Como viene siendo habitual, España presentó su plan presupuestario para 2023 con el objetivo de someterlo a la revisión por parte de la Comisión Europea. En principio, seguimos con la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es el que determina las medidas preventivas y correctivas que deben poner en marcha los países de la eurozona para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad fiscal. Las medidas preventivas se refieren a aquellas medidas que deben poner en marcha los países para evitar caer en lo que se denomina el Protocolo de Déficit Excesivo, esto es, cuando el déficit público se sitúa por encima del 3%. Medidas correctivas son cuando ya estamos en ese protocolo, con un déficit público de mayor magnitud. España sólo ha estado, en los últimos 14 años, uno fuera de ese protocolo de déficit excesivo, el año 2019, justo antes de la pandemia. El resto de años hemos experimentado grandes déficit públicos que han llevado a nuestra deuda pública a crecer hasta el 116% del PIB que experimentamos ahora. La ausencia de medidas correctivas para reducir esos déficits excesivos llevó incluso a una amenaza, por parte de la Comisión Europea, de imponer unas sanciones que finalmente no se impusieron, durante el último mandado de Mariano Rajoy con Montoro como ministro.

En la actualidad, el Pacto de Estabilidad está suspendido y la revisión que realiza la Comisión es menos determinante, pero tarde o temprano, con o sin reforma, se volverá a activar y a partir de ese momento España tendrá que volver a rendir cuentas de su cuadro fiscal a medio y largo plazo. En los últimos años, España ha tenido importantes déficits públicos, debido tanto a la caída del PIB provocada por la pandemia como al coste de las medidas puestas en marcha para reactivar la economía, que, pese a lo que se señala, ni fueron particularmente onerosas, ni fueron particularmente generosas. Otros países movilizaron más recursos y puede que detrás de esta mayor movilización de recursos se encuentre el diferencial de crecimiento y recuperación existente desde la pandemia hasta el día de hoy. Por su parte, el crecimiento nominal del PIB hace que el peso de la deuda pública haya retrocedido y hoy, España tiene una deuda pública sobre el PIB seis puntos por debajo del máximo alcanzado en 2021. La existencia del instrumento de protección de transmisión de la política monetaria hace que nuestra prima de riesgo no se despegue excesivamente, aun cuando los tipos de interés de la misma están subiendo por cuanto la política monetaria del Banco Central Europeo se está endureciendo y lo hará más en el futuro. En cualquier caso, no se prevén grandes dificultades en el futuro cercano.

Sin embargo, si hay un elemento que debe llamarnos la atención y que, con total seguridad, llamará la atención de la Comisión Europea en su evaluación. Y es que, pese a la situación cíclica de nuestra economía, la situación de nuestro saldo estructural sigue siendo muy poco saludable. Entendemos saldo estructural como aquel saldo fiscal -ingresos menos gastos- que no tiene en cuenta la situación cíclica de la economía, y viene a ser un indicador de la sostenibilidad a largo plazo de nuestras cuentas públicas. Es un instrumento de medición muy imperfecto y sujeto a muchas y diversas interpretaciones, pero mientras lo usemos -algo que está todavía por terminar de definirse en el marco de las reformas de las reglas fiscales de la Unión Europea- su magnitud marca la credibilidad a largo plazo de nuestro cuadro fiscal. Lo cierto es que el déficit estructural que se plantea España para 2023 es del 3,4% del PIB, menor que el de 2022 (3,7%) pero con muy poco avance respecto de 2021 (3,5%). Es un avance muy corto, teniendo además en cuenta que los objetivos a medio plazo, para tener un cuadro fiscal sólido, debería situarse en menos del 0,5% del PIB. La cifra nos indica que España gasta estructuralmente -no coyunturalmente- más de lo que ingresa. Esto significa que para que España mantenga, a largo plazo, un cuadro fiscal lo suficientemente sólido, deberíamos o bien reducir los gastos públicos, o bien incrementar los ingresos. Este es el debate básico sobre el que deberíamos centrar nuestra atención, sabido ya que los gastos no pueden crecer indefinidamente más que los ingresos -sí lo pueden hacer, y deben, en el marco de un estímulo fiscal específico, como el ofrecido en 2020 y 2021- y las bajadas de impuestos no se autofinancian. El año que viene va a ser un año electoral importante por muchos motivos, pero uno de ellos es seguir confrontando sobre qué estrategia es la más adecuada para corregir este desequilibrio que, quince años más tarde, sigue afectando a nuestras cuentas públicas.