Los funcionarios están de enhorabuena desde que los sindicatos (UGT y CCOO) y el Gobierno alcanzaron un acuerdo de subida salarial que afecta al periodo 2022-20224. Desde ese momento, y con retroactividad, se ha producido ya una subida el pasado año y otra este, a las que se ha sumado la última confirmación de un incremento extra por los valores de la inflación. Ahora, el Plan Presupuestario 2024 remitido por el Ejecutivo a Bruselas recoge el gasto calculado de las subidas y evidencia la intención de seguir mejorando las condiciones de los empleados públicos.
¿Cuánto ha subido y hasta dónde llegará el salario de los funcionarios?
La primera de todas fue aprobada en octubre de 2022. Pese a producirse casi a finales de año, el incremento se reflejo en cuentas de los funcionarios de forma retroactiva, lo que significa que cobraron la subida de todo el año. Durante ese curso, el porcentaje de aumento fijado se situó en el 3,5%.
En 2023, desde comienzos del año, los empleados públicos contaban con una subida fija del 2,5%, que se calculaba ya sobre el sueldo más alto conseguido en 2022. A esta progresión se le podían sumar a lo largo del año un punto más repartido a partes iguales en dos variables. Medio punto, que ya se ha aplicado y se pagará de forma retroactiva, estaba supeditado a la superación del 6% como resultado de la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023.
La circunstancia se ha dado y el Consejo de Ministros ha dado luz verde a este nuevo incremento, situando la progresión de este año en el 3%. La media de incremento será de 180 euros en la nómina anual. Este valor podría alcanzar el 3,5% “si el incremento del PIB nominal fuera igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE”. Este lunes, el Gobierno ha actualizado sus previsiones macro para este año, esperando que el PIB cierre en el 2,4%, valor que deberá superarse para que los funcionarios se beneficien de otro medio punto de subida.
De cara a 2024, último año de las subidas pactadas, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. “Adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”, recoge la ley.
En total, al acuerdo salarial contempla una subida salarial acumulada del 8%, porcentaje fijo que podría subir hasta un máximo de un 9,5%. Un 0,5% ya se ha activado, por lo que el mínimo que se alcanzará de subida será ya del 8,5%. Este año es el único que contempla un aumento con relación al PIB y el próximo tan solo podrá contemplarse un aumento máximo del 0,5% y dependerá del IPC.
¿Quiénes se benefician de este aumento?
La subida beneficia a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor en las Administraciones Públicas como funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas, les siguen por número de personal las entidades locales y la Administración Central.
A estos se suman ahora, tras el acuerdo alcanzado con sus representantes laborales, la Administración de Justicia. De esta forma, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde inicios de año:
En lo referido a jueces y fiscales, se aprueba la actualización del complemento de destino por representación, que será de entre 440 y 450 euros mensuales, en función del órgano y el destino de los profesionales. Se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un 40% con efectos a 1 de enero de 2023 y otro 40% a partir del 1 de enero de 2024, y el restante 20% tendrá efecto desde el 1 de julio de 2024.
En cuanto a las retribuciones de letrados de la Administración de Justicia, el Gobierno reconoce su labor con un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023. Este se devengará de manera progresiva, con efectos a 1 de enero de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 y, por último, desde el 1 de julio de 2024.
Coste público de la subida salarial
Las subidas salariales que afectan a más de tres millones de funcionarios tienen un coste para las cuentas públicas. Así, el gasto de la subida salarial para este año se cifra en 4.631 millones de euros dentro del Plan Presupuestario. La subida adicional aprobada para 2023 ha tenido un coste cifrado en los 791 millones de euros.
En lo referido a 2024, el Gobierno ha cifrado en 4.746 millones de euros el impacto presupuestario de la subida del sueldo de los empleados públicos acordada con los sindicatos. Así, el coste de la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos superará los 10.000 millones, sumando los tres años, holgadamente.
