Con dos días de retraso respecto a la fecha de clausura prevista, las delegaciones de los casi 200 países asistentes a la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) ha publicado un documento de conclusiones. Con el título “Chile-Madrid, tiempo de actuar”, el texto es un acuerdo de mínimos que insta a los estados participantes a aumentar la ambición climática en 2020 y cumplir el Acuerdo de París, que compromete a los países a evitar que la temperatura media del planeta suba este siglo por encima de 1,5 grados.
Por tanto, los países se emplazan a la próxima reunión de Glasgow (Reino Unido) en 2020, donde los países deberán presentar en 2020 unos compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones (las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas) para hacer frente a la emergencia climática. El conocimiento científico, se expresa, será “el eje principal” que debe orientar las decisiones climáticas de los países para aumentar su ambición, aunque el acuerdo reconoce además la acción climática de los actores no gubernamentales, a quienes invita a que la incrementen y generalicen estrategias compatibles con el clima. También se ha incluido un Plan de Acción de Género en el acuerdo, que estará vigente hasta el año 2025 -cuando se tendrá que revisar- y persigue lograr más participación de las mujeres en la negociación internacional, y asegurarles un papel activo en la toma de decisión a nivel nacional.
En lo que han fracasado las negociaciones ha sido en definir la regulación de los mercados de emisiones de carbono, uno de los principales escollos de las cumbre, que ha retrasado el cierre de la reunión más de 40 horas, convirtiéndola en la cumbre en la más larga de la historia. El mercado de emisiones de carbono persigue repercutir los costes de la contaminación sobre los que más emisiones generan, para desincentivar la polución. En la cumbre se pretendía definir quién tiene derecho a emitir gases contaminantes y en qué cantidad, algo sobre lo que ya no se logró consenso en la anterior Cumbre del Clima de Katowice (Polonia).
El sábado, más de 28 países, entre otros España, reclamaron la inclusión en el acuerdo de los 'Principios de San José', once puntos que contemplaban, por ejemplo, evitar la doble contabilidad en los mercados de carbono, esto es, que dos países se apunten la reducción al venderlo y al comprarlo. También garantizar recursos financieros a los países en desarrollo o evitar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo sistema, algo en lo que discrepaban países como India, China, India o Brasil, que tienen derechos de emisión acumulados desde hace años y que quieren poder utilizarlos cuando entre el Acuerdo de París en 2020. A lo único que se han comprometido los estados participantes en la COP 25 ha sido a diseñar mecanismos de mercado en la próxima cumbre que eviten la doble contabilidad.
La presidenta de la COP25, la chilena Carolina Schmidt, ha publicado el acuerdo tras un tenso debate con Brasil, que no aceptaba inicialmente dos párrafos incluidos en el acuerdo sobre océanos y uso de tierras. "Claramente no es suficiente. El mundo nos está mirando y espera resoluciones mayores. No estamos satisfechos. Los acuerdos conseguidos no son suficiente para afrontar con urgencia la crisis climática", ha lamentado Schmidt en la lectura de las conclusiones. También la Ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha posicionado en el mismo sentido calificando la conferencia de "agridulce".
