Unos 4.100 millones de personas carecen de cualquier tipo de protección social, según un informe que acaba de publicar la Organización Internacional del Trabajo. Al hablar de protección social, la ONU se refiere a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos. Buena parte de las personas que no disponen de esta cobertura se han quedado sin ese soporte a raíz de la pandemia, porque, tal como afirma el documento, la respuesta a la COVID-19 “fue desigual e insuficiente”, lo que agrandó la brecha entre los países de renta alta y baja.

El informe dibuja las amplias diferencias regionales en materia de protección social: mientras Europa, Asia Central y América poseen las tasas de cobertura más altas -84% en los dos primeros casos y 64,3% en el tercero-, Asia y el Pacífico, los Estados Árabes y África cuentan con las más bajas – 44%, 40% y 17,4%, respectivamente-.

La gran mayoría de los niños son uno de los grupos poblacionales con menores prestaciones sociales -26,4%-, en tanto que la prestación de maternidad en efectivo solo alcanza al 45% de las madres. A su vez, sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo -33,5%- percibe una prestación por invalidez.

La cobertura de las prestaciones de desempleo es todavía más baja ya que sólo el 18,6% de los trabajadores desempleados de todo el mundo poseen cobertura.

El director general de la Organización considera que los países “se encuentran en una encrucijada”, ya que la respuesta a la pandemia representa el momento idóneo para armar una nueva generación de sistemas de protección social fundamentados en los derechos. “Estos sistemas pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza. Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”, ha explicado.