El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un paquete de ayudas directas a las empresas, como venían reclamando la mayoría de expertos e instituciones internacionales, y como han insistido desde UGT.

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"La duración e intensidad del impacto de la pandemia había puesto de manifiesto que las medidas de sustitución de rentas y financiación blanda no eran suficientes. Los ERTE, que tan positivo resultado están teniendo para salvaguardar cientos de miles de empleos, no bastan para preservar puestos de trabajo si lo que se pone en cuestión es la viabilidad estructural de la empresa", aseguran desde el sindicato. 

UGT reconoce que "aunque llegue con meses de retraso, hay que congratularse de la aprobación de este paquete de medidas, sobre todo en lo que se refiere a las ayudas directas que contempla, puesto que van en la dirección adecuada. La preservación de empresas viables es esencial no solo para garantizar la pervivencia de la actividad y del empleo mientras dure la pandemia, sino también para hacer posible una reactivación rápida y sólida cuando la superemos". 

Así, abogan por realizar una lectura detenida de los procedimientos y garantías establecidos en la norma para realizar una valoración más precisa. UGT considera que se trata de una iniciativa necesaria y bien dirigida, pero que, en lo que se refiere a las ayudas directas, parece de dimensión insuficiente, "a la vista de lo que se ha aplicado en los países centrales de nuestro entorno y, sobre todo, de la importancia cuantitativa de las pymes en nuestro país".

Seguimiento y control imprescindible

No obstante, "hay que precisar que se trata de una primera actuación en este ámbito, y entendemos que, en caso de precisarse una ampliación de estos fondos, se realizaría". Además, UGT pide prestar especial atención a algunas circunstancias:

  • Es fundamental que estas ayudas directas estén condicionadas al mantenimiento del empleo en las empresas que accedan a las mismas, así como establecer mecanismos que eviten que se utilicen para incrementar beneficios.
  • Imprescindible un seguimiento y control ajustado de todos los condicionantes establecidos para que las empresas puedan acogerse a los fondos aprobados (volumen de caída de ingresos; garantía de actividad, empleo y evolución de retribuciones y dividendos; no utilización de paraísos fiscales; etc.) para asegurar su uso eficiente.
  • Cada vez más se pone de relieve la necesidad de mejorar la coordinación entre el gobierno central y los de las Comunidades Autónomas, puesto que serán estás las que finalmente adjudiquen las ayudas aprobadas hoy, mientras que el control de la eficiencia de los mismos corresponde en mayor medida a la Administración General del Estado. Faltan, en este sentido, mecanismos de información transparente, agrupada y puntual de las acciones que se acometen territorialmente, para que la ciudadanía valore y pondere la actuación política en cada ámbito.
  • La toma de posición en el capital de las empresas de mayor tamaño, que se ha establecido como condición en el caso de las ayudas derivadas del fondo de 1.000 millones de euros gestionado por COFIDES para la recapitalización empresas, debe constituirse como un instrumento privilegiado para que el Estado oriente las decisiones estratégicas de estas empresas en la línea de contribuir a un nuevo modelo productivo, más equilibrado y sostenible.

Valoración positiva pero "insuficiente"

En definitiva, la primera valoración de UGT es positiva, puesto que el paquete aprobado contribuye a mantener las ayudas mientras dura la pandemia, en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales y de la realidad económica y social de nuestro país. El sindicato lleva meses solicitando este tipo de actuaciones, conscientes de la necesidad de impedir una destrucción del tejido productivo que alimentaría la crisis y prolongaría su impacto durante años.

"No es momento de retirar ayudas a hogares y empresas, sino de reforzarlas, para que, cuando se recupere la normalidad sanitaria, se recobre de manera rápida la actividad y el empleo, y con ellos, la calidad de vida de millones de personas trabajadoras que están atravesando enormes dificultades desde marzo de 2020", denuncia UGT.