El pasado 25 de octubre, mientras las principales arterias de la ciudad de Valencia se llenaban de punta a punta de miles de personas que, con motivo del aniversario de la DANA, salieron a la calle para exigir la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, por su gestión de la tragedia, la radio televisión pública valenciana, À Punt, -encargada de prestar servicio público y, por ende, informar a sus espectadores de la actualidad más inmediata de la Comunidad Valenciana-, emitía una corrida de toros de 1997. Una decisión que despertó la reacción y la indignación de los valencianos que, en la jornada del sábado, no solo se sintieron abandonados por el Ejecutivo de Mazón, sino también ignorados por su televisión.
Una decisión, no obstante, que recae única y exclusivamente en la dirección del ente público valenciano y que también provocó la denuncia de buena parte de la plantilla de trabajadores de la cadena. Ejemplo de ello fue el testimonio de Celia Cerezo, periodista y trabajadora de los servicios informativos de À Punt. A través de sus redes, Cerezo lamentó lo que había ocurrido. “Como valenciana y trabajadora de los informativos de À Punt, me avergüenza que la dirección no haya permitido o promovido un especial informativo por televisión y radio de la 12ª manifestación de la DANA. Pagamos impuestos para un medio que debe hacer servicio público, no para esconder acontecimientos de evidente cobertura especial”, señalaba tajante esta trabajadora.
Com a valenciana i treballadora dels infos d'À Punt, m'avergonyix q la direcció no haja permés o promogut un especial informatiu x 📺 i📻d la 12a manifestació d la dana
— Cèlia Cerezo 🍒 Cherrytree (@ccerezog) October 25, 2025
Paguem impostos x un mitjà q ha d fer servici públic,no per a amagar esdeveniments d'evident cobertura especial
Un reproche al que también se sumaron los comités de empresa de À Punt, quienes, a través de un comunicado pidieron la dimisión de la presidencia y del equipo de dirección. “Los comités de empresa de À Punt pedimos la dimisión de la presidencia y del equipo de dirección al completo de la CACVSA. Con la no cobertura de la manifestación del primer aniversario de la DANA han demostrado su incapacidad para gestionar un servicio público”.
Tras todo ello, todo parece apuntar que las quejas y denuncias han dado ya los primeros frutos. Tal y como se ha conocido este jueves, el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACV) ha abierto una investigación sobre el ente público, a la vez que ha requerido a À Punt “información exhaustiva” sobre la cobertura, al considerar que podría haber incumplido su “misión específica de servicio público esencial”, así como la obligación de "garantizar a la ciudadanía el acceso a una información de proximidad y veraz", como establece la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
Según explica en un comunicado la autoridad audiovisual independiente, esta norma obliga a À Punt a "actuar con criterios de respeto y defensa del ordenamiento constitucional y estatutario", entre los que se incluye el derecho de la ciudadanía a recibir información y la garantía de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos, recogidos en el artículo 20 de la Constitución.
A razón de todo ello, el Consejo del Audiovisual ha abierto esta investigación en el marco de sus competencias, establecidas en la Ley 10/2018 de creación del CACV, que le atribuye las funciones de "garantizar el cumplimiento de la misión de servicio público de los medios de comunicación públicos" (artículo 4.d) y de "defender los derechos de la ciudadanía establecidos en la legislación vigente" (artículo 4.g). Asimismo, el Reglamento de organización y funcionamiento del CACV recoge la obligación del Consejo de “velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatuarios en el ámbito de los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana”, así como “advertir ante la observancia de malas prácticas en materia de contenidos y publicidad”.
En el mismo orden de cosas, el Consejo del Audiovisual añade que la manifestación del pasado sábado reunía "numerosos elementos para ser considerada un acontecimiento digno de una cobertura especial", en cumplimiento de la condición de servicio público esencial de la radiotelevisión valenciana: "Las 229 personas que perdieron la vida arrastradas por el barro, la asistencia multitudinaria (estimada en más de 50.000 personas), el hecho de haber sido convocada por decenas de organizaciones del tejido asociativo valenciano, los miles de personas y centenares de servicios e infraestructuras afectados, la conmoción ocasionada al pueblo valenciano y la significación simbólica de celebrarse en el primer aniversario de la riada".
Por todo ello, el CACV examinará "de manera rigurosa" la cobertura realizada, las denuncias recibidas y la información facilitada por À Punt, con el fin de emitir la advertencia o resolución que considere oportuna, dentro del marco de sus competencias regulatorias.
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