¿Se imaginan una fundación Adolf Hitler? ¿O que cada fecha recurrente cientos de personas cruzasen la puerta de Brandeburgo con esvásticas, el brazo alzado y vociferando Heil Hitler? No, porque de hecho hacer eso en Alemania es delito, como ya lo es también en España tras muchos años de una insólita protección a los nostálgicos del régimen.
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) sigue viva. El Gobierno ya ha empezado el proceso para acabar con este rara avis, abriendo expediente y dando los pasos oportunos para su extinción. No será fácil, pues el proceso tiene una seria de pasos que se dilatarán en el tiempo, pero que ya han empezado con el informe realizado por el Ministerio de Cultura en el que se especifican los incontables motivos por los que la FNFF (creada en 1976) es contraria a la Ley de Memoria Democrática.
El expediente, al que han contribuido informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y de la Abogacía General del Estado, concluye que la organización incumple los fines de interés general exigidos a una fundación y que su actividad supone una exaltación del franquismo, contraria a lo establecido por la Ley de Memoria Democrática.
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Difusión apologética y falta de actividad de interés general
El Gobierno sostiene que la FNFF opera principalmente como plataforma de difusión positiva del legado político y humano de Francisco Franco. Para sustentar esa valoración, los informes analizan cerca de 5.500 textos publicados en la web oficial de la organización, concluyendo que la actividad de la entidad se centra en promover una visión elogiosa del golpe de Estado de 1936 y del régimen franquista. El documento señala la ausencia de proyectos educativos, culturales o de investigación vinculados al interés general, condición imprescindible para que una fundación pueda mantenerse como tal.
La Ley de Memoria Democrática tipifica como causa de extinción de fundaciones aquellas que realicen apologías o exaltaciones de la dictadura, de sus dirigentes o de sus símbolos. El análisis del Ejecutivo interpreta que ese supuesto se cumple, al considerar que el mensaje difundido por la FNFF entra en conflicto con la condena explícita al franquismo recogida en la norma aprobada en 2022.
Negacionismo histórico y daño a las víctimas
Los informes atribuyen a la fundación la difusión de discursos negacionistas sobre episodios represivos durante la dictadura, como la toma de Badajoz, el bombardeo de Guernica, el caso de los niños robados o la construcción del Valle de Cuelgamuros. Según el expediente, ese relato supone un menosprecio hacia las víctimas y sus familiares, y vulnera su derecho a la verdad y a la reparación. El documento identifica tres patrones: descalificación de testimonios, minimización de la violencia sufrida y reinterpretación histórica que responsabiliza a las víctimas de su propio sufrimiento.
El expediente incorpora testimonios que reflejan el impacto emocional de esta actividad. Una de las víctimas entrevistadas afirma: «La actividad de la Fundación Franco me provoca angustia, sufrimiento y dolor (...). Sé que uno de los objetivos de la Fundación es precisamente ese: seguir provocando nuestro dolor». Otra recuerda haber asistido a un acto con el Cara al Sol sonando en una plaza de Granada: «No podía apartar la vista (...). Lo revivo con una fuerza... empecé a sentirme físicamente mal. Fue una experiencia aterradora, insultante, injusta».
Hacia una decisión judicial
El procedimiento ahora avanza hacia la Audiencia Nacional, que deberá determinar si concurren los requisitos para la disolución de la entidad. Si el tribunal respalda la petición del Gobierno, la fundación perderá su personalidad jurídica y su actividad quedará extinguida. Cultura defiende que el paso responde a la obligación institucional de garantizar el respeto a las víctimas del franquismo y de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de memoria democrática.
