El Tribunal Supremo  ha rechazado el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró abusivas las cláusulas suelo y obliga a devolver el dinero con carácter retroactivo (antes del 2013). El Supremo analizó un recurso que afecta a BBVA y otro relativo a Caja Rural de Teruel, si bien fue el presentado por el primero el que suscitaba interés, dado que es uno de los grandes.

 Excepciones

La cuestión a dirimir era si todas las cláusulas suelo son abusivas o solo en determinados casos. Algunos jueces han considerado abusivas estas cláusulas en función del perfil del cliente, de la información remitida a este antes de la firma, de si hubo negociación individualizada de las condiciones de los préstamos y del papel del notario durante la firma, por ejemplo. En algunos casos, se llegó a establecer una cláusula suelo igual al tipo inicial, en una práctica considerada claramente abusiva por los magistrados y que comporta la devolución de lo cobrado de más desde la firma inicial del contrato.

El BBVA explicó que recurría al Supremo para poder contar con un esquema de pago y aclarar dudas respecto a la cuestión de causa juzgada, la prescripción y lo relativo a los intereses. Ahora deverá devolver todas las cláusulas suelo desde el momento en el que se firmó la hipoteca si ésta las contenía.

La sentencia del Tribunal Europeo declaró el deber de devolver la totalidad de las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo, teniendo en cuenta dos excepciones: que hubiera cosa juzgada o que las acciones para solicitar la devolución hubieran caducado o prescrito. Precisamente, son éstas las principales aclaraciones que la entidad que preside Francisco González ha formulado ante el Tribunal Supremo: si puede decirse que existe "cosa juzgada en su caso" o si algunas de las acciones de devolución han podido prescribir o caducar.

Desde que el TJUE emitiera su dictamen hasta hoy ha transcurrido un periodo de tiempo en el que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que obliga a las entidades a poner en marcha un mecanismo para devolver a los consumidores lo cobrado de más por cláusulas suelo.