En una semana particularmente difícil para la política laboral, el viernes la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo anunció el pacto entre el gobierno y los sindicatos para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional un 5% en 2024. Este aumento se enmarca en la senda incremental que tiene como objetivo cumplir con las directrices establecidas por la Carta Social Europea, que propone que el SMI represente el 60% del salario medio de cada país. Como resultado, el SMI se situará en 1134 euros mensuales en 14 pagas, o en más de 1300 euros en 13 pagas, acercándose no sólo a las cifras previstas por la Carta Social Europea sino también a la magnitudes de los países con salarios mínimos interprofesionales de alcance medio alto. El SMI no se corresponde con incrementos de productividad, y tampoco refleja la capacidad negociadora de sindicatos y organizaciones empresariales, sino que define el mínimo salarial que se considera imprescindible para considerar que un trabajo es digno. Por debajo de esa cifra, no se debería trabajar.

El incremento de 2023 y 2024 supone, además, la voluntad de contrarrestar los efectos de ina inflación que ha castigado notablemente a los salarios, particularmente a los más bajos, permitiendo de esta manera que se mejore su poder adquisitivo. Los detractores de esta medida alertan de que subidas del SMI demasiado bruscas podrían suponer una merma en la capacidad de conseguir un empleo en los sectores más vulnerables. Desde que se inició la senda de incrementos del SMI, se han publicado numerosos artículos que, la mayoría de ellos basándose en simulaciones, han ofrecido resultados sobre el impacto del SMI en el empleo: desde el Banco de España, que ha ido dando diferentes cifras a lo largo del tiempo, hasta la AIReF. La evidencia internacional no es concluyente y hay estudios que, en función de los enfoques y metodologías, ofrecen resultados diferentes e incluso contradictorios. Las cifras que se barajan se sitúan entre los efectos entre los 19.000 empleos que estimó la AIReF en 2021 a los inicialmente estimados -y luego corregidos- 140.000 puestos que calculó el Banco de España. Desde que se hicieron esos estudios, el empleo ha crecido en varios cientos de miles de puestos de trabajo, pero el dato no se puede comparar en frío, sino que la evaluación de la política obliga a calcular la tendencia real con un supuesto “contrafactual” que hay que elaborar teóricamente -es decir, imaginando que hubiera ocurrido sin la subida del SMI. Estos contrafactuales están construidos, en gran medida, sobre simulaciones, por lo que su precisión y robustez, de nuevo, depende de las metodologías utilizadas. En cualquier caso, este crecimiento continuado -un 54% desde 2018- hace difícil establecer una evaluación cuantitativa lo suficientemente robusta.

La medida del crecimiento del SMI afecta, inicialmente a más de dos millones y medio de trabajadores reciben este salario, lo que subraya su relevancia para garantizar una compensación justa en España. En términos de género, este aumento tiene un impacto significativamente mayor en las mujeres, que representan más del 65% de la población con menores salarios. A medio plazo, la subida del SMI también afecta a los salarios de los convenios, pues aquellos más bajos han tenido que actualizar sus cifras para no quedar por debajo del SMI. Ese efecto debería ser también contemplado, por sus efectos en algunos sectores donde los salarios promedio son muy bajos, como es el caso del sector de la limpieza.

Con todo, debemos recordar una cosa: el SMI puede servir para mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores, pero, por sí mismo, es insuficiente para prevenir que los trabajadores más vulnerables se encuentren en una situación por debajo del umbral de la pobreza. Aunque España ha reducido ligeramente esta tasa, pasando del 13% en 2018 al 11,8% en 2022, sigue siendo una de las más altas en la Unión Europea. Si una subida del 54% del SMI es compatible con una caída de únicamente1,2 puntos en la tasa de pobreza laboral, es que el instrumento no es suficiente para paliar una situación que apunta no sólo al salario, sino también a la intensidad laboral, la precariedad en forma de temporalidad -contractual o no- y la parcialidad. Según Eurostat, la intensidad laboral es uno de los elementos explicativos de las tasas de pobreza. Así, en 2021, los hogares con muy baja intensidad laboral -es decir, aquellos hogares donde los miembros en edad de trabajar habían trabajado un 20% o menos de su tiempo disponible- se situaban en una tasa de pobreza por encima del 70%, mientras que los hogares con una alta intensidad laboral tenían una tasa de pobreza por debajo del 10%. En 2021, el porcentaje de personas que vivían en hogares con baja intensidad laboral oscilaba entre el 4,3% de Aragón y el 13% de las Islas Canarias. En el conjunto del Estado, la tasa se sitúa en un 8,7%, por encima de la media de la Unión Europea, aunque con una clara tendencia decreciente: en 2018 se situaba en el 10,8%.

A estos colectivos, que trabajan poco o muy poco, que en muchas ocasiones lo hacen en tiempo parcial o con una temporalidad que combinan con períodos de cobrar el subsidio de desempleo, la subida del SMI les ayuda sólo parcialmente. Es necesario complementar las positivas subidas del SMI con otras políticas que permitan mejorar el acceso a una renta que saque a los hogares de la pobreza. De lo contrario, el SMI se convertirá en una política que perderá toda su eficacia en los contextos de alta fragilidad laboral.