El 15 de octubre de 1977, menos de dos años después de la muerte de Franco, se aprobó una de las leyes más significativas de la recién nacida democracia española: la Ley de Amnistía. La norma puso fin a décadas de represión política, permitió el regreso de exiliados y liberó a los últimos presos que seguían encarcelados por motivos ideológicos. Fue celebrada en su momento como una victoria de las libertades. Con el tiempo, sin embargo, se convertiría en uno de los elementos más controvertidos de la Transición.
La amnistía no surgió como un gesto unilateral del Gobierno, sino como respuesta a una exigencia sostenida. Desde enero de 1976, las manifestaciones reclamando “Amnistía total” se multiplicaron en las principales ciudades del país, especialmente en Euskadi, Cataluña y Madrid. Sindicatos, asociaciones vecinales, estudiantes y partidos aún ilegales la consideraban un paso imprescindible para legitimar cualquier proceso de apertura democrática.
En paralelo, seguían encarceladas personas por participar en huelgas, por pertenecer a partidos prohibidos o por difundir propaganda política. Para miles de familias, la democratización tenía un significado concreto y urgente: la salida de sus presos.
El Gobierno ante un dilema político y simbólico
Tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, el Gobierno de Adolfo Suárez asumió que la amnistía era inevitable. La presión internacional, el temor a un desgaste social y la necesidad de estabilizar el país obligaban a tomar una decisión rápida.
Al mismo tiempo, la medida implicaba afrontar un asunto delicado: romper con los mecanismos represivos del franquismo sin provocar una fractura con sectores del ejército y de la administración que aún mantenían fuerte presencia en el aparato del Estado. La redacción de la norma intentó equilibrar demandas sociales y prudencia política.
La Ley de Amnistía aprobada en octubre tuvo un alcance excepcional. Liberó a los presos políticos que todavía permanecían en cárceles franquistas; eximió de responsabilidad penal a quienes habían protagonizado protestas, huelgas, desobediencia civil o militancia clandestina; permitió el regreso de centenares de exiliados; y anuló sanciones derivadas de tribunales especiales como el de Orden Público.
Pese a sus matices, fue recibida en aquel momento como una conquista histórica de la oposición. Muchos militantes antifranquistas entraban en libertad mientras, en las calles, las manifestaciones se convertían en celebraciones multitudinarias. Para buena parte de la sociedad, la amnistía marcaba el inicio real de la democracia.
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