El precio de investigar a los intocables del deporte

Durante años, Lance Armstrong consiguió que buena parte del mundo creyese en su leyenda. El ciclista estadounidense había superado un cáncer y encadenado siete victorias en el Tour de Francia, convirtiéndose en uno de los deportistas más admirados del planeta. Mientras su popularidad crecía, el periodista David Walsh investigaba las sospechas de dopaje que rodeaban sus éxitos. En 2004, Armstrong decidió responder en los tribunales. Dos años después, el Sunday Times, el periódico que había publicado aquellas informaciones, aceptó pagarle 300.000 libras y disculparse por la impresión transmitida por su artículo.

La historia cambió en 2012, cuando una investigación de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) desmontó la trayectoria deportiva del estadounidense. Armstrong perdió sus siete Tours y terminó reconociendo públicamente que se había dopado. El periódico que había tenido que indemnizarlo acabó reclamándole la devolución del dinero. La investigación periodística había sobrevivido a la batalla judicial.

El episodio ilustra una realidad poco conocida del deporte profesional. Detrás de los grandes campeones, las federaciones y las competiciones multimillonarias existe una estructura de poder que también puede recurrir a los tribunales para defender sus intereses. Periodistas que investigaron el dopaje, la corrupción institucional o los abusos sexuales terminaron enfrentándose a demandas, reclamaciones económicas y amenazas legales. Sus historias permiten entender cómo el coste de publicar una información puede prolongarse mucho más allá de su aparición en los medios.

Lance Armstrong y las 300.000 libras de una mentira

David Walsh llevaba desde 1999 cuestionando los resultados del ciclista. Junto al periodista francés Pierre Ballester publicó en 2004 L.A. Confidentiel, un libro que reunía testimonios sobre las prácticas del equipo US Postal. Entre ellos figuraba el de Emma O'Reilly, antigua masajista de la formación, que relató episodios relacionados con el uso de sustancias prohibidas. Armstrong negó las acusaciones y emprendió acciones por difamación contra la empresa editora del Sunday Times, Walsh y el periodista Alan English.

La batalla judicial terminó en junio de 2006 con un acuerdo extrajudicial, después de que un tribunal británico adoptase una interpretación preliminar del artículo favorable a la posición de Armstrong. El periódico se disculpó y, según se conoció posteriormente, el acuerdo supuso el pago de 300.000 libras al ciclista. Walsh había cuestionado públicamente al campeón, pero era Armstrong quien salía reforzado de aquel procedimiento.

Seis años después, la USADA presentó un informe con declaraciones juradas de 26 testigos, incluidos once antiguos compañeros del estadounidense. La investigación documentó un sistema organizado de dopaje que terminó provocando su sanción de por vida. En enero de 2013, Armstrong reconoció sus prácticas durante una entrevista con Oprah Winfrey. El Sunday Times ya había emprendido acciones para recuperar la indemnización y los gastos derivados del procedimiento anterior.

Ambas partes alcanzaron un nuevo acuerdo en agosto de 2013, aunque sus condiciones económicas no se hicieron públicas. La paradoja era evidente: Armstrong había recurrido a los tribunales contra informaciones sobre unas prácticas que acabaría confesando.

Paul Kimmage, el periodista al que demandaron los jefes del ciclismo

El caso Armstrong no fue el único episodio en el que el ciclismo respondió judicialmente a las investigaciones periodísticas. Paul Kimmage, antiguo corredor profesional reconvertido en periodista, llevaba años denunciando la cultura del dopaje y cuestionando el papel de quienes debían combatirla. Sus críticas alcanzaron a los máximos responsables de la Unión Ciclista Internacional (UCI), especialmente a los expresidentes Hein Verbruggen y Pat McQuaid.

En 2012, ambos dirigentes y la propia UCI emprendieron acciones por difamación contra Kimmage a raíz de sus declaraciones sobre la gestión del dopaje y el trato dispensado a Lance Armstrong. La particularidad del procedimiento residía en que las acciones se dirigieron personalmente contra el periodista, no contra los medios que habían difundido sus informaciones. Por entonces, Kimmage ya había perdido su puesto en el Sunday Times, lo que agravaba su exposición económica ante un litigio internacional.

El procedimiento se prolongó durante varios años. McQuaid retiró su demanda, pero Verbruggen continuó adelante. En mayo de 2016, un tribunal suizo falló contra Kimmage y le ordenó pagar 12.000 francos suizos por difamación, además de afrontar distintos gastos judiciales. La resolución también restringió la reiteración de determinadas acusaciones contra el antiguo presidente de la UCI.

Como recogió The Irish Times en su información sobre la sentencia, el procedimiento había dejado al periodista en una posición especialmente vulnerable. El desenlace tampoco permite presentar todas sus afirmaciones como judicialmente acreditadas. Pero el caso sí revela hasta qué punto un enfrentamiento con los dirigentes de una organización deportiva puede convertirse en una batalla personal y económica para quien los investiga.

Del fútbol haitiano a los tribunales franceses: investigar los abusos sexuales

La presión judicial sobre el periodismo deportivo no se ha limitado al dopaje. En 2020, el periodista francés Romain Molina publicó investigaciones sobre denuncias de abusos sexuales contra jugadoras, algunas menores de edad, vinculadas a la Federación Haitiana de Fútbol. Sus informaciones, difundidas en The Guardian y otras plataformas, situaron bajo escrutinio al entonces presidente federativo, Yves Jean-Bart.

Las acusaciones tuvieron importantes consecuencias institucionales. En noviembre de 2020, la FIFA inhabilitó de por vida a Jean-Bart tras una investigación disciplinaria. Sin embargo, el Tribunal Arbitral del Deporte anuló aquella sanción en febrero de 2023, una decisión que la organización internacional anunció que recurriría.

Mientras se desarrollaban esos procedimientos, Jean-Bart había presentado en mayo de 2020 una demanda por difamación contra Molina ante la justicia francesa. El periodista tuvo que defenderse en París por sus publicaciones sobre un asunto que había desencadenado investigaciones deportivas y denuncias de organizaciones de derechos humanos.

En marzo de 2023, Human Rights Watch denunció públicamente las acciones legales contra Molina. La organización advirtió del riesgo que suponía recurrir a los tribunales contra quienes investigaban posibles abusos y documentó testimonios sobre prácticas de explotación sexual, amenazas y vulneraciones de derechos dentro del fútbol haitiano.

La Federación Internacional de Periodistas también expresó su apoyo al reportero. No obstante, el procedimiento tuvo un desenlace desfavorable para Molina: en junio de 2023, un tribunal de París falló a favor de Jean-Bart en la causa por difamación, según informó el periódico haitiano Le Nouvelliste. La resolución debe distinguirse de las investigaciones sobre los presuntos abusos, que constituían un asunto diferente.

El caso muestra una de las dificultades de investigar posibles abusos dentro del deporte. Las informaciones pueden afectar a personas especialmente vulnerables, mientras las disputas judiciales se desarrollan en otros países y bajo legislaciones distintas. La necesidad de proteger la reputación de los investigados convive con el derecho de los periodistas a examinar denuncias de evidente interés público. Las dos cuestiones requieren garantías, pero no siempre cuentan con recursos equivalentes.

Andrew Jennings y Hajo Seppelt: cuando el poder deportivo cierra filas

Mucho antes de que estallara el gran escándalo de corrupción de la FIFA en 2015, el periodista británico Andrew Jennings llevaba años examinando las finanzas, los dirigentes y los negocios de la organización que gobernaba el fútbol mundial. Sus investigaciones cuestionaron los mecanismos de adjudicación de competiciones, los pagos a responsables federativos y la gestión de Sepp Blatter.

El trabajo tuvo consecuencias para su relación con la institución. La FIFA le restringió el acceso a determinadas actividades informativas y mantuvo una actitud de confrontación con sus investigaciones. En 2006, la Federación Internacional de Periodistas denunció públicamente el veto que sufría Jennings, que incluía su exclusión de ruedas de prensa y el envío de cartas amenazantes.

Blatter también amenazó con demandarlo por difamación, aunque finalmente no interpuso aquella demanda. Esa diferencia es fundamental: Jennings no protagonizó un procedimiento judicial equiparable al de Walsh o Kimmage, pero sí sufrió amenazas legales y restricciones institucionales por su trabajo. En 2015, las detenciones de altos cargos de la FIFA y las investigaciones internacionales sobre corrupción confirmaron la relevancia de muchas de las cuestiones que llevaba años examinando.

El periodista alemán Hajo Seppelt vivió otra forma de enfrentamiento con una estructura de poder deportivo. Sus documentales para la televisión pública ARD sobre el dopaje en el atletismo ruso desencadenaron una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje y contribuyeron a destapar prácticas sistemáticas de dopaje y encubrimiento.

La reacción también llegó a los tribunales. En diciembre de 2015, un juzgado de Moscú falló a favor de la federación rusa de atletismo en una demanda relacionada con el documental. ARD, Seppelt y dos de sus fuentes fueron condenados a pagar 3.000 rublos cada uno, una cantidad económicamente reducida, pero con un significado institucional relevante: las autoridades deportivas rusas utilizaron la resolución para desacreditar las denuncias difundidas por la televisión alemana.

La sentencia se produjo mientras organismos internacionales investigaban las irregularidades reveladas. La información de Reuters publicada por The Guardian recogió tanto el fallo judicial como la posición de los responsables deportivos rusos, que rechazaban las acusaciones del documental.

En ambos episodios, el enfrentamiento trascendió la relación entre un periodista y una fuente. Lo que estaba en discusión era la capacidad de los grandes organismos deportivos para controlar las condiciones en las que se investigaba su funcionamiento. Jennings encontró obstáculos para acceder a la FIFA; Seppelt tuvo que afrontar las consecuencias legales de sus revelaciones en Rusia.

El periodismo deportivo ante las demandas que buscan silenciar

Los cinco casos presentan circunstancias y resultados diferentes. Algunas investigaciones terminaron respaldadas por pruebas posteriores; otras dieron lugar a resoluciones judiciales desfavorables para sus autores. También hubo amenazas de demanda que nunca llegaron a materializarse. No todos estos procedimientos pueden calificarse automáticamente como SLAPP, las demandas estratégicas contra la participación pública que buscan impedir, restringir o penalizar la difusión de informaciones o críticas mediante el uso abusivo de la justicia.

La Directiva europea contra las SLAPP, aprobada en 2024, identifica entre los posibles indicios de estas prácticas las reclamaciones desproporcionadas, la multiplicación de procedimientos y la intimidación judicial. Sus garantías se centran en determinados asuntos civiles con repercusiones transfronterizas, por lo que no cabe aplicar retrospectivamente esa calificación jurídica a todos los conflictos relatados.

Sin embargo, las historias de Walsh, Kimmage, Molina, Jennings y Seppelt permiten observar cómo una investigación deportiva puede trasladarse de las redacciones a los despachos de abogados y los tribunales. Publicar una información no siempre pone fin al trabajo. En ocasiones abre otro proceso, mucho más costoso, en el que el periodista debe defender sus fuentes, sus afirmaciones y su propia actuación profesional.

El deporte profesional ha proporcionado algunas de las investigaciones periodísticas más relevantes de las últimas décadas. También ha demostrado que cuestionar a sus grandes figuras y organismos puede tener consecuencias mucho más allá de perder una acreditación o cerrar una puerta. En determinados casos, el precio de investigar se ha medido en años de litigios, indemnizaciones y gastos judiciales. Y no todos los periodistas disponen de los mismos recursos para afrontarlo.