Según distintos analistas, la Justicia avanza a dos velocidades radicalmente distintas dependiendo de quién sea el investigado. El foco de la controversia se centra en el juez Antonio Viejo y las llamativas diferencias de celeridad a la hora de instruir las causas que afectan, por un lado, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y por otro, a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Mientras las decisiones en torno a la primera se resuelven con una celeridad pasmosa, la investigación por presunto fraude fiscal contra el segundo parece haber entrado en una vía muerta, desatando duras acusaciones sobre la existencia de una doble vara de medir en los tribunales.

El agravio comparativo saltó a la luz pública tras la controvertida decisión judicial de prohibir a Begoña Gómez viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara. Esta medida fue tildada de "incomprensible" por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien sugirió abiertamente la existencia de un doble filtro en la judicatura.

La contradicción se hizo aún más evidente cuando el mismo juez sí autorizó a Gómez a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, a pesar de que ni el Reino Unido ni Turquía pertenecen al espacio Schengen. Desde el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, se ha defendido que el riesgo de fuga es completamente nulo, lo que convierte la prohibición de viajar a Turquía en un obstáculo difícil de justificar desde el punto de vista técnico.

En el extremo opuesto de este tablero judicial se encuentra el procedimiento contra Alberto González Amador. La acusación popular, ejercida por el PSOE y Más Madrid, denuncia con firmeza que la instrucción contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso se encuentra totalmente paralizada desde hace un año. Los datos del caso respaldan esta queja: el juez Antonio Viejo tardó seis meses en autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias del investigado.

Además, el magistrado ha rechazado reiteradamente permitir la consulta de sus datos clave en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, un análisis que tanto la UCO como la Fiscalía consideran imprescindible para avanzar. Ante este bloqueo, el Ministerio Fiscal ha movido ficha presentando un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para que sea esta instancia la que obligue a desbloquear la información fiscal del novio de la presidenta madrileña.

Esta alarmante dualidad en los tiempos de los tribunales fue analizada con dureza en el programa Malas Lenguas. La periodista Esther Palomera no se guardó nada y calificó las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente como un "auténtico disparo" e "incomprensibles", señalando además que el juez Peinado debió resolver este asunto antes de marcharse de vacaciones en lugar de delegarlo.

Sin embargo, el punto álgido de su intervención llegó al analizar el fondo de la situación, donde Palomera denunció una "sinergia bastante evidente y una sincronía" entre un determinado sector de la judicatura y los tiempos políticos de la oposición. La analista afirmó en directo que "hay una iluminación para que este gobierno caiga antes del próximo otoño, y en esto están empleándose a fondo determinados jueces, la oposición del Partido Popular y otros poderes del Estado", transformando la instrucción de los casos en una estrategia coordinada de desgaste político.

Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes

Síguenos en Google Discover

 

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora