La Unión General de Trabajadores (UGT), uno de los principales sindicatos del país, atraviesa su propio conflicto laboral como consecuencia de la negociación del convenio colectivo, cuya vigencia finalizó en 2020. La plantilla de la organización sindical se concentra este miércoles en diferentes localizaciones para presionar de cara a la renovación de un convenio que se encuentra en ultraactividad desde hace tres años. Los trabajadores consideran que la propuesta emitida por el sindicato, que en esta negociación opera bajo el papel habitual de la empresa, supone un “recorte” de derechos laborales.

"Avergonzaría a cualquier sindicalista", señalan trabajadores de UGT en referencia a la propuesta, destacando especialmente la propuesta salarial “irrisoria” planteada, por debajo del IPC. En concreto, el sindicato propone una subida salarial del 2,8% para 2022, afectando esta solo al salario base, y un incremento del 2,5% para 2023. Ambos porcentajes se encuentran por debajo de la evolución del precio de la vida y, lo que más molesta y sorprende a los trabajadores, la propuesta se aleja de la exigencia que el propio sindicato ha hecho a la patronal para alcanzar un pacto de rentas en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Como respuesta, la plantilla del sindicato se concentrará este miércoles ante las sedes principales de UGT en Andalucía, Baleares, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja, protestas que se suman a las ya realizadas en otras regiones y que continuarán con otra movilización de carácter más general en Madrid en los primeros días de mayo. La propuesta no es aceptable para los trabajadores, a pesar de que diferentes fuentes trasladan que ha mejorado respecto a la inicial, que iba desde el 0% al 2%.

Desde la organización se defienden y trasladan a ElPlural.com que en estos momentos "hay reuniones de Negociación del convenio" y que "la dirección del sindicato ha puesto propuestas sobre la mesa y esperala respuesta de la parte social", asegurando que la negociación no "solo es tema salarial". Además, han subrayado a este periódico que "los recursos del sindicato tambien són limitados, no somos una empresa que tenga beneficios".

En estos momentos se encuentran “negociando nuestro convenio con la normalidad de cualquier otro”. No obstante, sorprende que la propuesta de UGT diste tanto de la presentada, conjuntamente con CCOO, a la CEOE, que contempla subidas del 5%, 4,5% y 3,75% para 2022, 2023 y 2024, respectivamente, y una cláusula de revisión salarial. Sobre esta cláusula, el sindicato también propone un mecanismo de revisión que resulte "de un porcentaje medio de los incrementos salariales que se obtengan en el sector de oficinas y seguros", lo que la plantilla considera que no tiene "ninguna lógica económica".

Entre las pretensiones de lo que, en otras negociaciones, sería la parte empresarial de la comisión negociadora también se incluye que el convenio únicamente tenga vigencia durante este año, cuando ya han transcurrido casi cuatro meses del mismo, y eliminar, para las nuevas incorporaciones, la gratificación de jubilación. Los trabajadores denuncian también que el sindicato ha planteado reducir las cantidades para los trabajadores que cumplen con la antigüedad e "imponer" que en todos los organismos la jornada continuada sea sólo de dos meses (julio y agosto), cuando antes se daba libertad a cada organismo para establecer que esta abarcara un tiempo mayor.

A su vez, advierten de que el sindicato quiere establecer para sus propios trabajadores una cláusula de nueva redacción con la que se pretende que, "de forma unilateral, se pueda acordar el descuelgue del convenio sin necesidad de justificación y negociación". "Con estas propuestas de retroceso, que avergonzarían a cualquier sindicalista, es obvio que la parte empresarial no tiene como objetivo negociar de buena fe, y sólo pretende alargar un proceso cuyo fin último es destruir nuestro convenio colectivo marco", concluyen.

Cabe destacar que este convenio marco de UGT afecta a todos los trabajadores que prestan sus servicios en el sindicato mediante contrato laboral, lo que supone un gran porcentaje. De este, quedan excluidos el personal con responsabilidad política electo en los órganos políticos de la organización y el personal liberado, independientemente de su cometido. La principal autoridad política del sindicato, Pepe Álvarez, señalaba hace apenas un mes que “este es el momento del acuerdo, la CEOE tiene que ser consciente de que o hay acuerdo o se va a cerrar la negociación a nivel estatal”, y advertía, que, de no alcanzarse un acuerdo, se volvería a una “situación de convenio por convenio, sumando conflicto en el conjunto del país”. Conflicto que ahora afecta al sindicato.