El pasado miércoles, las jóvenes afganas que acudieron a clase universitaria se tuvieron que marchar por donde habían venido, porque las fuerzas de seguridad talibanes les prohibieron el acceso a clase invocando una prohibición del gobierno afgano que se había publicado esa noche.

El régimen islamista talibán había anunciado el martes por la noche que las universidades públicas y privadas de todo el país se cerrarían a las estudiantes hasta nuevo aviso, en el último asalto al acceso de las mujeres afganas a la educación y la vida pública.

Muchas estudiantes protestaron y se negaron a salir de las puertas durante varias horas. Ningún otro país en el mundo prohíbe que las mujeres y niñas reciban educación".

Desde que regresaron al poder hace 16 meses, los talibanes han excluido cada vez más a las mujeres de la vida pública, a pesar de las reiteradas promesas de que respetarán los derechos fundamentales de toda la población. Han ordenado a las mujeres que se cubran la cara en público y que no visiten los centros de salud ni realicen viajes largos por carretera a menos que estén acompañadas por familiares varones.

A las mujeres se les ha prohibido el acceso a lugares públicos como parques, gimnasios y baños. A la mayoría del personal femenino del gobierno se le ha dicho que se quede en casa o se ha quedado sin trabajo. Se ha prohibido a las adolescentes mayores de sexto grado asistir a las escuelas secundarias".

El vecino Pakistán, que mantiene estrechos vínculos con el régimen talibán, instó el miércoles a las autoridades afganas a revocar la prohibición de la universidad y la educación superior para las mujeres.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró "profundamente alarmado" por la suspensión de los talibanes del acceso a las universidades a mujeres y niñas, dijo el martes su portavoz. Guterres reiteró que "la negación de la educación no solo viola la igualdad de derechos de mujeres y niñas, sino que tendrá un impacto devastador en el futuro del país".

El reciente resurgimiento de las flagelaciones y ejecuciones públicas de convictos surgió de una directiva que el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, emitió el mes pasado al poder judicial talibán para comenzar a aplicar la ley islámica Sharia a la justicia penal.

Desde entonces, casi 140 personas, incluidas mujeres, han sido azotadas en estadios deportivos abarrotados en varias provincias afganas por delitos como adulterio o sexo homosexual.

Este mes, los talibanes llevaron a cabo su primera ejecución pública de un asesino convicto desde que llegaron al poder en agosto de 2021. Los castigos públicos enfurecieron a la comunidad mundial, pero los talibanes rechazaron las protestas y defendieron el acto vinculándolo a la ley islámica, una afirmación cuestionada por los estudiosos en el resto de los países de mayoría musulmana.

El regreso de los talibanes ha empeorado una crisis humanitaria nacional ya grave, con millones de afganos enfrentando escasez de alimentos, y ha llevado la economía del país al borde del colapso debido a las sanciones financieras y la suspensión de la ayuda al desarrollo.