El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, se ha pronunciado en Mañaneros 360 sobre los procesos abiertos contra Begoña Gómez y David Sánchez, aportando una fecha clave para entender el inicio de lo que él mismo califica de "cacería".

Para Martín Pallín, el punto de inflexión que desató la ofensiva tiene un claro origen político. "Cuando el 23 de julio se produce esa decepción de que 'no soy presidente porque no quiero'", señaló el magistrado, en clara referencia a la famosa justificación de Alberto Núñez Feijóo tras no lograr los apoyos necesarios en las elecciones generales.

El jurista expuso la enorme paradoja temporal que rodea a las acusaciones contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez: "Resulta que Begoña, que llevaba 4 años desempeñando la cátedra del 20 al 24, el hermano que llevaba 7 años desempeñando su cargo, resulta que reaparecen y se convierten en dos delincuentes".

Además, Martín Pallín incidió en quién está realmente impulsando estas causas en los tribunales, tirando de ironía para señalar a la acusación popular: todo surge "en virtud, no del Ministerio Fiscal que defiende la legalidad... en virtud del prestigioso gabinete jurídico llamado Manos Limpias". Ante esta anomalía, el magistrado emérito lanzó una seria advertencia, asegurando que "esto puede ser bastante letal para el Estado de derecho si no se ataja a tiempo".

Preguntado directamente sobre si este cúmulo de casualidades alimenta la tesis de que existe una "cacería judicial" contra el Ejecutivo, Martín Pallín no se anduvo por las ramas: "Hombre, por supuesto, no hace falta (decirlo). Pero hablo de la cacería judicial, repito, de un sector de la judicatura. Somos críticos con determinados jueces y con determinadas actuaciones de esos jueces".

Para ilustrar a qué tipo de actuaciones se refiere, el magistrado recordó el polémico caso de Tsunami Democràtic. Pallín criticó cómo el juez García Castellón "consideró terrorismo lo del aeropuerto del Prat" vinculándolo a una plataforma cuyo presentador fue, nada más y nada menos, que "Pep Guardiola, que lo presentó en la plaza del Rey de Barcelona". Tras calificar esto de sinsentido, advirtió de que si el Consejo General del Poder Judicial no toma medidas, "vamos por muy, muy mal camino".

Las palabras de Pallín sirvieron de mecha para que la mesa del programa profundizara en la raíz del problema. El presentador del espacio, Javier Ruiz, respaldó su tesis señalando que el procés catalán fue el "paciente cero" de esta crisis institucional, razonando que "si se pueden cometer atropellos con los independentistas, ¿por qué no con los izquierdistas, por qué no con Podemos y después por qué no con el Gobierno?".

En este sentido, se recordó una advertencia reciente del ministro Óscar Puente, quien aseguró que en este país "se crujieron las cuadernas del Estado", doblando y maleando las garantías jurídicas con fines políticos.

Para sostener esta grave acusación de lawfare, la mesa analizó cómo algunos jueces han empezado a retorcer las leyes. Jesús Maraña denunció lo que definió como "la concepción creativa del derecho", poniendo como ejemplo estrella al juez Manuel Marchena y su reinterpretación del delito de malversación durante el juicio del procés, una maniobra en la que el Supremo "decidió que la malversación se podía interpretar de otra manera", inventándose una lectura que, según los analistas, se alejaba "absolutamente de la filosofía del legislador".

Esta forma de operar es la que, según la mesa de debate, se está aplicando ahora contra el entorno de Pedro Sánchez. Sobre la reciente sentencia al hermano del presidente, los colaboradores denunciaron que "no se da ninguna credibilidad a decenas de testigos", comparando la situación con el caso del fiscal general del Estado, donde el tribunal ha ignorado a los propios periodistas que declararon ante el juez que "la fuente no fue esta".

El debate concluyó con un inquietante paralelismo histórico. Según los analistas, España está reviviendo lo que ocurrió en la Italia de los años 80, cuando una serie de jueces y fiscales "sentían que tenían que salvar la democracia" y decidieron que, si los políticos no actuaban como ellos consideraban correcto, su deber era "aplicar la ley y no ser esa parte creativa del derecho" que correspondía al poder legislativo, asumiendo un rol justiciero que pone en jaque la separación de poderes.

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