Abrir el agua demasiado tiempo, regar con poca eficiencia y, lo que sería peor, tener una mala política hídrica. Según la ONG WWF, una tercera parte del territorio español tiene a sus acuíferos en riesgo de sobreexplotación o están sobreexplotados. “Las viejas recetas para gestionar el agua basadas en la construcción de nuevos embalses, trasvases o aumentar la superficie de regadíos no hacen sino dilapidar ingentes recursos públicos”, señala la entidad en su página web, y especifica que, para hacer frente a las sequías, se han construido más de 2.000 presas y varios trasvases, lo que nos ha situado como el noveno país del mundo con mayor número de grandes presas.

El caso del trasvase Tajo-Segura es, para WWF, “un ejemplo del futuro que le puede esperar a estas infraestructuras hidráulicas”. Y es que en enero de 2018 “entró en vigor la reserva mínima de nivel embalsado en Entrepeñas y Buendía, bajo la cual no se podían realizar trasvases en ningún caso. Entones se registró el nivel más bajo en ambos embalses en el mes enero desde su puesta en funcionamiento en 1958”.

Por otro lado, el regadío agrícola es el gran consumidor de agua en España, “se bebe el 80% de este recurso en nuestras cuencas”. WWF calcula que los cultivos de regadío en España “consumen 100 veces más agua de lo que necesitan los más de 3 millones de habitantes de la ciudad de Madrid en un año”. Y en las zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, “se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro las reservas de agua del futuro”. Esta sería la causa de que “el 25% de los acuíferos” esté gravemente sobreexplotados, “de acuerdo a los Planes Hidrológicos”.

Capítulo aparte merece el consumo de agua ilegal. “Se estima que existe más de medio millón de pozos ilegales en España”, lamenta la ONG. Y, sumadas, todas estas presiones hídricas “han provocado que casi la mitad de nuestros ríos, humedales y acuíferos estén en mal estado”. Para WWF, la reutilización, la desalación y el aumento de eficiencia en el uso del agua no parecen estar funcionando. “Esta apuesta por estas tecnologías no han supuesto un ahorro de agua en todos los casos. Las cifras no son transparentes en muchos casos, pero se estima que han supuesto un coste de 3.800 millones de euros en inversiones en medidas que por sí solas no van a ser capaces de brindarnos una mayor seguridad hídrica”, apunta Rafael Seiz, técnico del programa de Aguas de la organización.