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David Sullivan, uno de los principales accionistas del West Ham United, ha declarado la guerra judicial a la BBC. El empresario británico presentó el pasado 1 de octubre una demanda por difamación en la que reclama más de 150 millones de libras a la cadena pública por la emisión de Predator: The Billionaire Football Boss, un documental de investigación que recoge las denuncias de siete mujeres sobre su comportamiento durante las décadas de 1980 y 1990. Sullivan rechaza todas las acusaciones y sostiene que el programa presentó afirmaciones controvertidas como si fueran hechos probados.
La ofensiva judicial no se limita a la indemnización económica. El empresario también solicita que la BBC retire el documental de sus plataformas e impida nuevas publicaciones de las acusaciones. La petición, recogida por Sky Sports en su información sobre la demanda, introduce una dimensión que trasciende el enfrentamiento particular: qué sucede cuando un personaje con importantes recursos económicos recurre a los tribunales para combatir una investigación periodística y solicita que su contenido deje de estar disponible.
El procedimiento se encuentra en una fase en la que todavía no existe una resolución que determine si la BBC actuó de manera difamatoria. Tampoco hay una decisión judicial que permita calificar la demanda como abusiva. Sullivan tiene derecho a defender su reputación y a reclamar responsabilidades si considera que se han publicado informaciones falsas. La controversia plantea, al mismo tiempo, cuestiones sobre el alcance de las reclamaciones económicas y sus posibles efectos sobre el periodismo de investigación.
Siete testimonios y una investigación que sacudió al West Ham
El origen del enfrentamiento está en el documental emitido por el programa Panorama el 8 de junio de 2026. La investigación, desarrollada conjuntamente por la BBC y The Times, recogía los testimonios de siete mujeres que atribuían a Sullivan comportamientos de carácter sexual presuntamente abusivos o explotadores durante su etapa al frente de los periódicos Daily Sport y Sunday Sport.
Según la información publicada por The Guardian, tres de las mujeres sostenían que el empresario había aprovechado su posición dentro de aquellas publicaciones para intentar obtener relaciones sexuales cuando buscaban oportunidades laborales. Otras cuatro describieron comportamientos que consideraban explotadores, incluidas presuntas presiones durante reuniones profesionales.
Se trata de denuncias que Sullivan niega categóricamente y que no deben presentarse como hechos judicialmente probados. La investigación periodística dio voz a las mujeres y examinó el contexto en el que, según sus testimonios, se habrían producido los episodios denunciados. El empresario sostiene que las acusaciones son falsas y que el programa perjudicó gravemente su reputación.
Las consecuencias alcanzaron rápidamente al fútbol inglés. Dos días antes de la emisión, el 6 de junio, Sullivan abandonó sus responsabilidades como copresidente y consejero del West Ham, aunque conservó una participación accionarial cercana al 39%. Explicó que quería concentrar sus esfuerzos en combatir unas acusaciones que consideraba infundadas y evitar que la controversia afectase al funcionamiento del club.
La emisión también motivó nuevas actuaciones institucionales. La Policía de Essex confirmó que había recibido información relacionada con las denuncias, mientras que el regulador independiente del fútbol inglés anunció que examinaba cuestiones relativas a la idoneidad de Sullivan para mantener responsabilidades como propietario. La existencia de estas actuaciones no implica que se haya determinado su culpabilidad.
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Una reclamación millonaria y la exigencia de retirar el documental
La respuesta legal llegó formalmente el 1 de octubre. Los abogados de Sullivan presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales por difamación. Según la documentación judicial examinada por varios medios británicos, el empresario también alega la difusión maliciosa de falsedades y atribuye a la investigación importantes daños personales, reputacionales y comerciales.
Su defensa acusa a la BBC de no haber respetado los estándares del periodismo responsable, de ignorar supuestas pruebas que contradecían testimonios fundamentales y de ofrecer al espectador una imagen de Sullivan vinculada a conductas delictivas. El empresario sostiene que la emisión perjudicó sus relaciones comerciales y bancarias, además de provocar un deterioro de su imagen pública.
La reclamación supera los 150 millones de libras, una cantidad especialmente elevada para un litigio relacionado con una publicación periodística. Sin embargo, se trata de una pretensión de la parte demandante, no de una indemnización reconocida por un tribunal. Corresponderá a la justicia examinar sus fundamentos y determinar si existe responsabilidad por parte de la cadena pública.
La petición de retirar el documental añade otro elemento al procedimiento. Sullivan no solo pretende obtener una compensación por los perjuicios que asegura haber sufrido, sino también impedir que las acusaciones sigan difundiéndose. Si el tribunal aceptara esas pretensiones, la resolución podría afectar a la disponibilidad de una investigación que ya ha tenido consecuencias públicas e institucionales.
La BBC, por su parte, declinó comentar la demanda cuando se conoció su presentación. La corporación había elaborado el documental junto a The Times, cuyos periodistas hablaron con antiguas modelos y personas vinculadas al sector editorial en el que Sullivan desarrolló buena parte de sus negocios. La cadena tampoco había anunciado entonces una retirada del programa como consecuencia de la reclamación.
El derecho al honor frente a la libertad de investigar
El conflicto entre Sullivan y la BBC se desarrolla en un momento de creciente preocupación por las llamadas SLAPP, siglas inglesas utilizadas para identificar determinadas demandas estratégicas contra la participación pública. Estos procedimientos pueden utilizarse de forma abusiva para intimidar, desgastar económicamente o dificultar el trabajo de periodistas y otras personas que investigan asuntos de interés general.
No obstante, la dimensión económica de una demanda no basta para demostrar que se trata de una SLAPP. La existencia de posibles indicios debe examinarse atendiendo a las circunstancias del litigio, su fundamento jurídico y las pretensiones de quien lo promueve. En el caso de Sullivan, no existe una resolución que haya establecido que su acción judicial persiga silenciar ilegítimamente a la BBC.
El empresario argumenta que está ejerciendo su derecho a defenderse de acusaciones que considera falsas. La BBC, como cualquier medio de comunicación, está obligada a contrastar sus investigaciones y puede afrontar responsabilidades si vulnera los derechos de las personas afectadas. Pero el interés público de examinar denuncias relacionadas con personajes influyentes también forma parte de la protección que merece el periodismo.
La Directiva europea de 2024 contra las demandas estratégicas abusivas recoge precisamente la preocupación por los procedimientos que pueden utilizarse para obstaculizar la participación pública. Aunque la norma no determina el resultado de este litigio británico, proporciona un marco para comprender el debate sobre el desequilibrio de recursos entre determinados demandantes y quienes publican investigaciones de interés general.
En este caso, el enfrentamiento afecta a un empresario con una considerable fortuna y a una de las principales corporaciones públicas de comunicación del mundo. La BBC dispone de recursos para afrontar su defensa, pero la posibilidad de reclamar indemnizaciones extraordinarias y solicitar la retirada de contenidos plantea interrogantes que van más allá de este procedimiento concreto.
La justicia británica tendrá que determinar si la investigación vulneró los derechos de Sullivan y si existen fundamentos para las medidas solicitadas. Hasta entonces, las denuncias recogidas en el documental siguen siendo acusaciones rechazadas por el empresario, y la reclamación de 150 millones continúa siendo una pretensión pendiente de resolución. El conflicto queda así situado en uno de los terrenos más delicados para el periodismo: la necesidad de investigar al poder sin convertir las sospechas en condenas ni las demandas judiciales en instrumentos ajenos a la protección legítima de los derechos.
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