido, el PDeCAT. Así de claro quedó en la primera sesión de la cámara catalana dedicada a dar el pésame político al legitimismo.
Xavier Domènech fijó con precisión el gran reto del independentismo: su problema no es solamente la actitud del estado, su problema es de legitimidad interna. Del tono de ERC en las últimos días y horas se desprende que coinciden con el líder de los Comuns. Liberados del obstáculo Puigdemont, momentáneamente, la prioridad es afrontar la segunda fase de su plan, atacar el déficit de legitimidad interna, tomarse en serio que hay media Catalunya como mínimo que no se reconoce ni en el objetivo secesionista, ni en la mentira como táctica ni en la imaginación como lugar de residencia.
Una vez instalado Puigdemont en su Tabàrnia belga, ERC tiene que hacer frente a los planes del ex presidente que no son otros que acompañar su cruzada jurídica con el mayor retraso posible en la elección de un presidente de la Generalitat operativo. Aquí, los republicanos cuentan con el apoyo activo de los Comuns y con la exigencia del resto de grupos anti independentistas, con especial interés por lo que vaya a hacer el PSC. Miquel Iceta está a dos frases de coincidir con la posición global expresada ayer por Domènech: La condena expresa del 155 y la reclamación del fin de la prisión preventiva. Algunos de los socialistas más célebres del PSC, con Raimon Obiols a la cabeza, ya se han pronunciado en este sentido.
La propuesta de Jordi Sánchez rompe con dos de las premisas defendidas como intocables hasta hace bien poco. La primera, había que restituir el gobierno cesado por el 155; la segunda, sería perjudicial para la Generalitat tener a su presidente en prisión preventiva. Aplicándose esta verdad, Puigdemont se negó a aceptar el camino marcado por el TC, porqué implicaba entrar en prisión y quedar en manos del juez LLarena, exactamente la situación de Sánchez. El ex presidente de la ANC tampoco cumple el requisito de la restitución al no haber formado parte del gobierno. Oriol Junqueras sí, aunque también está en prisión.
La eliminación de candidatos sea por intervención judicial o por un ataque de sentido común, deja el campo abierto a los ex consejeros en libertad condicional, siendo el mejor colocado Jordi Turull. Sin embargo, todos ellos fueron amenazados de inhabilitación a medio plazo por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, disfrazado de oráculo del juez. La sucesión de candidatos improbables es una invitación a mantener viva la inestabilidad política en Cataluña, justamente lo que busca Puigdemont para afianzar su condición de líder del independentismo en el exilio.
ERC está en otra pantalla, la de evitarse cualquier peaje por culpa del diputado de Bruselas y la de cerrar lo más pronto posible el reinado del 155. Marta Rovira lo dejó meridianamente claro en su discurso ante la cámara, en contraposición a la intervención del portavoz de JxC, Quim Torras, quien interpretó con sentimiento un canto fúnebre por lo que pudo haber sido y no fue y que ahora volverá a ser, pero en Bélgica.
