Óscar Cornejo y Adrián Madrid, directores de La fábrica de la tele, han solicitado el archivo de su imputación en la ‘Operación Luna’, una investigación que se inició hace más de cinco años un espionaje ilegal que afectó a centenares de famosos del entorno de Sálvame y Mediaset.
La investigación dirigida por Asuntos Internos se paralizó hace meses atrás debido a que se deben resolver previamente todos los recursos interpuestos. El proyecto de recopilación de información abarca desde pinchazos telefónicos hasta documentos que confirman la implicación del policía jubilado, Ángel Jesús Fernández Hita, en la filtración de información secreta sobre cientos de personajes públicos.
Todo ello consta en el escrito de petición de sobreseimiento que el abogado de la productora, Ludovico Moreno Martín, ha remitido al Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico. Ambos directivos instan a que la investigación se centre en los datos que el expolicía facilitó al periodista Gustavo González, quien fue previamente imputado, en 2018, por conseguir información privilegiada sobre multitud de rostros conocidos, cuando comenzó la operación.
Su defensa ha justificado que los dueños de La Fábrica de la Tele han figurado como imputados en una causa sobre la cual ya hicieron declaraciones hace más de un año. Después de esta diligencia, insisten en que no existe evidencia que les implique en una presunta revelación de secretos y, por ende, no cabe sentido alguno que permanezcan imputados en el caso.
El procedimiento para investigar la ilegalidad cometida por Ángel Jesús Fernández Hita comenzó en 2018. Al salir a la luz estas filtraciones, los colaboradores del programa estrella de Telecinco sostuvieron que la policía les había citado para informarles de esta filtración revelada por el periódico El Mundo. En el artículo, el diario aseguraba que la dirección del programa había “propulsado” una investigación ilegal a más de 140 famosos, entre los que se incluían datos de menores de edad y presuntos casos de violencia de género entre las celebridades.
El caso que ha salpicado a Sálvame
El abogado de los productores también hace constar que existe una “voluntad de convertir el procedimiento en algo muy distinto a la realidad”, todo dado por lo que supone la exposición mediática y la relevancia y el peso de un formato como el de Sálvame. Pese a que en un primer momento, el proceso se estaba llevando a cabo con “verdadera discreción”, lamenta que, al dar paso al “dominio público”, se dio pie a “publicaciones sensacionalistas verdaderamente lesivas” y que afectaron al desarrollo de las actuaciones.
Por este motivo, la llamada a declarar tanto a Cornejo como a Madrid “no tenían otro propósito que el de alimentar a los medios de comunicación más exaltados con la intervención de la causa y de personajes extraordinariamente populares”. En estos términos, se reitera en el texto que el programa no exigía la presencia o participación “directa” de los productores.
En otro orden de ideas, el abogado también reniega de la idea del cohecho, un escenario que se valoró al principio de la operación. “Es una mera invención que se ha incorporado a la investigación judicial de un modo forzado y sin ninguna base objetiva”, señalan.
El papel de Gustavo González y su relación con el expolicía
En cuanto al vínculo entre el periodista y el expolicía, se apunta a que Gustavo González ya contaba con esta fuente “mucho antes de mantener relación con La fábrica de la tele”, aunque manifiestan que la procedencia de las informaciones se mantiene dentro del “secreto profesional” periodístico y, por lo tanto, se abstienen de hacer indagaciones a este respecto.
Los productores van un paso más allá señalando a las nóminas que habría percibido el paparazzi durante su etapa en el programa, insistiendo en que se ofrece una “incierta, manipulada y muy censurable” versión sobre estos hechos, dando a entender “una existencia de intercambio económico” entre el periodista y el funcionario. Fortaleciendo su argumentario, sostienen que lo percibido en el programa no sería exclusivamente de sus colaboraciones, sino que habría que sumar las entrevistas que González concedió tras salir a la luz su relación con la exactriz porno, María Lapiedra.
Pinchazos por teléfono
Otro de los aspectos que cabe poner sobre la mesa es el listado de llamadas telefónicas interceptadas que se desprenden entre el policía imputado con Diegus S.L. (empresa del periodista) y por la que el funcionario habría dejado caer información sobre antecedentes penales de los perjudicados, denuncias o consultas sobre datos privados.
La Fiscalía de Madrid solicitó en su momento estos pinchazos, los cuales rondarían la veintena, alegando que eran datos primordiales en el desarrollo de la investigación. No obstante, los productores han reiterado que esta medida supone una intromisión en el ejercicio profesional tanto de González como en el resto de los colaboradores.
Llegados a este punto, no se podría descartar una prórroga de la investigación por la presunta revelación de secretos, pudiendo aplazarse hasta finales de este 2023.
