El Manchester City lleva más de tresD años acompañado por un número: 115. Desde que la Premier League hizo públicos los cargos contra el club en febrero de 2023, la cifra ha terminado funcionando casi como el nombre oficial del procedimiento. Aparece en titulares, retransmisiones y debates sobre posibles sanciones, pero explica muy poco por sí sola. No se trata de 115 episodios completamente independientes ni de 115 versiones diferentes de una misma infracción. El expediente reúne presuntos incumplimientos de distintas normas y temporadas que pueden ordenarse en varios grandes bloques. Entenderlos permite responder a una pregunta mucho más relevante que la cifra: qué acusa realmente la Premier al Manchester City de haber hecho.
La cuestión ha vuelto al primer plano después de que distintos medios británicos informasen el pasado viernes de que el tribunal independiente encargado del procedimiento ya habría alcanzado conclusiones sobre buena parte de las acusaciones. Sky Sports señala que el proceso se dirige ahora hacia la fase de apelación y recoge informaciones que apuntan a que la mayoría de los cargos habrían sido considerados probados. Ni la Premier ni el tribunal han publicado todavía su decisión y el procedimiento permanece sujeto a confidencialidad. El Manchester City, que niega haber cometido irregularidades, insiste en que mantiene intacta su confianza en demostrar su inocencia.
Hay además una primera precisión sobre el propio número que se ha hecho famoso. La comunicación de la Premier de febrero de 2023 fue interpretada inicialmente como un expediente de 115 presuntas infracciones, denominación que desde entonces se ha mantenido de forma generalizada. Sky Sports señala, sin embargo, que el cómputo técnico podría alcanzar las 130 dependiendo de cómo se contabilicen determinadas reglas incluidas en cada temporada. Esa diferencia ayuda precisamente a entender por qué reducir todo el procedimiento a un número puede resultar engañoso: la Premier enumera normas aplicables año por año, aunque muchas respondan a una misma conducta presuntamente repetida.
Las cuentas están en el centro del caso
El primer gran bloque es también el que recorre más temporadas y afecta directamente a la información financiera facilitada por el club. La Premier acusa al Manchester City de no haber proporcionado información económica exacta que ofreciese una imagen fiel de su situación financiera en cada campaña entre 2009-10 y 2017-18. La documentación debía reflejar correctamente, entre otros elementos, los ingresos del club, incluidos los procedentes de patrocinios, las operaciones con partes vinculadas y los costes operativos. No se está juzgando, por tanto, simplemente cuánto dinero gastó el City, sino si la información que comunicó a la competición representaba de manera adecuada de dónde procedían sus ingresos y cuáles eran sus gastos.
Los patrocinios ocupan por ello una posición especialmente sensible dentro del expediente. Las reglas financieras del fútbol europeo y de la propia Premier condicionan la capacidad de gasto de los clubes a los recursos que generan. Si unos ingresos son superiores, también aumenta el margen disponible para financiar plantilla y operaciones deportivas. La cuestión que forma parte del caso no es la existencia de patrocinadores vinculados al proyecto del City en sí misma, sino si los ingresos correspondientes fueron correctamente declarados y reflejaban la realidad económica exigida por las reglas aplicables. La acusación de la Premier sostiene que durante nueve temporadas hubo incumplimientos en la obligación de aportar información financiera precisa. El City rechaza esa conclusión.
Un segundo bloque se refiere a algo más concreto: las remuneraciones de entrenadores y futbolistas. Entre las acusaciones figuran presuntos incumplimientos de las normas que obligaban al Manchester City a incluir en los contratos correspondientes todos los detalles de los pagos realizados a su entrenador entre las temporadas 2009-10 y 2012-13. También se incluyen obligaciones similares sobre la remuneración de jugadores entre 2010-11 y 2015-16. De nuevo, una misma clase de obligación aparece reproducida durante varias temporadas y contribuye a inflar el número total de cargos sin que cada uno represente necesariamente una historia distinta.
Sky Sports resume una de las acusaciones señalando que la Premier considera que no se habría declarado completamente la remuneración abonada a uno de los entrenadores durante un periodo de cuatro temporadas. El fondo del asunto vuelve a ser la transparencia financiera: si todos los pagos debían figurar en los contratos registrados y si la información aportada por el club cumplió ese requisito. El procedimiento deberá determinar qué acusaciones han sido acreditadas y cuáles no, una distinción especialmente importante antes de transformar el expediente completo en una única afirmación sobre la conducta del City.
UEFA, sostenibilidad y una investigación que también forma parte del juicio
El tercer bloque conecta directamente el caso con las normas financieras de UEFA. La Premier acusa al City de incumplir, entre las campañas 2013-14 y 2017-18, sus propias reglas que obligaban a los clubes participantes a respetar también las disposiciones de UEFA, incluidas las entonces denominadas normas de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero. Son cinco temporadas que aparecen separadamente dentro de la relación de acusaciones y que vuelven a elevar el cómputo total.
Esta parte del expediente no debe confundirse con el procedimiento que UEFA abrió anteriormente contra el Manchester City. En 2020, el organismo europeo impuso al club una exclusión de dos temporadas de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros. El Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló posteriormente la prohibición europea y redujo la multa a diez millones. Según la resolución del TAS, algunas de las acusaciones no quedaron acreditadas y otras habían prescrito, mientras que mantuvo una sanción relacionada con la falta de cooperación durante la investigación. La Premier tiene su propio procedimiento y, a diferencia de aquel expediente de UEFA, puede examinar infracciones mucho más antiguas dentro de sus normas.
Otro grupo afecta directamente a las reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier, conocidas actualmente por sus siglas inglesas PSR. El club está acusado de incumplir las normas vigentes en las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Es probablemente el bloque que resulta más familiar después de las recientes sanciones sufridas por Everton y Nottingham Forest, aunque los casos no son equivalentes. En el expediente del City, las acusaciones sobre PSR forman únicamente una parte de un procedimiento mucho más amplio que abarca la exactitud de las cuentas, las remuneraciones, las obligaciones relacionadas con UEFA y la posterior investigación de la propia liga.
Y ahí aparece el último gran grupo de cargos, que no se refiere directamente a cuánto ingresó o gastó el Manchester City. Desde diciembre de 2018, la Premier sostiene que el club incumplió de manera reiterada las obligaciones de cooperar y asistir a la competición en su investigación, facilitando documentos e información de buena fe. La acusación comprende las temporadas 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 y 2022-23. Es decir, una parte significativa del famoso expediente no juzga las operaciones económicas originales, sino la conducta posterior del club cuando la Premier comenzó a investigarlas.
Esta distinción ayuda a comprender por qué hablar simplemente de “115 infracciones financieras” puede llevar a error. Algunas acusaciones sostienen que el City habría proporcionado información económica incorrecta; otras se refieren a contratos de entrenadores o jugadores; otras examinan el cumplimiento de normas financieras de UEFA y de la propia Premier; y otra parte cuestiona si el club colaboró adecuadamente con la investigación. Todas forman parte del mismo procedimiento, pero no tienen exactamente la misma naturaleza ni necesariamente la misma gravedad.
También explica por qué cualquier futura sanción resulta difícil de anticipar mediante una simple multiplicación. No existe una regla según la cual cada cargo declarado probado equivalga a una determinada pérdida de puntos. La comisión independiente deberá valorar qué infracciones se consideran acreditadas, durante cuánto tiempo se produjeron y qué respuesta corresponde conforme al reglamento. Las posibilidades contempladas por las normas incluyen desde multas hasta deducciones de puntos y otras medidas deportivas. La Premier no dispone actualmente de una tabla automática de castigos para este tipo de infracciones.
El procedimiento tampoco ha llegado todavía a ese punto definitivo. La audiencia ante la comisión independiente se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2024 y las informaciones aparecidas el 25 de septiembre de 2026 sostienen que ya existen conclusiones sobre los cargos y que el expediente avanza hacia una apelación. Las dos partes pueden recurrir una decisión dentro de los plazos contemplados por las normas. Mientras no se publique la resolución y finalicen los recursos, no puede conocerse con precisión qué acusaciones han quedado acreditadas ni qué consecuencias tendrán.
Eso convierte el número 115 en una buena etiqueta periodística, pero en una explicación bastante pobre del caso. Lo que la Premier ha llevado ante una comisión independiente es una disputa sobre cómo reflejó el Manchester City sus finanzas durante buena parte de la primera década del proyecto de Abu Dabi, cómo declaró determinadas remuneraciones, si cumplió las normas económicas nacionales y europeas y cómo respondió posteriormente a la investigación. La gran incógnita ya no es únicamente cuántos cargos aparecen escritos en el expediente, sino cuáles terminarán siendo considerados probados cuando el procedimiento haya agotado todas sus fases.
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