Durante años, en España hubo personas que podían decidir prácticamente todo sobre su vida menos cómo querían despedirse de ella. Podían aceptar o rechazar tratamientos médicos, dejar por escrito sus voluntades anticipadas o solicitar cuidados paliativos. Pero si una enfermedad incurable les provocaba un sufrimiento físico o psíquico insoportable, la legislación no les permitía pedir ayuda para poner fin a esa situación.
El debate llevaba décadas abierto. No era únicamente una cuestión médica ni jurídica. También era profundamente ética y social. ¿Puede el Estado obligar a una persona a seguir viviendo contra su voluntad cuando no existe posibilidad de curación? ¿Dónde termina el deber de proteger la vida y dónde comienza el respeto a la autonomía individual?
España conoció muy pronto las consecuencias de esa discusión. En 1998, la historia de Ramón Sampedro dio la vuelta al país. Tetrapléjico desde los 25 años tras un accidente, pasó casi tres décadas reclamando el derecho a decidir sobre su propia muerte. Como la eutanasia era ilegal, tuvo que organizar un complejo procedimiento para que nadie pudiera ser condenado por ayudarle. Su caso, inmortalizado años después en la película Mar adentro, abrió un debate que ya nunca volvería a cerrarse.
No fue el único. En los años siguientes llegaron otros nombres, como el de Inmaculada Echevarría, que pidió que se respetara su voluntad de retirar el respirador que la mantenía con vida, o el de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, cuya muerte en 2019 volvió a colocar el asunto en el centro de la conversación pública después de que su marido, Ángel Hernández, reconociera públicamente haberla ayudado a morir.
Cada uno de estos casos evidenciaba una contradicción: mientras la medicina avanzaba para prolongar la vida, la legislación seguía sin ofrecer una respuesta clara para quienes consideraban que su sufrimiento había superado cualquier límite razonable. La respuesta llegó en marzo de 2021. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en reconocer este derecho dentro de su sistema nacional de salud, junto a estados como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá o Nueva Zelanda.
Contra los de siempre
La consecución de este avance social no fue gratis, cómodo ni estuvo exento de polémicas por aquellos que, garantes y defensores de la moral reaccionaria y heredada del franquismo, esconden bajo el paraguas de autodenonimarse "asociaciones provida" una evidente lucha contra la dignidad, defensa de una doctrina católica, cerrada e inmovilista.
Asociaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos siguen luchando abiertamente contra la eutanasia. Además, y ejerciendo como lobbys que buscan influir en los partidos de derechas con representación parlamentaria, y aprovechándose de todo el poder que atesoran en sus manos -también financiación y capacidad de acción-, presionan constantemente a un PP que, obligado a hacer seguidismo de las posiciones reaccionarias que Vox no esconde, empieza a hacer concesionea que devuelven debates enterrados al foco público.
La regulación del concebido no nacido, petición que ya formulaba la propia Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, fue uno de los ejemplos. Hace algo más, en marzo de este mismo año, la eutanasia de Noelia Catillo también obligó a los partidos políticos a posicionarse. El PP, como siempre en estos momentos, consideró la eutanasia de la joven como un "fracaso del Estado" y un "absoluto drama".
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