La lógica parlamentaria obliga a sudar sangre al Gobierno cada vez que quiere sacar adelante una nueva ley. Sin ninguna mayoría de izquierdas que salvaguarde los intereses de la clase trabajadora, las medidas quedan en manos de formaciones democristianas, como el PNV, y neoliberales, como Junts per Catalunya, y cuando estas van contra los intereses de las patronales, la “mayoría” de la coalición que PSOE y Sumar venden desde 2023 se resquebraja y torna en una suerte de regateo de mercadillo. Turno de la reducción de jornada.
La medida estrella de los magentas, suscrita en el acuerdo de Gobierno con los socialistas, contempla un aminoramiento de los tiempos de trabajo hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial y para todo el conjunto de asalariados, independientemente de su convenio o sector. Además, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes contempla otras modificaciones, como el endurecimiento del registro horario y su acceso para la Inspección de Trabajo o el derecho a la desconexión, que están complicando la negociación parlamentaria con Junts.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ceja en sus intento de negociar con la derecha catalana, totalmente arraigada a los intereses empresariales y de la patronal del territorio (Foment del Treball), pero Carles Puigdemont no está por la labor de contribuir a la mejora de los derechos de los trabajadores y así se lo ha hecho saber a la ministra de Trabajo. Además, sus seguidores han presentado una enmienda a la totalidad contra la norma, que acudirá próximamente al Congreso de los Diputados para ser debatida.
La negativa y el chantaje habitual que despliega Junts ante cualquier negociación ya no sorprende ni al ujier más novato de la Cámara Baja, pero en esta ocasión puede no existir una contrapartida simbólica que permita a los de Puigdemont vender una victoria del catalanismo, pues las que están empujando (y pagando) el no a la reforma son las empresas y burguesía catalana. Y con estas Junts no juega. Díaz se enfrenta a esta situación a sabiendas, pero también se guarda alguna carta en la manga para apretar la negociación e incluso seguir adelante tras el fracaso.
La jornada laboral pactada media en Cataluña ya ronda las 37,5 horas. Si bien esta no afecta a los que se encuentran fuera de convenios y se encuentra con el problema de realizar una media en la que unos pueden ubicarse hasta dos horas y media por debajo de estos tiempo y otros dos horas y media por encima; lo cierto es que la jornada media pactada en Cataluña es de 37,56 horas, por lo que la aprobación de la norma no afectaría en demasía al tejido empresarial ni laboral.
Sin embargo, el endurecimiento del registro laboral para evitar los trampeos habituales de las empresas, que podría derivar en el pago de millones de horas extra no abonadas todos los años, puede ser un aspecto que preocupe más a las empresas catalanas. En Trabajo lo saben y para evitar que esta sea la razón para dejar caer la norma han advertido a Junts y los lobbies que le acompañan de que este aspecto puede aprobarse a través de un desarrollo reglamentario y no pasar por el Congreso, tal y como ha adelantado ElPaís.
Registro laboral
La norma que defiende Díaz contempla modificaciones en el registro de jornada, que obligarían a las empresas a tener un registro diario de jornada “digital, objetivo, fiable y accesible”; es decir, se acabarían los registros en papel. Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los representantes de los trabajadores deberían tener acceso en tiempo real al registro para garantizar el cumplimiento de la rebaja. El registro ayudará también al nuevo régimen sancionador establecido, más duro para evitar la vulneración sistemática que muchas empresas tienen como práctica.
Esto no gusta a las empresas, que se benefician de más de 2,5 millones de horas extra no pagadas a la semana, datos recogidos desde sindicatos y desde organismos públicos. Una estafa semanal de miles de millones que sufren los trabajadores a manos de sus empresarios. Intentar seguir limitando estas prácticas abusivas se incluye en el proyecto de la reducción de jornada, pero el Gobierno podría aprobarlo con un Real Decreto que contuviese un nuevo reglamento, que no requiere su voto en el Parlamento.
Esto podría evitarse de alcanzarse un acuerdo sobre la norma de reducción de jornada, que también contempla compensaciones, ayudas e incentivos para que las empresas puedan asumir los nuevos horarios. De no ser así, el nuevo registro y la mayor vigilancia se aplicaría sin ningún tipo de contemplación y las sanciones se multiplicarían al contarse con una supervisión más extensa.
