Carlos Álvarez, secretario federal del sector de Administración General del Estado de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha presentado hoy un informe en el que el sindicato analiza las diferencias salariales entre funcionarios. Si bien es una labor de enorme complejidad, Álvarez ha querido destacar que los trabajadores del Estado "tradicionalmente" tienen peores condiciones que aquellos en otras administraciones, como comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Y pone de ejemplo la situación de los funcionarios de prisiones​, entre los que hay diferencias salariales de hasta 600 euros mensuales por desempeñar las mismas funciones en diferentes centros penitenciarios.  Tal es la situación, que Álvarez calcula que serían necesarios 160 millones de euros para resolver las situaciones de discriminación de los 22.000 trabajadores de prisiones. 

Defensa, el peor ministerio para trabajar

Las diferencias, además de darse entre el mismo tipo de funcionarios en diferentes territorios, también existen entre ministerios. Así el Ministerio de Defensa es, según el representante sindical, el sitio del que "todo el mundo huye" al darse en él las peores condiciones laborales y salariales, mientras que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suele tener más incorporaciones que bajas. 

Pero la discriminación más grave, a jucio del sindicato, es la que existe entre personal laboral de la Administración y funcionarios. Trabajadores que realizan las mismas funciones y con la misma formación, como es el caso del grupo C1 de funcionarios y el G3 de personal contratado, tienen una diferencia salarial de 7.216,56 euros anuales, según datos de la propia Adminstración. Equiparar los 60.000 salarios afectados por esta desigualdad costaría a las arcas públicas 60 millones de euros. 

Poco tiempo, poca estabilidad parlamentaria

Todos estos problemas se pretenden abordar en las tres reivindicaciones que plantea UGT a la Administración: En primer lugar, la homologación salarial entre laborales y funcionarios. “Actualmente se está negociando ya el IV Convenio Único”. En segundo lugar, la subida lineal de 200 euros para 200.000 trabajadores, que es una reivindicación conjunta con otros sindicatos, reflejada en campañas de movilizaciones durante 2018. Carlos Álvarez señala como tercera reivindicación el desarrollo de la Ley de Función pública con el establecimiento de la carrera profesional. Una medida que "ya se ha desarrollado en todas las Comunidades Autónomas y sin embargo en la AGE aún no se ha iniciado la negociación”.

Desde el sindicato confían en el talante negociador del nuevo Gobierno, que no tiene "nada que ver" con el anterior. Aunque la composición parlamentaria y la incierta duración de la legislatura no ofrecen garantías de que las negociaciones culminen en medidas efectivas y en la legislación correspondiente, según reconocen en el propio sindicato.