Un estudio realizado por el Real Patronato sobre Discapacidad, que ha dirigido David Cantarero (docente de la Universidad de Cantabria), reclama la necesidad de “dejar atrás una atención residencial”, tradicionalmente “más preocupada por la seguridad, la alimentación y los cuidados más básicos de la persona”, para progresar a ofrecer apoyos que “aumenten el nivel de desarrollo personal, autodeterminación e inclusión social”.
Así, reivindican un cambio de modelo de vivienda, para las personas con discapacidad intelectual, que pase de un modelo asistencial a otro comunitario. Los investigadores afirman que vivir en comunidad fomenta aspectos como la independencia, la vida activa o la inclusión social. También expresan la necesidad de apoyo económico para continuar el fomento de este tipo de iniciativas a través de inversión pública. Todo ello para seguir el camino de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual que ha comenzado a desarrollarse.
El estudio afirma que las viviendas inclusivas integradas en la comunidad no deben considerarse un gasto, sino una inversión rentable no solo para los usuarios y sus familiares, sino también para toda la sociedad: según sus cálculos, por cada euro que se invierte en el modelo de vivienda inclusiva para usuarios con discapacidad intelectual se consigue devolver a la sociedad, en términos de valor social y económico, un total de 3,21.
Además, los expertos indican que es posible afirmar que los usuarios con discapacidad son los beneficiarios de ayudas que obtienen un mayor retorno. En concreto, 2,44 euros por cada euro invertido, por delante del grupo correspondiente a los familiares y/o cuidadores informales (0,75 euros).
El informe concluye que la mayoría de las personas con discapacidad desean vivir en modelos de vivienda inclusivos.
